40 años de autogobierno en la Comunidad Valenciana: logros y asignaturas pendientes

La convivencia pacífica es uno de los principales logros del autogobierno en la Comunidad Valenciana emanado del Estatut d’Autonomia aprobado en 1982 en el Congreso de los Diputados. Puede parecer una obviedad pero son muchos los testimonios que coinciden y guardan memoria de la división y de la violenta Transición, especialmente en Valencia, por los símbolos identitarios y la denominación de la lengua autóctona. A pesar de algunos rescoldos resi...

La convivencia pacífica es uno de los principales logros del autogobierno en la Comunidad Valenciana emanado del Estatut d’Autonomia aprobado en 1982 en el Congreso de los Diputados. Puede parecer una obviedad pero son muchos los testimonios que coinciden y guardan memoria de la división y de la violenta Transición, especialmente en Valencia, por los símbolos identitarios y la denominación de la lengua autóctona. A pesar de algunos rescoldos residuales, aquella batalla quedó muy atrás y ese marco de convivencia ha facilitado el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida de la población en estos 40 años a través del despliegue por parte de la Generalitat de las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, pilares del Estado del Bienestar. Pero también se han dejado diversas asignaturas pendientes.

“Ahora somos una sociedad más cohesionada y fuerte en todos los indicadores económicos y sociales. Hemos avanzado mucho”, afirma el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El también socialista Joan Lerma, primer presidente autonómico de la era Estatut afirma sobre este: “Fundamentalmente ha servido para la convivencia encauzada y pacífica. Todo lo demás se puede discutir, aunque no es posible comparar la sanidad de 1982 con la que tenemos ahora, por ejemplo”. José Ramón Pin Arboledas también fue uno de los negociadores de aquella norma básica por parte de la UCD. “La filosofía del Estatuto ha conseguido una comunidad pacífica, integrada y con avances económicos y sociales importantes”, afirma. “La normalización lingüística ha sido fundamental, así como la mejora de los centros de enseñanza”, opina José Galán, el secretario general del PCE del País Valenciano en aquellas negociaciones con los socialistas y centristas, los tres principales partidos hasta 1982.

Aquel año, la Comunidad Valenciana tenía 3,7 millones de habitantes, ahora cuenta con cinco. El PIB ha crecido un 60% en estos 40 años que se pueden resumir como “una historia de éxito porque nunca se ha logrado tanta prosperidad y tantas competencias, derechos y, muy importante, igualdad”, sostiene Margarita Soler, presidenta del Consell Jurídic Consultiu. De la misma generación, que creció durante la Transición, es el eurodiputado y vicesecretario general del PP Esteban González Pons, exconsejero en la Generalitat. “El mayor logro de estos años ha sido la creación de la Comunidad Valenciana, el sentimiento de pertenencia a una comunidad superior a las provincia”, apunta.

El líder del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, destaca la “descentralización de la administración” que ha permitido una mayor inmediatez en la toma de decisiones y una modernización global”. El dirigente de Compromís y exconsejero de Educación, Vicent Marzà, incide en que se ha demostrado que la proximidad produce mayor bienestar”. Llum Quiñonero, periodista y exdiputada de Podem, considera un avance, aunque tibio la defensa del valenciana. El profesor de Derecho Constitucional Adrián García subraya el buen funcionamiento de las instituciones como Les Cortas o el Consell. El escritor y periodista Mariano Sánchez Soler resalta ante la normalización política y linguistica conseguida a pesar de las carencias.

Entre los debes y asignaturas pendientes de este sucinto balance de autogobierno aparece de manera recurrente la infrafinanciación . También se incide en que el renta per cápita de los valencianos se ha distanciado de la media española en 12 puntos, cuando en 1982 era pareja y queda pendiente la recuperación del derecho civil valenciano. La falta de una articulación potente como comunidad propia y de un modelo para proyectarse en un mundo globalizado son otros de los debes citados, así como la no finalización del Corredor Mediterráneo.

