La duquesa del Infantado se queda un enorme parque infantil de Manzanares el Real tras casi 50 años de uso público: “Parece la Edad Media”

Daniela y Vega, dos niñas de siete años con acento argentino, se suben a los barrotes para ver más de cerca los toboganes desbaratados por el suelo. El castillo más importante de Manzanares el Real para las hermanas no es el que se levanta a sus espaldas, el llamado castillo de los Mendoza, una fortaleza medieval del siglo XV, sino uno de plástico con toboganes a...

Daniela y Vega, dos niñas de siete años con acento argentino, se suben a los barrotes para ver más de cerca los toboganes desbaratados por el suelo. El castillo más importante de Manzanares el Real para las hermanas no es el que se levanta a sus espaldas, el llamado castillo de los Mendoza, una fortaleza medieval del siglo XV, sino uno de plástico con toboganes amarillos, el del parque Duque del Infantado que, desde el martes por la mañana, ha quedado derribado tras prosperar la demanda de desahucio que la duquesa Almudena de Arteaga, de 57 años, interpuso contra el Consistorio en 2021. El parque dejará de ser público y volverá a manos de la aristocracia.

Ante el revuelo provocado, Arteaga ha rechazado, a través de su abogado, hacer declaraciones a EL PAÍS. Imitando a las pequeñas, decenas de niños y niñas se han amontonado sobre la puerta principal la tarde de este martes, subiéndose al vallado al grito de “¡quiero jugar!”. Sus padres y madres, reunidos en una quedada vecinal espontánea convocada tras unos rumores que comenzaron el fin de semana, trataban de organizarse para un último intento a la desesperada cuando la maquinaria ya ha comenzado a desmontar esta zona de recreo infantil de 2.937 metros cuadrados. Todos coinciden en que ni el alcalde, Jose Luis Labrador, del PSOE, ni ningún otro partido político previo, ha sido transparente en el proceso judicial, algo que les deja ya sin apenas capacidad de reacción. Se quedan sin parque y sin pulmón verde.

Ernesto Castro, de 42 años, tenía que cumplir el lunes con sus labores de mantenimiento en una piscina privada. Sin embargo, su misión principal ese día era otra bien distinta. A las diez de la mañana, Castro empezó a recorrer las calles del pueblo para pegar carteles y que todo el mundo se enterara de lo que iba a suceder con el parque Duque del Infantado, ubicado en el centro del municipio, de 9.000 habitantes. A cada paso, la misma pregunta se repetía:

—¿Una duquesa nos va a cerrar el parque?

Labrador, alcalde de Manzanares desde junio de 2019, confirmaba a este periódico por teléfono que la demanda de Almudena de Arteaga “había fructificado hace unos meses” y que el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo les ha trasladado que el día 16 es la fecha límite para que se marchen de allí. El espacio es un lugar de recreo infantil que Íñigo de Arteaga y Falguera, capitán general de la II Región Militar, cedió gratis al Ayuntamiento en 1975 poco después de la muerte de Franco como un gesto de acercamiento y concordia con el pueblo.

“Animado por los mejores deseos de colaborar con esta Corporación, me hallo dispuesto a autorizar la utilización de la finca”, declaró, tal y como aparece en la denuncia de su nieta Almudena, XX duquesa del Infantado, casi 50 años después. La duquesa mantiene paralelamente otro litigio contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares para recuperar el Castillo de los Mendoza el 5 de enero de 2025, fecha en la que vence el contrato de arrendamiento para su uso y gestión pública.

El parque ha sido en este medio siglo un pulmón para el pueblo. Se trata de un espacio con árboles como castaños de indias, cedros del himalaya, pinos piñoneros y ciruelos japoneses, además de merenderos y de una fuente para refrescar el lugar. “El valor natural es incalculable, las cigüeñas anidan ahí. Urbanísticamente es o debería ser un delito que lo derribaran. Parece como si volviéramos a los tiempos de la Edad Media, teniendo que plegarnos a los caprichos de la aristocracia. No lo queremos para nosotros, es para nuestros hijos, este es su lugar de referencia”, dice la vecina María Díaz, de 40 años.

A la par que se inició el proceso judicial impulsado por Arteaga, el Ayuntamiento abrió otra vía jurídica en la que solicitaba la “expropiación forzosa” ―privación de la propiedad o de derechos legítimos que se puedan tener sobre un patrimonio, sin importar a quién pertenezcan, ya sea particulares, entidades o administraciones, por utilidad pública o interés social― ante el Tribunal de Expropiaciones, que se aprobó en un pleno ordinario el 1 de febrero de 2023.

El tribunal, de forma provisional, resolvió fijar primero el valor de la finca en 1.200.000 euros. La duquesa, experta en derecho nobiliario y escritora de novela histórica, había tasado la parcela en 2.237.275,05 euros. Y el Consistorio, a través de la tasadora Uve Valoraciones y informes técnicos municipales como el de la arquitecta Silvia Jarque Sánchez, lo valoró en 155.513,73 euros al considerarlo “zona verde pública”. Según Labrador, a pesar del justiprecio impuesto por el tribunal, ellos “no podían llegar a un acuerdo para pagar más de esos 155.000 euros porque sería ilegal. Supondría un delito de prevaricación. La única vía que nos quedaba era la de la expropiación forzosa”. Al mismo tiempo, Arteaga no se conformó con ese precio e interpuso un recurso.

