Teresa Ribera incide en la desaladora de Torrevieja para suplir la reducción del trasvase Tajo-Segura
La ministra de Transición Ecológica evita pronunciarse sobre la polémica ampliación del puerto de Valencia en una comparecencia junto a Ximo Puig, que considera “irrenunciable” el trasvase
La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este miércoles en Valencia “maximizar la inteligencia” para gestionar un “bien escaso y ambiental” como es el agua. Y esa gestión pasa ahora por reducir el actual aporte de 38 hectómetros cúbicos mensuales del trasvase del Tajo al Segura a 27 hectómetros cúbicos, según contempla la modificación de la explotación que está preparando su dep...
La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este miércoles en Valencia “maximizar la inteligencia” para gestionar un “bien escaso y ambiental” como es el agua. Y esa gestión pasa ahora por reducir el actual aporte de 38 hectómetros cúbicos mensuales del trasvase del Tajo al Segura a 27 hectómetros cúbicos, según contempla la modificación de la explotación que está preparando su departamento. Esos 38 hectómetros cúbicos en el nivel 2 son un “barbaridad” que provocan a su vez niveles de emergencia, ha añadido la ministra en el Palau de la Generalitat en compañía del presidente valenciano, el también socialista Ximo Puig. Al nivel 2 se llega cuando el agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, está al 35% de su capacidad (por debajo de 1.300 hectómetros cúbicos). Ribera ha insistido en que la explotación es poco razonable y genera picos cuando lo necesario es aplanar esos picos.
Para cubrir esa deducción del trasvase y gestionar inteligentemente el agua, la ministra ha propuesto lo siguiente: “Reforzar la disponibilidad de recursos en cada cuenca, incrementar el agua desalada, facilitar las conexiones internas, también los recursos de la reutilización del agua... Ya hemos hemos hecho la inversión para duplicar la desalación en Torrevieja de 40 a 80 hectómetros de agua desalada, el mismo volumen de agua que se traslada al año a Alicante, y vamos a incrementar a 120 esa capacidad”. Luego ha aludido a la necesaria reutilización de las aguas de Madrid.
Entonces ¿el ministerio no modificará su criterio actual de reducción que ha provocado el rechazo sobre todo de los agricultores de Almería, Murcia y Alicante, y confía en las desaladoras?”, le ha preguntado un periodista. “El Ministerio más que confiar, lo que hace es identificar, invertir y aplicar soluciones viables con los escenarios actuales. No es razonable 11 meses en situación extraordinaria” en el Tajo, ha respondido.
Sobre la oposición a la reducción por parte de los agricultores y regantes, que el próximo lunes han convocado una manifestación en Madrid, Ribera ha señalado que “el mensaje más importante es de tranquilidad ante un ruido que no necesariamente está justificado”. “Entendemos bien que el trasvase permite garantizar el acceso a agua tres millones de personas, no solo en esta comunidad”, ha agregado, antes de incidir en una nueva gestión inteligente.
A su lado, Puig ha tomado la palabra al final para afirmar que el “trasvase es irrenunciable” y que “en ningún momento se ha planteado el cese, sino un mix de recursos”. “Es necesario acoplar las medidas necesarias para la reutilización de aguas de Madrid y las nuestras propias. Aún tenemos que mejorar la red para utilizar adecuadamente agua desalada, cada vez de mejor calidad y a menor coste”, ha sostenido, antes de reiterar su disposición a superar “guerras estériles” y “buscar soluciones para los agricultores y regantes”. En la racionalización y mejora ha incluido la gestión del Júcar.
Ribera se ha comprometido también a reforzar el papel de l’Albufera, recuperando aportaciones del Alto Júcar, así como un plan contra el deterioro del litoral por el cambio climático.
Preguntada sobre si el Puerto de Valencia necesita una nueva declaración de impacto ambiental para su polémica ampliación, la ministra ha echado balones fuera. Ha apuntado que “hay interés” en conocer el análisis que debe estar acometiendo el Puerto sobre la adecuación de sus planes a la declaración de impacto ambiental de 2007. “Nosotros no intervenimos como una fiscalía o autoridad policial, sino que esa vigilancia corresponde al que es responsable de la infraestructura”, ha afirmado.