Veda y propaganda: la campaña por la revocación de mandato abre un nuevo capítulo de fricciones con el INE
El presidente solicita al Poder Judicial que aclare el alcance de las restricciones mientras el instituto electoral recuerda que la promoción de la consulta es su “labor exclusiva”
La consulta popular sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador no tiene vuelta atrás, se celebrará el 10 de abril y ya “es un hecho”, repiten tanto el presidente como el Instituto Nacional Electoral. El organismo finalmente tendrá que organizar la votación con un elevado déficit de presupuesto, unos 2.300 millones de pesos menos que los previstos, pero las tensiones derivadas de ese pulso con el Gobierno y el ...
La consulta popular sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador no tiene vuelta atrás, se celebrará el 10 de abril y ya “es un hecho”, repiten tanto el presidente como el Instituto Nacional Electoral. El organismo finalmente tendrá que organizar la votación con un elevado déficit de presupuesto, unos 2.300 millones de pesos menos que los previstos, pero las tensiones derivadas de ese pulso con el Gobierno y el partido oficialista Morena por incrementar sus recursos se trasladan ahora a otro terreno. El pasado viernes la autoridad electoral formalizó la convocatoria del proceso, que este lunes se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, ha comenzado oficialmente la campaña de esta cita sin precedentes, clave en el sexenio de López Obrador y apuesta personal de del mandatario, pero también se han abierto la veda y las restricciones.
Ni el presidente ni ninguna dependencia del Ejecutivo pueden difundir propaganda gubernamental y al mismo tiempo el INE advierte de que la promoción de la consulta es su “labor exclusiva”. Esta circunstancia choca con la rutina del jefe de Estado, que comparece a diario en conferencia de prensa para hablar de su trabajo, y por ello su equipo jurídico prepara un recurso para que “el Poder Judicial nos aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer”. “Vamos a procurar ser muy claros. Por ejemplo, lo de la entrega de los recursos de los programas, ya se decidió entregar por adelantado, pero hay otras cosas: obras, las giras”, ha señalado López Obrador. Entre otras cuestiones, le gustaría definir cómo comportarse ante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prevista para el 21 de marzo. “Entonces puede ser que se inaugure sin que yo hable o que no se transmita nada. Pero todo eso nos lo podrían explicar”, ha mantenido.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó los términos de esas limitaciones, que son habituales en las campañas electorales pero que en este caso resultan especialmente significativas al tratarse de una votación en torno a la figura del presidente. “Desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno y solo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud y protección civil”, resaltó el responsable de la autoridad electoral, que en los últimos meses ha protagonizado varios encontronazos con López Obrador.
Los choques se intensificaron hace aproximadamente un año, mientras el INE alistaba las elecciones intermedias del 6 de junio. Algunas decisiones sobre candidatos de Morena como Félix Salgado Macedonio o la regla para el reparto de la cuota proporcional de diputados no gustaron al presidente, que llegó a acusar abiertamente a Córdova de actuar de forma parcial. Después el organismo electoral fue blanco de los señalamientos del Gobierno por la organización del referéndum del pasado 1 de agosto que abría la puerta a enjuiciar a los antiguos dirigentes del país. El fracaso de la convocatoria, que apenas superó el 7% de la participación, se convirtió en un pretexto para lanzar nuevos ataques. Y finalmente vino una nueva disputa a cuenta de los recursos disponibles para afrontar la cita del 10 de abril, las amenazas de denuncia de legisladores de Morena y la decisión de la Suprema Corte de blindar a los consejeros del Instituto Electoral ante posibles acciones penales.
Ahora se abre un nuevo capítulo que guarda relación con el reglamento de la consulta. “Recuerdo el llamado a respetar las reglas”, advirtió Córdova, mientras el organismo que dirige ha hecho de nuevo hincapié en las restricciones a través de un comunicado. Además de las prohibiciones dictadas al Gobierno y a sus dependencias, recuerda que la normativa “establece también que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato”. Además, si bien la ley federal que regula el referéndum recoge que “los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional dicha determinación al considerar que esa es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral”.
A esas restricciones se añade una variable que ya está marcando buena parte del debate sobre la organización de la votación y que, nuevamente, tiene que ver con los recursos. Pese a que la ley también fija que se deberán instalar 161.000 casillas, el déficit de presupuesto limitará de forma drástica esa cantidad. El cálculo que manejan en estos momentos en la institución ronda las 57.000, esto es, un 35% de las contempladas antes de los recortes. Lo que Córdova, en cualquier caso, garantiza es que todos los ciudadanos habilitados para votar tendrán “a su alcance una casilla”. Mientras tanto, la carrera ya ha empezado y todos los focos, una vez más, están puestos en el desempeño de la autoridad electoral.
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