El Consell dice que será firme en las sanciones a viviendas turísticas pese al exiguo cuerpo de inspectores

El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes el nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico dentro de la Comunidad Valenciana y con el que pretende fijar las medidas para “poner freno a un fenómeno que, de no actuar de inmediato, puede generar problemas que se agravan exponencialmente”, según ha indicado el propio Consell.

El Ejecutivo que preside Carlos Mazón y del que forma parte la autora del decreto, la consejera de Industria Nuria Montes, ha defendido tanto las viviendas turísticas como los laxos requisitos que incluye la norma que, entre otras cosas, deja en manos de los Ayuntamientos la posibilidad de limitar los alojamientos turísticos pero también de controlar, sancionar y recaudar el dinero procedente de las sanciones.

El Gobierno Valenciano, pese a que apunta a que la proliferación de este tipo de alojamientos ha sido “exponencial y descontrolado en determinados ámbitos”, considera que el problema de acceso a la vivienda nada tiene que ver con estas. “Los problemas de la vivienda no están en las turísticas, sino en las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha afirmado la consejera, quien ha argumentado que las turísticas suman apenas el 1,8% mientras que las viviendas vacías concentran el 14% del parque total.

En cualquier caso, Montes ha asegurado que el Consell va a ser “especialmente exigente en las multas y en las sanciones de todo aquello que suponga economía sumergida, de todo aquello que se comercialice sin ningún tipo de autorización”. Mano dura que, sin embargo, tendrá que ejecutar con un cuerpo de inspectores integrado por únicamente 11 personas.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, ya ha criticado la debilidad del decreto que, según ha dicho, “amnistía al 80 % de este tipo de alojamientos reglados en la ciudad, que no se verán afectados por las restricciones”. “De los 1.518 apartamentos que constan actualmente en el registro municipal, con la normativa que pretende poner en marcha el PP, 1.213 estarían exentos de las limitaciones y podrían operar sin ningún problema en una ciudad que está completamente saturada de este tipo de alojamientos, como ha reconocido el propio Ayuntamiento de València en diferentes informes”, ha manifestado. A través de un comunicado, el concejal ha reclamado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que exija al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que aplique un decreto que permita que todos los apartamentos turísticos que están abiertos hoy en València y que están restando oportunidades para poder vivir en la ciudad se puedan cerrar.

Además, el portavoz de Turismo de los socialistas valencianos en las Cortes, Mario Villar, ha instado a Mazón a “no escurrir el bulto” y ha advertido que el decreto “no tiene ningún valor si no se crea un sistema de inspección”. Villar ha criticado también que la Generalitat “deje toda la responsabilidad a los alcaldes con quienes no ha consultado el contenido del decreto” y ha instado a Mazón a “encargarse de sus competencias, volver a la casilla de salida, tomar cartas reales en el asunto y apostar por el diálogo”.