Abascal se prepara para ajustar cuentas con Casado el día después del 13-F
Vox pedirá entrar en el Gobierno si Mañueco pide sus votos para ser investido
Abascal acabó su acto electoral del sábado en Burgos al grito de “¡Viva Castilla La Vieja!”. No fue un lapsus. Castilla La Vieja era el nombre de una región que, hasta la restauración democrática, abarcaba seis de las nueve provincias castellanoleonesas (todas menos León, Zamora y Salamanca), además de La Rioja y Cantabria. Vox no pretende anexionar a Castilla y León las dos comunidades vecinas ni satisfacer la demanda leonesista de tener autonomía propia...
Abascal acabó su acto electoral del sábado en Burgos al grito de “¡Viva Castilla La Vieja!”. No fue un lapsus. Castilla La Vieja era el nombre de una región que, hasta la restauración democrática, abarcaba seis de las nueve provincias castellanoleonesas (todas menos León, Zamora y Salamanca), además de La Rioja y Cantabria. Vox no pretende anexionar a Castilla y León las dos comunidades vecinas ni satisfacer la demanda leonesista de tener autonomía propia o resucitar una Castilla La Vieja que nunca existió como ente administrativo. El líder de Vox, simplemente, no cree en el Estado de las Autonomías y, menos que en ninguna, en Castilla y León.
Buena parte de la campaña electoral de Abascal —acompañado siempre como telonero por su candidato a la Presidencia regional, el joven abogado burgalés Juan García-Gallardo— se ha basado en denunciar una doble marginación: la de Castilla y León como región, la “gran damnificada del Estado autonómico, castigada por su lealtad a España”; y la de ocho de sus provincias, cada una de ellas “el patito feo de Castilla y León”.
En una comunidad en la que el 35% de sus habitantes son partidarios de un Estado unitario, según el sondeo de 40dB. publicado el lunes por EL PAÍS, Abascal ha cargado sin contemplaciones contra el Estado de las Autonomías, al que ha calificado de “ensayo fallido, liberticida, antigualla y costosísimo”. Y ha denunciado que el centralismo madrileño ha sido sustituido por “17 centralismos, como el que hay ahora en Valladolid” (esta última frase no la dijo en Valladolid, sino en Burgos).
Vox carece de presencia municipal en Castilla y León (solo tiene 64 concejales de un total de casi 13.000) y se le dan mucho mejor las elecciones nacionales que las regionales: en las autonómicas de mayo de 2019 obtuvo el 5,4% de los votos y en las generales, apenas cinco meses después, el 16,8%. Por eso ha intentado convertir las elecciones castellanoleonesas en una primera vuelta de las legislativas nacionales.
Solo lo ha logrado en parte. Pese a la presencia continua de Abascal en la región, no ha conseguido las movilizaciones masivas de anteriores campañas: los asistentes a sus mítines se han contado por cientos, no por miles. Esta vez le ha faltado el combustible del independentismo catalán, presente en forma de juicio del procés, sentencia del Supremo o indultos a los presos en anteriores comicios. El órdago separatista ha desaparecido por completo del debate político.
En su lugar, Vox ha intentado enarbolar otra bandera: su oposición a la Agenda 2030. Pero, pese a sus denodados esfuerzos, Abascal no ha conseguido que el rechazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas despierte en sus seguidores la ola de hostilidad que antes levantaba la mera mención del nombre del expresidente catalán Carles Puigdemont.
En contra de Vox juega otro factor: al tratarse de una fuerza política nueva en la región, está obligada a señalar los fallos y deficiencias de un partido que lleva gobernando 35 años: el PP. Sin embargo, su oferta política consiste en que los populares sigan gobernando cuatro años más. Los dirigentes de Vox no ocultan que su mayor aspiración consiste en sustituir a Ciudadanos como socio de Gobierno de Mañueco.
Pese a todo, Vox es el único partido que tiene asegurado cantar victoria el domingo. Con un solo procurador en las Cortes anteriores, tiene al alcance de la mano multiplicar sus escaños por 10. No le hace falta llegar al 16,8% de votos que tuvo el 10-N; le basta con acercarse al 12,3% del 28 de abril de 2019. Todas las encuestas le dan una horquilla de entre ocho y 13 procuradores; la mayoría se inclina por 10. Su porcentaje de votos dependerá en gran medida del nivel de participación. Como los electores de Vox, más ideologizados, suelen acudir en masa a las urnas, su peso relativo será mayor si se quedan en casa los demás.
Abascal no ha revelado en toda la campaña qué precio pondrá por su apoyo a Mañueco. Solo ha dicho que no le regalará su investidura, como hizo con Díaz Ayuso en Madrid. El líder de Vox pasará la noche electoral en un hotel de Valladolid y ya ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes, cuando haya podido reposar los resultados. Será el momento de ajustar cuentas con el líder del PP, Pablo Casado, con quien tiene deudas pendientes desde que este descalificó con un ataque personal su moción de censura contra Sánchez en octubre de 2020.
Fuentes de Vox admiten que el precio que ponga Abascal por apoyar la investidura de Mañueco dependerá de su resultado en las urnas. No solo el de Vox, también el del PP. Si a Mañueco le basta con la abstención de Vox para ser investido, Abascal no votará en contra sumándose a la izquierda, porque sería suicida para él. Pero si Mañueco necesita el sí de Vox porque el PP no suma más escaños que la izquierda, Abascal pedirá entrar en el Gobierno.
Presiones de Hazte Oír
El líder de Vox quiere tener las manos libres para negociar el futuro de Castilla y León y por eso su candidato, Juan García-Gallardo, se ha negado a responder al cuestionario que Hazte Oír, el grupo que ha apoyado desde el principio al partido de Abascal, le ha remitido para marcarle la agenda. Esta negativa ha provocado una agresiva campaña de recogida de firmas y anuncios de prensa por parte del lobby integrista católico.
Las exigencias de Hazte Oír coinciden en parte con los 10 puntos a los que se limita el programa electoral de Vox para Castilla y León (que pide abolir el decreto regional de memoria histórica y renunciar al proyecto de ley LGTBI que elaboró el Gobierno de PP y Cs, aunque falta una mención expresa al veto parental), pero Abascal no quiere que nadie lo tutele ni desviarse de su objetivo estratégico: que Casado lo reconozca como socio indispensable para llegar a La Moncloa.