Un juez abre juicio oral contra un hermano del expresidente Ximo Puig por el cobro irregular de ayudas al valenciano

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra los dos empresarios encausados por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018. Uno de los empresarios encausados es Francis Puig, hermano del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023, el socialista Ximo Puig.

El magistrado considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.

En un auto notificado este martes a las partes, el instructor fija para los acusados, Francisco Javier Puig y Juan Enrique Adell, fianzas de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros, respectivamente.

De esas cantidades, tal y como recoge la resolución, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros.

El juez descartó expresamente el delito de fraude en las ayudas, porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida, unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.

Además, el magistrado señala como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia la Audiencia Provincial de Valencia.

El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo que relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana pide cuatro años de prisión para Francis Puig. La Fiscalía, por su parte, solicita cuatro años y 10 meses de prisión por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones.

El objeto de la querrella fue inicialmente las ayudas de la Generalitat al valenciano en medios de comunicación a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador. A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la denucia para incluir a Juan Enrique Adell Bover, al considerar que el grupo empresarial de la familia Adell Bover (con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único) contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.

El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia que ha decretado la apertura del jucio oral es Jorge Martínez Ribera, marido de la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que está instruyendo la causa de la dana. La magistrada ha imputada a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, del PP, y el que fuera el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos del PP, por los presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia en el procedimeinto que investiga la muerta de 229 personas en las inundaciones del pasado 29 de octubre.