Con especial atención a los primeros años de puesta en marcha de la autonomía tras la aprobación del Estatu, este es un repaso por los principales ámbitos de actuación que afectan a la Comunidad Valenciana, gobernada entre 1983 y 1995 por el PSPV-PSOE; entre 1995 y 2015, por el PP, y desde entonces y hasta ahora por los socialistas, Compromís y Unides Podem (a partir del 2019):

Sanidad y servicios sociales. El despliegue del Estado del bienestar en España coincide con la transferencia de la sanidad y los servicios sociales a las comunidades autónomas y la valenciana recibió pronto, a mediados de los ochenta, las principales competencias. Desde que existen datos, el gasto por habitante en salud y educación ejecutado por la Generalitat se ha duplicado, asegura un estudio de Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El gasto total y por valenciano comenzó a crecer con fuerza por los insuficientes recursos recibidos para atender la creciente demanda. “Esta región no fue precisamente mimada durante el franquismo y el Estado tenía aquí menos presencia, servicios e inversiones que en muchas otras, así que resultó de las peor financiadas. Y no fue a mejor la situación”, explica Joaquín Azagra, exconsejero de Administración Pública en el Consell socialista de 1986 a 1989.

Con el paso del tiempo, la infrafinanciación se ha traducido en más deuda pero no en menor cobertura, pues el gasto sanitario valenciano por habitante ajustado se situó en 2019 un 8,8% por encima de la media, el segundo mayor de las comunidades de régimen común. “Conseguir el autogobierno no fue fácil ni colmó todas las expectativas, Las generaciones más jóvenes dan muchas veces por sentado los derechos que, por desgracia, no se dan blindados para siempre”, añade la consejera y secretaria general de EU, Rosa Pérez Garijo.

El gasto en servicios sociales avanzó más lentamente en la Comunidad Valenciana y se encontraba en 2019 por debajo de la media española. “No creo que pueda hablarse de acusada tardanza. Eran otros tiempos. Al iniciarse las transferencias, las preocupaciones y debates giraban en torno a la conveniencia de suprimir asilos, reformatorios o manicomios. Y por supuesto en cómo redefinir y coordinar una acción social dispersa y mal dotada, gestionada por las administraciones locales o por organismos de la Iglesia”, recuerda Azagra.

Cambio productivo. La economía valenciana ha cambiado desde la aprobación del Estatut la locomotora principal de su desarrollo, que ha pasado de ser la industria y la construcción a los servicios. Junto a sectores tradicionales como el comercio, el transporte y el turismo, que han tenido que reinventarse varias veces para superar cambios estructurales, han aparecido nuevos servicios avanzados de mayor nivel de productividad.

Para Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), una de las debilidades que tenemos es que no hemos sabido mejorar la financiación autonómica. “La financiación debe ser equitativa entre todos los territorios, incluyendo al País Vasco y Navarra”, apunta. Otra de las debilidades es la tasa de paro, por encima de la media, pero el dirigente asegura que se han dado pasos para atraer inversiones y aumentar la productividad gracias a la innovación. Y la cualificación de trabajadores y empresarios ha mejorado en cuatro décadas. “Hay una gran capacidad pero nos falta relato”, advierte del tejido productivo valenciano. Las decisiones de Ford de quedarse o de Volkswagen de invertir en Sagunto indican que esta comunidad tiene futuro, que inspira confianza, sostiene.

Ana García, secretaria general de CC OO-PV, reconoce que han habido mejoras de productividad pero los salarios valencianos son inferiores con respecto a otras comunidades autónomas. “En estos 40 años, la sociedad y la economía valenciana ha cambiado profundamente y tenemos que seguir poniendo medios para un cambio productivo que genere un trabajo decente. Y fortalecer las políticas públicas para que nadie se quede atrás”, propone. La dirigente reconoce que han habido cuestiones que se han podido sujetar porque el Estatuto “nos da capacidad normativa y nos ha permitido un escudo social para la economía y los trabajadores en las últimas crisis”.

Educación para todos. La mejora en el campo educativo es incuestionable. Vicent Marzà, el consejero del ramo durante siete años, el más longevo en el cargo tras la aprobación del Estatut, asegura que se ha desarrollado “toda una estructura institucional educativa extendiéndola en el conjunto del territorio”, tanto en las enseñanza no universitarias, como en las universidades, con la creación de centros nuevos, como la Jaume I de Castellón. “Hemos avanzado mucho también en Formación Profesional. Ahora hay el doble de alumnos”, explica el maestro de formación, que incide en la importancia de la renovación pedagógica incorporada. “Falta acabar de coser el territorio, con la fijación de la población interior y que el profesorado tenga más autonomía y recursos”, añade.

Pero también hay voces que advierten sobre las altas tasas de abandono escolar prematuro, a pesar de la mejora, y el elevado porcentaje de jóvenes con solo el grado escolar. Todo ello va en detrimento de la innovación y la apuesta por un sistema integrado entre universidades y empresas para combatir una economía de bajos salarios y poca productividad.

