La sombra de Bush será alargada

Cada año a finales de junio llegan noticias importantes de Washington, y más en concreto, del Tribunal Supremo norteamericano. Son los días de final de curso judicial, en los que suelen conocerse las decisiones más difíciles, con frecuencia aparcadas hasta el final de la temporada. Este año se han producido dos decisiones de las que merecen la calificación de históricas. La primera: el Supremo ha sentenciado en contra de la discriminación positiva, el mecanismo legal que ha permitido desde mediados de los años 50 compensar las situaciones de discriminación racial, en un giro jurisprudencial qu...

Cada año a finales de junio llegan noticias importantes de Washington, y más en concreto, del Tribunal Supremo norteamericano. Son los días de final de curso judicial, en los que suelen conocerse las decisiones más difíciles, con frecuencia aparcadas hasta el final de la temporada. Este año se han producido dos decisiones de las que merecen la calificación de históricas. La primera: el Supremo ha sentenciado en contra de la discriminación positiva, el mecanismo legal que ha permitido desde mediados de los años 50 compensar las situaciones de discriminación racial, en un giro jurisprudencial que da fin a toda una época. Dar un plus, una cuota en la composición de los organismos, en la admisión de alumnos matriculados, en las notas de los exámenes, a las minorías raciales o sexuales ha sido reconocido por legislaciones y tribunales de todo el mundo. Se trataba de una forma de obtener la igualdad, que ahora, después de la sentencia, se irá recortando en nombre de la igualdad. Estamos probablemente ante una regresión, es decir, un regreso al punto de partida, con la ventaja de que las minorías concernidas en su momento han avanzado muchísimo en sus derechos, aunque no está claro que el mecanismo no pueda ser útil para que otras minorías accedan a la igualdad. La segunda y de signo contrario: por primera vez en la presidencia de Bush el Supremo ha admitido a debate, para el próximo curso judicial, el reconocimiento del habeas corpus, es decir, los derechos del detenido, por parte de los presos de Guantánamo.

La decisión contra la discriminación positiva no es producto de un pensamiento jurídico liberal, en el sentido europeo, es decir, de juristas partidarios de los derechos individuales hasta el límite. Es fruto del avance imparable de los jueces conservadores y de la agenda neocon, que propugna la ampliación de los poderes del presidente; acelerar las ejecuciones sumarias; favorecer la introducción de la religión en la vida pública; prohibir el aborto; y naturalmente, acabar con la discriminación positiva para favorecer a los afroamericanos. Este ha sido el primer curso judicial entero en el que ha actuado la nueva mayoría conservadora, resultado de los nombramientos hechos por George W. Bush. La llegada de Samuel Alito y John Roberts, dos juristas muy jóvenes, en la cincuentena, designados por Bush, ha desequilibrado el Supremo y lo ha convertido en un tribunal conservador, en el que el juez Anthony Kennedy, conservador a su vez nombrado por Reagan, se ha convertido en el poseedor del voto decisivo que ha decantado la gran mayoría de las sentencias hacia la derecha.

Kennedy tiene la ventaja de que a pesar de todo proviene de una buena tradición jurídica, por lo que respeta la idea de habeas corpus y del equilibrio de poderes. De ahí que el Supremo haya tomado una decisión sobre Guantánamo desfavorable a Bush. La Casa Blanca considera que los combatientes extranjeros enemigos que tiene internados en Cuba no tienen derecho alguno a recurrir ante los tribunales norteamericanos, y esto es lo que el Supremo ha empezado a poner en duda al admitir la discusión para el próximo curso judicial. Pero la nueva mayoría conservadora que tiene ahora el Supremo puede durar muchos años, dada la juventud de los que han decantado la corte hacia la derecha. De ahí la importancia de las próximas elecciones presidenciales, pues lo normal es que se produzcan nuevas bajas, debido al fallecimiento o a la dimisión por edad de alguno de los jueces más ancianos. Si quien nombra a sus sustitutos es un presidente demócrata, es probable que el Supremo mantenga la actual distribución de fuerzas, muy decantada ya hacia la derecha. Pero si quien los nombra es un republicano, lo que cabe esperar es una mayor radicalización, que puede conducir a sentencias muy duras, sobre todo en relación al tema tradicionalmente más sensible como es el del aborto.

Se da así la paradoja de que el peor momento de la derecha norteamericana en muchos años, cercada por los tribunales en la Casa Blanca, sin mayorías ni en el Congreso ni en el Senado, aislada y desprestigiada incluso en sus relaciones internacionales, coincide con un avance sustancial en la institución que deja una huella más profunda y más influye en la modelación de la sociedad norteamericana. Que los tribunales tengan un papel tan central no es una rareza. Se dice, y creo que con razón, que la institución europea más importante es el Tribunal de Luxemburgo, la corte europea que resuelve los pleitos de la Unión Europea (no confundir con el tribunal de derechos humanos del Consejo de Europa, en Estrasburgo), pues son sus decisiones las que han construido de verdad el mercado único y han dado autoridad a sus organismo e instituciones. No hay duda que el Supremo norteamericano, cuyos jueces son vitalicios y con capacidad de emanciparse rápidamente de quien les ha nombrado, ha venido dejando una huella de fondo sobre la sociedad. La mayor impronta de los dos mandatos de Bush será precisamente este nuevo rumbo que acaba de iniciar el pasado curso la corte suprema, pues se percibirá durante varias presidencias más.

Las críticas de los políticos, de la prensa y de muchos juristas a las recientes decisiones han sido durísimas. “Ha sido un día triste para el Tribunal y para el ideal de la igualdad racial”, decía el editorial del Times de Nueva York. “La acción del tribunal, en un momento en el que las escuelas nacionales están segregando de nuevo, amenaza los esfuerzos voluntariosos de alcanzar unas escuelas públicas integradas”, asegura el Post de Washington. Jeffrey Toobin en The New Yorker critica directamente la actitud de los jueces: “Lo que importa no es la calidad de los argumentos sino la identidad de los jueces”. Todo esto me lleva a pensar en el Tribunal Constitucional español, en juventud y su escasa fortuna histórica, comparado con la corte suprema de Estados Unidos, y pienso que quizás tiene ante sí, justo ahora, cuando deberá revisar el recurso contra el Estatuto catalán, un momento crucial en el que los magistrados tendrán la oportunidad de demostrar su independencia, algo que sólo sucederá si saben proporcionar argumentos de calidad, sin prejuicios ideológicos ni políticos, que fundamenten sus votos de forma razonable, y si demuestran además que saben huir del doctrinarismo y son capaces de interpretar la compleja realidad española y catalana. No sé si es pedir demasiado.