El secretario valenciano de Empleo niega haber enviado propaganda de Compromís desde el Ayuntamiento de Castellón

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat valenciana, Enric Nomdedéu, de Compromís, mantiene que nunca envió propaganda electoral desde el Ayuntamiento de Castelló cuando era concejal en 2014, defiende que no es “un delincuente” sino un político “serio” y “formal”, y asegura que ha pasado...

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat valenciana, Enric Nomdedéu, de Compromís, mantiene que nunca envió propaganda electoral desde el Ayuntamiento de Castelló cuando era concejal en 2014, defiende que no es “un delincuente” sino un político “serio” y “formal”, y asegura que ha pasado un “calvario” durante la instrucción de la llamada causa de los sobres.

Nomdedéu ha declarado este miércoles junto a la exvicealcaldesa de Castelló Ali Brancal y un asesor municipal como acusado en la citada causa, que desde esta semana se juzga con jurado en la Audiencia de Castellón tras la querella presentada por el PP en 2018 que le acusó a él, a Brancal -que entonces eran concejales de Compromís- y a un asesor, Miguel Torres, de haber enviado propaganda electoral de las elecciones europeas de 2014 en sobres con membrete municipal y a cuenta del Ayuntamiento. El caso es juzgado por un jurado popular. La fiscalía pide la absolución de los tres acusados.

En esta primera sesión también ha comparecido la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, como testigo, quien ha declarado sobre los informes elaborados por la jefa de Asuntos Internos del Ayuntamiento y la asesoría jurídica del mismo y en los que, ha indicado “no se pudo concretar el gasto que ocasionó el envío de los sobres”.

Marco ha dicho que, por tanto, el Ayuntamiento no reclama por estos hechos, pero “si se determina en el juicio que se causó perjuicio al consistorio, se reclamará por el bien de los castellonenses”.

La acusación pide tres años de prisión para Brancal y Torres, a los que considera autores de un delito de malversación de caudales públicos, y para Nomdedéu se piden seis años de cárcel, ya que le consideran también autor de un delito de falsedad documental.

Los tres acusados han sostenido que periódicamente su grupo enviaba un boletín de información sobre su acción política en un sobre con membrete del consistorio -previa autorización del envío- a militantes y simpatizantes que habían dado su autorización para ello.

Han señalado que en ningún caso se envió propaganda electoral -pues se hacía de manera centralizada desde el partido- y que tampoco ellos eran los encargados de ensobrar los boletines, sino que la tarea la realizaban militantes de manera voluntaria.

Nomdedéu ha añadido, además, que a requerimiento de Juan José Pérez Macián, que entonces era concejal del PP encargado de Hacienda, indicó en mayo de 2014 por escrito que en las cajas que supuestamente contenían sobres con información electoral solo había boletines, tras lo que ha añadido: “Después de este calvario, tengo la convicción que en esos sobres solo había el boletín”.

Asimismo ha relatado que la relación con Pérez Macián se degradó con los años, aunque habían sido amigos -incluso le invitó a su boda- y tiene “una espinita clavada en el corazón por ello”.

El entonces edil ha señalado que desde que en 2015 Pérez Macián le denunció por un presunto delito de derecho al honor -del que finalmente la justicia dio la razón a Nomdedéu-, ha sufrido una “persecución política y en redes”.

Brancal, que era vicealcaldesa y dejó su cargo tras una votación en el pleno municipal al ser investigada en este caso, ha reiterado que ellos no dieron órdenes de introducir propaganda electoral ni era su función, y se ha referido a un incidente en el que apareció en el despacho de Nomdedéu una paloma herida en una bolsa y tras el cual tuvo “la sensación” de que “cualquiera” podía entrar en su despacho.

Además, se ha referido a la “enemistad manifiesta” que tenía Pérez Macián con Nomdedéu y también con Carlos Limonges, que entonces era el responsable del correo municipal.

Por su parte, Miguel Torres también se ha referido a que eran los militantes quienes hacían ese “ensobrado” que estaba autorizado por el Ayuntamiento y ha asegurado que “podía acceder a esos sobres cualquier persona, incluso el denunciante, que entonces se encargaba del funcionamiento administrativo del Ayuntamiento”.

Limonges, que ha comparecido como testigo, ha explicado que vio varias cajas listas para el envío con sobres de Compromís del Ayuntamiento y que en una o dos vio “una carátula” de las elecciones europeas, aunque ha asegurado no estar seguro si esa hoja era la del boletín de esos días que se envió y en el que aparecía la cara del candidato a las elecciones europeas porque había visitado Castellón.

Pérez Macián, que también ha comparecido como testigo, ha explicado que Limonges le trasladó en 2014 sus “sospechas” sobre el contenido de los sobres y Nomdedéu le contestó por escrito que contenían el boletín de su grupo. Posteriormente, Limonges le entregó unos sobres que fueron devueltos al Ayuntamiento (a instancias de Pérez Macián, ya que habitualmente el correo devuelto se entregaba en el despacho del grupo político).

Querella del PP

Esos sobres fueron guardados en el despacho del PP durante cuatro años, hasta que en 2018 se presentó la querella, porque, según Pérez Macián, cuando el PP perdió la Alcaldía se les trasladó a un despacho más pequeño y no lo volvió a ver hasta esa fecha. Fue entonces cuando apareció en la caja uno de los sobres abiertos y allí, ha asegurado, vio “bastantes listas de Compromís, sobres de urna y un díptico”. Entonces lo hizo público en un pleno y presentó una querella.

La Fiscalía solicita la absolución de los tres acusados al entender que no tuvieron conocimiento del envío de propaganda y que este se realizó “por persona o personas desconocidas”. En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -el PP- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocase el auto y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-. La Audiencia de Castellón estimó el recurso.