Desarrollo y sostenibilidad. La transferencia de competencias dejó en manos del autogobierno el desarrollo de carreteras y ferrocarriles solo dentro del territorio. La Comunidad Valenciana “recibió las transferencias mal dotadas de infraestructuras y sigue padeciendo carencias”, señala un estudio del IVIE. Entre estas últimas, está el Corredor Mediterráneo que, aunque no es competencia autonómica, se erige como la gran asignatura pendiente en la materia. “A día de hoy está todo planificado”, argumenta el Comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor mediterráneo en España, Josep Vicent Boira. Asegura que su puesta en marcha supondrá un cambio para la historia económica de la Comunidad, tras superar los principales obstáculos: la implantación del ancho europeo en una red heredada del franquismo y distinta para el resto de Europa y el hecho de que las obras han de realizarse mientras el servicio ferroviario está en marcha.

Al que fue consejero de Obras Públicas entre el 89 y el 95, Eugenio Burriel, le faltan horas para recordar todas las dotaciones que se planificaron y, en muchos casos, desarrollaron: el tranvía, el metro, dos planes de carreteras que incluyeron el túnel de la Ollería, el desdoblamiento de la N340 en Castellón, la autovía a Llíria “sin tocar semáforos”, recuerda. “Heredamos una red de carreteras antiquísima y muy deficitaria”, rememora el exconsejero que evoca cómo todo fue muy planificado “no solo para revitalizar las zonas vitales para la economía sino para mejorar la calidad de vida de la gente y vertebrar el territorio”. Obras como el cambio del trenet por el metro provocaron un cambio en el área metropolitana de Valencia, que pasó a convertirse en residencia de muchos vecinos. Pero además del asfalto, Burriel rememora la imposición del canon de saneamiento que posibilitó la construcción de la red de depuradoras. “Hubo una voluntad específica de modernización de infraestructuras y la gestión era más rápida entonces”, argumenta. También había dinero, procedente de los fondos estructurales de la Unión Europea sin los que muchas de estas dotaciones no hubieran sido posibles.

Las tramitaciones rápidas pasaron y ahora la sostenibilidad medioambiental del desarrollo valenciano se plantea como otro de los grandes retos. El portavoz Ecologistes en Acció, Carlos Arribas, admite que, en los ochenta y noventa se centraron en el boom inmobiliario y la destrucción de la costa, además de la defensa de los parques naturales. “Ahí nos desgastamos”, rememora Arribas. Esa misma costa, con la erosión del litoral y los destrozos a consecuencia de los temporales, es la que actualmente acapara una buena parte de la atención. Pero también lo hacen los cambios en la generación de energía —y más tras la crisis por la guerra de Ucrania—- para los que la Comunidad Valenciana, según el IVIE, “se encuentra mejor posicionada ante un escenario basado en el desarrollo de energías renovables que fósiles”. Sin embargo el problema viene, explica Arribas, de los “desmedidos” proyectos de fotovoltaicas que prevén plantas a decenas de kilómetros de las estaciones y subestaciones en las que han de verter la energía y que precisan líneas de alta tensión de las mismas dimensiones. “La solución son plantas más pequeñas con acceso a líneas de media tensión”, resume.

Lengua y cultura. Contar con una lengua propia es lo que llamaba un hecho diferencial que justifica el autogobierno y la creación, por ejemplo, de corporaciones audiovisuales públicas con el fin de proteger este patrimonio del pueblo. Desde la aprobación de la referencial Llei d’Ús i Ensenyament en 1983, promovida por el consejero Ciprià Ciscar, la extensión del valenciano en la educación ha permitido un gran avance en el conocimiento de la lengua. Un 56% de los alumnos no universitarios cursan en la línea en valenciano. Manel Pérez Saldanya, catedrático de Filologia Catalana y antiguo miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, lamenta la polarización y la fragmentación que no se superaron en la Transición. Recuerda que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el Estatut en valenciano en una ortografía no académica y la propia norma mantenía una estudiada ambigüedad sobre el valenciano, a pesar de la definición oficial de la RAE como una variante del catalán. Toda esa situación produjo desafección hacia el valenciano y adhesión al castellano”.

Con los años, se creó la Acadèmia que empezó a actuar con independencia política a partir de la primera renovación de sus miembros y consagró una definición del valenciano como lengua que se siente como propia y es compartida con otros territorios del sistema lingüístico del catalán. Pérez Saldanya reconoce los grandes avances en la educación pero advierte, como la mayoría de expertos, de que el uso social no remonta. “La presencia en la calle en las grandes ciudades es escasa”, apunta.

