El INE advierte de que la falta de recursos “pone en riesgo” la organización de la revocación de mandato

El último pulso entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador va camino de convertirse en un choque abierto. La autoridad electoral, que lleva semanas batallando por un incremento de los recursos públicos asignados al referéndum revocatorio, afrontará el proceso con un déficit de más de 2.500 millones de pesos. Según advirtió el viernes por la noche su titular, Lorenzo Córdova, el recorte de presupuesto “pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana”. Mientras tanto, los promotores de ...

El último pulso entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador va camino de convertirse en un choque abierto. La autoridad electoral, que lleva semanas batallando por un incremento de los recursos públicos asignados al referéndum revocatorio, afrontará el proceso con un déficit de más de 2.500 millones de pesos. Según advirtió el viernes por la noche su titular, Lorenzo Córdova, el recorte de presupuesto “pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana”. Mientras tanto, los promotores de la consulta, una apuesta del presidente para reivindicarse nuevamente en las urnas el próximo mes de abril, trabajan contrarreloj para recolectar antes del día de Navidad los 2,7 millones de avales necesarios para validar la convocatoria. La plataforma Que siga la democracia ha entregado, por el momento, más de un millón de firmas.

López Obrador concluyó hace diez días el discurso de mitad de sexenio con un llamamiento al voto. “Vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación. Sabremos si vamos bien o no. Con la consulta para la revocación del mandato, se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o que renuncie”, proclamó. Se trata, según su visión, de una cita crucial porque, enfatizó, “establecerá el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita”. No existen precedentes en México y la única referencia para una votación de estas características es el referéndum del pasado 1 de agosto, con el que el presidente quería abrir la puerta a enjuiciar a los exgobernantes y que se saldó con una participación de apenas el 7%.

Esos datos multiplicaron las acusaciones contra el INE, vertidas desde sectores oficialistas después de meses de tensiones con el Ejecutivo y especialmente con el mandatario. Ahora el Gobierno, el partido que lo sostiene y las organizaciones de simpatizantes se han volcado con esta consulta. Sin embargo, la Cámara de Diputados, dominada por Morena, aplicó un ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 y negó al organismo electoral la concesión de casi 5.000 millones de pesos. El instituto presentó esta semana una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciando agravio comparativo con otras instituciones, para que el máximo tribunal constitucional del país determine “si debe avanzar hacia un proceso de revocación de mandato sin los recursos requeridos para ello -aunque eso implique una violación a la ley federal en la materia-, o si se ordena a las instancias competentes, proveer los recursos requeridos para un proceso de las dimensiones y garantías estipuladas en la Constitución y la ley”.

Córdova manifestó durante la reunión del Consejo General del organismo que “no es el INE el que bloquea, obstaculiza o pone en riesgo un eventual proceso de revocación de mandato” y lamentó que se deba afrontar el proceso con poco más de 1.500 millones. Según los cálculos del consejero presidente esos recursos resultan “clara y abiertamente insuficientes para llevar a cabo este proceso”. La votación requiere la instalación de 160.000 casillas, el mismo número que en unas elecciones federales como las del pasado 6 de junio. En esa ocasión la autoridad electoral contó con casi 20.000 millones.

En definitiva, el INE considera que de momento, y pese a la gran trascendencia de la consulta, el presupuesto dificulta la realización de la convocatoria. A esa incógnita se añaden otros desafíos. En primer lugar, la recolección de firmas, que se ha acelerado a un ritmo de vértigo en los últimos días. Los promotores han superado el 30% de los apoyos y tienen dos semanas para lograr 1,7 millones más. Una vez reúnan todos los avales y el Congreso autorice formalmente la celebración del revocatorio, comenzará una campaña en la que, en la práctica, participará solo Morena. La coalición opositora, pese a haber votado la ley en el Senado, ha optado por no acudir al considerar que la votación favorece a López Obrador. El PAN, el PRI y el PRD llegaron a presentar incluso una acción de inconstitucionalidad para invalidar el proceso. Pero la batalla en torno al referéndum ha pasado por ahora a otro terreno de juego, de la política al rubro de los presupuestos.

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