Madres solteras acusan a Educación de negarles la ampliación del permiso de maternidad en la Comunidad Valenciana

La Asociación Madres Solteras por Elección (AMSPE) ha formulado este martes una denuncia pública contra la la consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, que dirige José Antonio Rovira, del PP, por negar “a familias monoparentales la ampliación del permiso de maternidad reconocido por el Tribunal Constitucional”. La entidad acusa al departamento de impedi...

La Asociación Madres Solteras por Elección (AMSPE) ha formulado este martes una denuncia pública contra la la consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, que dirige José Antonio Rovira, del PP, por negar “a familias monoparentales la ampliación del permiso de maternidad reconocido por el Tribunal Constitucional”. La entidad acusa al departamento de impedir que varias funcionarias e interinas disfruten de la ampliación de 10 semanas por nacimiento en el seno de una familia monoparental. Este permiso está siendo otorgado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras el fallo de Constitucional que se dio a conocer el pasado el 6 de noviembre, por la que se declaraba la inconstitucionalidad de la norma que impedía la acumulación de permisos, según afirma en un comunicado la asociación con implantación nacional y más de 3.000 miembros.

Mónica Jorrín, delegada en la Comunidad Valenciana de la asociación integrada por unas 300 mujeres, explica a este periódico que han detectado al menos tres casos en la consejería de Educación y desconocen si en otros departamentos de la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, está sucediendo lo mismo. Sí tienen constancia de que en otra comunidades autónomas están concediendo la citada ampliación. Una portavoz de Educación ha señalado a este periódico que conocen la denuncia y están recabando todos los datos al respecto. Jorrín indica que Educación ha argumentado la negativa a la ampliación del permiso por escrito.

Para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda proceder a conceder el permiso necesita “un certificado de empresa que la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana se niega a emitir”, apunta el asociación. Según la información recibida, “la Dirección Territorial de Educación alega que la normativa vigente para el funcionariado no contempla la ampliación del permiso y que la sentencia del Tribunal Constitucional no es directamente aplicable hasta que se modifique el TREBEP (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)”.

Esta modificación, según los responsables, podría demorarse varios años, añade el comunicado. “La propia Conselleria de Educación ha informado a las afectadas que la única solución sería recurrir a la vía judicial, a través de un recurso de alzada que, según les han informado, será rechazado nuevamente, y posteriormente iniciar un recurso contencioso-administrativo que podría tardar años en resolverse con la saturación que padece la justicia en nuestro país”. “A tenor de los testimonios de varias madres funcionarias en la misma situación”, Educación rechaza aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional en su interpretación más amplia, alegando que esta sentencia no aplica a los trabajadores públicos, continúa el comunicado.

“A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional fallaba contra el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, existe una sentencia previa del Tribunal Supremo fallando a favor de la ampliación en el caso de funcionarios del estado y son muchas administraciones autonómicas las que ya están aplicando esta ampliación de permisos a las familias monoparentales”, añade.

Jorrín considera “inadmisible que desde la Generalitat Valenciana se esté obligando a las familias monoparentales a recurrir este permiso por la vía judicial, provocando así un empobrecimiento aún mayor de las familias monoparentales, y una sobrecarga adicional de la justicia y del gasto público que no hace sino empeorar el funcionamiento de nuestras instituciones. Esta situación es otro ejemplo de cómo la falta de una Ley de familias actualizada favorece la heterogeneidad y las desigualdades de derechos entre comunidades autónomas e impide a las familias monoparentales ejercer sus derechos en el ámbito laboral”.