Archivada por prescripción una denuncia por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, por falsedad documental contra el político socialista José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno central para la dana de Valencia, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida.

El magistrado razona en un auto que “el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes, tal y como recoge diversa jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo”, según recoge la nota emitida este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) .

En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal.

La inclusión en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia de ese diploma, que la Universitat de València no reconoce (solo empezó a impartir esa materia a partir de 1990), la falta de explicaciones sobre su existencia y la polémica generada le llevó a presentar su dimisión el pasado 31 de julio. Unos días después, el que fuera alcalde de L’Eliana durante 18 años, presidente del PSPV-PSOE y un político reconocido de larga trayectoria, fue ingresado en el hospital de Llíria unas horas por un intento de suicido.

Una vez judicializado el caso, cesan las diligencias por los mismos hechos que abrió en su momento la Fiscalía a raíz del informe de la Agencia Valenciana Antifraude, que desveló las supuestas irregularidades en el acceso a la función pública del excomisionado, según fuentes de fiscalía.

Ángel Batalla, de 68 años, negó cualquier irregularidad y presentó la documentación que acreditaba el cumplimiento de los requisitos que a principios de los años 80 no exigía un título universitario para acceder a su puesto, según argumentó.

En su auto, el instructor señala: “Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos”. De acuerdo con el auto judicial, “los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años”.

El magistrado cita jurisprudencia que sostiene esta conclusión, como un auto de 12 de noviembre de 2019 de la Audiencia de Valencia, que recuerda que el delito de falsedad documental “no es un delito permanente en los términos establecidos en el artículo 132 del Código Penal”, aunque después de su consumación instantánea produzca efectos a lo largo del tiempo, por lo que ha de distinguirse de “aquél que se consuma de forma prolongada en el tiempo hasta que se pone fin a la conducta atípica”.

“La decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida en reforma y/o en apelación”, añade el juzgado.

Caso abierto en la Diputación de Valencia

Sin embargo, el caso continúa en la diputación de Valencia que abrió un expediente administrativo a partir de la investigación de la Agencia Antifraude. Fuentes de la institución presidida por Vicent Mompó, del PP, han confirmado a este periódico que el citado expediente considera que el excomisionado ocupó puestos públicos desde 1987 que exigían un título universitario habiendo presentado como única documentación una copia de un diploma “sin cotejo o compulsa”, en alusión al citado diploma que se ha demostrado falso, una información adelantada por el diario El Mundo. En consecuencia, la institución prevé proceder disciplinariamente contra Ángel Batalla, que se jubiló como funcionario, tras su dimisión del pasado verano.