La puesta a punto de las carreteras, al ralentí

El presupuesto destinado a la conservación y mantenimiento de carreteras en 2022 asciende a 1.371 millones de euros, un 11% más que en 2021 y su máximo histórico. Esto supone duplicar prácticamente una partida que no veía una cifra semejante desde 2009, cuando alcanzó los 1.330 millones, y que todavía era de 760 millones en 2018. La crisis financiera ha dejado profunda huella en una red de carreteras y autovías de 26.466 kilómetros, 12.000 de ellos de alta capacidad, y cuya puesta a punto no admite ya más demoras.

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El presupuesto destinado a la conservación y mantenimiento de carreteras en 2022 asciende a 1.371 millones de euros, un 11% más que en 2021 y su máximo histórico. Esto supone duplicar prácticamente una partida que no veía una cifra semejante desde 2009, cuando alcanzó los 1.330 millones, y que todavía era de 760 millones en 2018. La crisis financiera ha dejado profunda huella en una red de carreteras y autovías de 26.466 kilómetros, 12.000 de ellos de alta capacidad, y cuya puesta a punto no admite ya más demoras.

Según el informe sectorial promovido por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, (Acex), Conservación de carreteras en España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, España está a la cola en cuanto a la inversión. En 2017 destinó 22.489 euros por kilómetros equivalentes, mientras que Italia, el siguiente en menor inversión, dedicó casi el doble, 41.537 euros por kilómetros equivalentes.

A pesar del incremento contemplado en los presupuestos, el nivel es “insuficiente para atender la cuarta red global más extensa del mundo en vías de alta capacidad y la primera de Europa”, sostiene Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que remite a los informes periódicos de la Asociación Española de la Carretera, (AEC), para cuantificar en 7.500 millones el déficit de conservación de la red viaria. Desde Acex estiman que las necesidades actuales requieren 1.500 millones de inversión solo en la red dependiente de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, (Mitma), más otros 1.580 millones para los 1.000 kilómetros de autovías que han pasado a depender del erario público tras el fin de las concesiones de peaje, y 200 millones para financiación, rehabilitación y acondicionamiento inicial de autovías de primera generación.

Su presidente, Pablo Sáez, celebra el incremento del presupuesto para la conservación de carreteras, pero señala que “sigue sin ser suficiente” y advierte que tenemos una red madura que soporta tráficos superiores “a los que se contemplaron en su día para planificarlas” y es fundamental “concentrarse en mantener y conservar lo ya construido”. Pone el ejemplo de Alemania, que en 1992 destinaba a la conservación el 46% de la inversión total en carreteras y en 2016 dedicaba el 70%, “mientras en España hablamos del entorno del 50%”.

Necesidades del transporte

“De todas las infraestructuras, la más social, la más utilizada y accesible es la carretera”, continúa el presidente de Acex. El 95% del transporte de mercancías y el 91% del transporte de personas se realizan por este medio, por eso su conservación debe ser “una prioridad” de la cartera dirigida por Raquel Sánchez. Si no, “se daña la competitividad del país”.

El mismo argumento sostienen en Globalvia. Desde la compañía de infraestructuras consideran que una falta de planificación e inversión representa una pérdida de oportunidades que generará a muy corto plazo un gran déficit de competitividad. Por eso defienden alternativas como participaciones público-privadas. “En Globalvia gestionamos 27 contratos en este régimen en seis países, de manera exitosa para todas las partes”, aseguran. “El déficit existente actual de recursos públicos consignados no se podrá financiar por la vía presupuestaria”, señala Núñez, “de ahí la relevancia de las reformas C1.R2 recogidas en el Plan de Recuperación español, que proporcionarán recursos extrapresupuestarios adicionales mediante el pago por el uso en las vías estatales de alta capacidad y que deberá estar operativo a partir del 1 de enero de 2024″.

El presidente de Seopan se refiere a la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte que prevé, en línea con los compromisos europeos, la articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales, negociado con los actores implicados, para avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo los principios del cobro al “usuario pagador” y también de “quien contamina paga”.

El Gobierno, de forma temporal, parte de una fórmula empleada en otros países de la Unión Europea conocida como viñeta, una pegatina que permite la libre circulación por carreteras tarificadas. Pablo Sáez llama la atención sobre la reciente modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que contempla la explotación de las áreas de servicio de las autovías en los contratos de conservación para financiar su mantenimiento.

En cualquier caso, considera que las nuevas formas de ingreso habrán de tener “carácter finalista para el sector de la carretera, procediéndose a una reconsideración de la carga impositiva que sufre”, y deberá contemplar las vías autonómicas y provinciales. “De no ser así, se estará transfiriendo al resto de administraciones una significativa carga de tráfico, fundamentalmente de vehículos pesados, que agravaría su ya complicada situación para la conservación”. Según la estimación de Acex, las autonomías tienen un déficit de inversión de 1.500 millones de euros, y las diputaciones, de 600 millones.

Desde FCC Construcción defienden también la necesidad de conservar lo creado: “Manteniendo la red operativa en la actualidad y vertebrando el transporte del país”. Para ello, “consideramos que se va a conseguir una movilidad sostenible con una digitalización de las infraestructuras viarias, un hecho al cual no podemos renunciar”. La obtención de datos a través de su uso, afirman desde la compañía, “va a conseguir que seamos capaces de diseñar una movilidad sostenible y que mejore la calidad de vida del ciudadano”, y para contribuir a ello optarán a las licitaciones del conjunto de administraciones públicas.