La hermandad de los prófugos

En julio de 2008, nueve mexicanos del cartel de Sinaloa fueron capturados en Ingeniero Maschwitz, en las afueras de Buenos Aires. Elaboraban metanfetamina cristalizada. Los descubrieron porque explotó el taller.

Pocos días después, los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, dueños de droguerías, fueron asesinados en Quilmes, otra localidad cercana a Buenos Aires. Estaban conectados con los mexicanos. Se los vio por última vez el 7 de agosto en un hipermercado Walmart, almorzando con un exagente de los servicios de Inteligencia. Sus cadáveres aparecieron seis días más tarde, en General Rodríguez, a 75 kilómetros de Quilmes.

Forza, Ferrón y Bina comerciaban con efedrina, un precursor químico indispensable para fabricar metanfetaminas. Exportaban hacia México, donde esa sustancia está prohibida. Su muerte fue atribuida al envío de un cargamento adulterado. El nexo entre ellos y el cartel de Sinaloa, que adquiría la efedrina, sería Esteban Pérez Corradi, un exempleado del Banco Nación. A Pérez Corradi se lo acusa de encargar el asesinato de Forza, Ferrón y Bina. Está prófugo. Las autoridades sospechan que se mueve entre Brasil y Paraguay, vinculado al negocio de las drogas.

Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillacci fueron condenados por liquidar a los tres empresarios, por presunto encargo de Pérez Corradi. En la causa judicial, afirmaron que recibían protección de un funcionario conocido como La Morsa, por sus grandes bigotes. En la última campaña electoral, desde la cárcel, Martín Lanatta declaró que La Morsa es Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y principal caudillo de Quilmes, donde se produjo el triple crimen. En ese momento, Fernández enfrentaba en las primarias del kirchnerismo, como candidato a gobernador, al presidente de la Cámara de Diputados. Fernández ganó y, días después, un abogado se presentó en su nombre en el presidio para negociar con los Lanatta y Schillacci una desmentida. Los reos filmaron y difundieron fragmentos de la conversación, en la que aparecen detalles elocuentes de su vinculación con Fernández.

El jefe de Gabinete kirchnerista perdió las elecciones frente a María Eugenia Vidal, del partido de Mauricio Macri. Vidal asumió la gobernación el 10 de diciembre pasado. Seis días después, los Lanatta y Schillacci huyeron, sin ejercer violencia, del penal donde estaban alojados. Las fuerzas de seguridad los buscaron durante 15 días. Cayeron casi por casualidad. Una exhibición incomparable de corrupción e incompetencia del aparato policial de Argentina.

Los familiares de los condenados dicen que escaparon para evitar que Fernández los mandara a matar. Las autoridades creen que lo hicieron para matar a Fernández. Ambas tesis pueden ser ciertas. O ambas falsas.

La causa por el crimen de Forza, Ferrón y Bina tiene dos derivaciones. En un expediente por el tráfico de efedrina, Martín Lanatta confesó ante la jueza María Servini de Cubría haber entregado tres millones de dólares al entonces ministro Fernández, en el Departamento de Policía. Era, según él, el botín del tráfico hacia México. En esa pesquisa aparecen involucrados los hermanos Zacarías, que trabajan en el entorno íntimo de los Kirchner desde hace dos décadas.

Según otra investigación, del juez Ariel Lijo, para las elecciones de 2007 Cristina Kirchner fue financiada por droguerías ligadas al tráfico de efedrina. El segundo aportante en importancia fue Forza, uno de los tres asesinados en Quilmes. El recaudador era Héctor Capaccioli, el superintendente de Salud, encargado del control oficial de las droguerías.

En julio de 2008 una examante de El Chapo, María Alejandra López Madrid, había tratado de pasar 20 kilogramos de efedrina por el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. En septiembre de ese año, las autoridades mexicanas informaron al embajador argentino Jorge Yoma sobre la penetración del cartel de Sinaloa en la Argentina. Yoma lo comunicó a su gobierno. Pero no despertó interés alguno. El responsable de la seguridad era Aníbal Fernández.

En Argentina, el Estado no lucha contra una mafia. En buena medida, ha sido sustituido por una mafia. Nada que sorprenda. En México se discute si la solución para que El Chapo no vuelva a escaparse no sería extraditarlo a los Estados Unidos.