En el plano cultural lo más destacable estos años es la creación de una gran red de infraestructuras, en la que pronto destacó el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) por su prestigio nacional e internacional, más tarde la ópera del Palau de les Arts por su programación, y la Ciutat de les Arts i les Ciències, por ser un gran polo de atracción turística. La industria audiovisual sigue sin dar un salto cuantitativo y cualitativo, a pesar de megaproyectos como la Ciudad de la Luz, ahora reabierta.

El lastre de la financiación. Sin más posibilidad que reclamar, la Comunidad Valenciana tiene en la reforma del sistema de financiación autonómico una de las asignaturas pendientes desde hace 14 años. Pero el problema viene de mucho más atrás y comenzó, de hecho, con el Estado de las autonomías y la transferencia de competencias en los 80 con un sistema por el que, además de los servicios, se transfería el dinero correspondiente a su coste efectivo. Se valoraron las infraestructuras y el personal y se baremó el gasto que suponían. Pero la dotación de servicios, tras el franquismo, no era igual en todas las autonomías, con lo que las que estaban peor dotadas precisaban de mayor financiación y el Estado no lo aportaba.

“Había una uniformidad para todos y los que estábamos por debajo en dotaciones no conseguíamos equipararnos a las que estaba mejor”, explica el catedrático de Economía Aplicada y exconsejero de Hacienda Vicent Soler. En 2002 llegó, con José María Aznar, el sistema de financiación autonómica. “Fue la gran oportunidad perdida porque se elaboró de manera que no alteraba el statu quo previo”, sentencia Soler. Desde entonces, la Comunidad Valenciana ha intentado que la población fuera un criterio definitorio el dinero que el Estado transfiere a las comunidades después de que estas se hicieran cargo de los servicios esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El catedrático de Constitucional, Vicente Garrido, dimensiona el tema: “Sin financiación no hay autonomía”, pero también es consciente de que desde las comunidades no se puede hacer nada. “No depende de nosotros, depende del Estado y del Consejo de Política Fiscal”. Garrido cree que este incumplimiento sistemático por parte del Estado no mengua la validez de la Constitución sino que es un problema político”. El hecho es que, por cada valenciano, la Generalitat recibe 612 euros menos de los que reciben en Cantabria, que es la comunidad con la financiación efectiva más alta. “Y nunca hemos estado por encima de la media”, incide Soler. La solución, que no se ve cercana, habrá de solventar otro problema: la deuda. La Comunidad Valenciana es la más endeudada de España. “Si no se atiende a la deuda, el planteamiento de la financiación autonómica estará incompleto”, sentencia Soler.

Un derecho por aplicar. La ley de Contratos y otras relaciones jurídicas agrarias es lo único que queda vigente del mutilado derecho civil valenciano que se fue incorporando a la legislación tras la reforma del Estatut de 2006, pormovida por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Una de las primeras investigadoras que buceó en los archivos para estudiar a ese derecho foral fue la profesora de Derecho civil de la Universidad Politécnica de Valencia Francisca Ramón que, además, imparte cursos sobre esta materia. Ella destaca las abundantes alusiones al derecho civil foral valenciano que hizo esa reforma del Estatut, en el que aparece desde el preámbulo, de lo que se deduce el interés por legislar. “El Estatut da vía libre a que se legisle y no ha sido impugnado”, esgrime. Así, a partir de 2006, se desarrollaron varias leyes civiles valencianas que el Tribunal Constitucional anuló en 2016.

Desde entonces y, sobre todo, la asociación de Juristes valencians ha tomado las riendas por la recuperación de estos fueros. Así ha logrado que sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, 541 ayuntamientos, además de las diputaciones, la Generalitat y todo el espectro político apoyen la reforma constitucional que facilite la incorporación de ese derecho propio a la legislación. “Son nuestras señas de identidad primigenias”, señala el presidente de Juristes valencians, José Ramón Chirivella. “Es una asignatura pendiente y la prueba de fuego sobre el liderazgo de la relevancia de nuestros líderes políticos”, reta. Chirivella cree que la solución está cerca tras una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos en el Congreso que, confía, hará que, antes de que acabe la legislatura, el derecho civil foral autóctono esté incorporado a la legislación.

Esta información ha sido elaborada por Ferran Bono, Rafa Burgos, María Fabra y Cristina Vázquez.