“El tribunal concluyó que no cabía la expropiación forzosa y que debíamos iniciar de nuevo el procedimiento por vía de expropiación ordinaria. Todo se dilató. Había que volver a empezar el trámite que se había hecho durante dos años, mientras que el proceso de desahucio seguía adelante, hasta que se resolvió hace unos meses. Este giro del tribunal ha ido en nuestra contra”, lamenta el regidor.

“No nos queda otra que sacar el parque infantil de ahí. Al final, no deja de ser una finca propiedad de una persona. Ya no hay un contrato de ocupación por parte del Ayuntamiento. Una vez nos obligan al desahucio, la vía de la expropiación carece de sentido porque no hay un interés público”, finaliza. En estos compases finales, se produjo, según Labrador, un último intento de acercamiento con la duquesa, hasta el punto de plantear un posible alquiler, que se valoró en 7.000 euros al mes.

“No podemos pagar lo que a ella le apetezca. Si no quiere negociar, tenemos que irnos”, se queja una vez más Labrador, que asegura que ya se ha decidido la nueva ubicación del parque, también en el centro del municipio, en la calle Colmenar, una finca que se conoce como el “antiguo vivero” y que el Ayuntamiento compró a una hermana de Almudena de Arteaga. El espacio, según muchos vecinos, es “un parking de tierra sin sombra alguna. Puro polvo”. La casa ducal es propietaria de un gran número de terrenos en todo el municipio y el Consistorio se ve obligado a negociar con los Arteaga cada vez que intenta adquirir alguno.

En el escrito de contestación presentado por el abogado de la duquesa tras la aprobación el acuerdo en el Ayuntamiento para iniciar un proceso de expropiación forzosa, se describe que, “desde el día 22 de enero de 2015, ha venido ocupando el Ayuntamiento de manera ilegítima, sin justo título que le habilite para ello, al no haberse autorizado por su titularidad el uso ni ocupación de la misma desde el día 21 de enero de 2015″. Es en esa fecha cuando venció la última prórroga de cesión.

Mientras el abuelo Íñigo Arteaga permaneciera en vida, el acuerdo era indefinido, mientras que su uso fuera estrictamente recreativo y su titularidad siguiera recayendo en la casa ducal del Infantado. En 1997, tras el fallecimiento de su padre, el hijo, también llamado Íñigo Arteaga, reclamó la propiedad sobre la que en ese momento tenía ya pleno derecho. Ese fue el primer amago de la familia de recuperar la finca. El terreno está calificado como zona verde pública, así lo reflejan las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Manzanares (1977), por lo que no sería posible la recalificación para hacerlo urbanizable, entre otras cosas porque comparte polígono rústico con el castillo de los Mendoza. Sin embargo, para Almudena Arteaga “el solar tiene carácter urbano consolidado y debe ser valorado conforme a la situación de suelo urbanizado al amparo del TRLS”.

Para Ernesto, es indignante “que en pleno siglo XXI venga una duquesa a reclamar un equipamiento público, además un espacio verde”. “Viene a cerrar un parque y nada más”, añade. Ese parque ha sido un punto de referencia para todos los manzanariegos a lo largo de cinco décadas. “Si tú piensas en un parque en Madrid dirías El Retiro, si piensas en uno en Manzanares dices el del Infantado. Esto es un pulmón para la localidad”, añade. En el comunicado que se ha leído a las familias, se destacaba que “la mayor pérdida de esta lamentable circunstancia es para los pequeños y pequeñas que ven con tristeza cómo su lugar de disfrute tiene ahora un candado que les impide entrar”.

El sentir general de los vecinos es que en todo el proceso, la transparencia por parte del alcalde y su equipo de Gobierno ha brillado por su ausencia. Durante la jornada del lunes, Labrador publicó un vídeo en sus redes sociales en el que anunciaba la noticia tras el revuelo levantado. “Es el parque más antiguo, con los árboles más mayores, nos parece un acontecimiento lo suficientemente importante como para que nos hubieran informado de otra manera”, señala Ernesto. En las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, el PSOE obtuvo tres concejales. Alcanzó un acuerdo de gobierno con la Candidatura de Unidad Vecinal (CUV), que tenía otros tres, y con Más Madrid, que logró un concejal.

El 13 de junio, Labrador anunció que se suspendía el acuerdo y que, a partir de ese momento, gobernaría en minoría. Un movimiento inesperado que deja a los tres concejales y al alcalde socialista solos frente a los 10 ediles de la oposición, donde están también el PP, con cinco, y VOX, con uno. Así, según Silvia Misiá, de 53 años, concejala del grupo Más Madrid, la situación “se ha complicado mucho para sacar adelante los proyectos en el municipio”.

“Nosotras seguimos con la mano tendida, creemos que tenemos un Ayuntamiento totalmente bloqueado en estos momentos. Sabíamos que se estaba intentando la vía de expropiación forzosa y que luego debía pasar a ordinaria. Pero lo que no sabíamos era que al final no iba a servir de nada, eso no se nos ha comunicado hasta hoy por redes sociales. Por supuesto, no hemos tenido acceso a la sentencia. El parque ha quedado perdido sin enterarnos”, comenta. De hecho, las diferencias políticas han hecho que la finca no haya podido ser consolidada como terreno verde, puesto que aún no se ha aprobado el plan de ordenación. Este era el principal argumento del Consistorio para fijar su valor en esos 155.000 euros.

La periodista y presentadora Mercedes Mila, vecina de Manzanares, publicó un mensaje el domingo por la tarde en redes sociales en contra del desahucio: “¿Tan difícil es para una familia como los Infantado ceder un cachito de tierra? Si su padre pudiera hablar desde su tumba, el litigio desaparecería como una estrella fugaz”.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter sobre Madrid, que se publica cada martes y viernes.