El lío de las casetas de la Feria de Sevilla se enreda y los socios cuestionan al Ayuntamiento: “Nos sentimos desahuciados”
El consistorio, que ha desistido de su propio recurso ante el Supremo, ofrece a los titulares expulsados que elijan entre las casetas vacantes, pero ellos, cuyas apelaciones siguen pendientes, no están de acuerdo con los criterios adoptados
A los socios de Ven acá pacá, Los Atornillaos y El TBO les costó casi 30 años poder conseguir sus respectivas casetas en la Feria de Sevilla, pero la alegría les ha durado poco. La reclamación judicial del anterior titular, a quien el Ayuntamiento desposeyó de los tres módulos...
A los socios de Ven acá pacá, Los Atornillaos y El TBO les costó casi 30 años poder conseguir sus respectivas casetas en la Feria de Sevilla, pero la alegría les ha durado poco. La reclamación judicial del anterior titular, a quien el Ayuntamiento desposeyó de los tres módulos en 2022 por no haber renovado la licencia a tiempo, ha sumido en estos últimos meses a sus actuales propietarios en una auténtica pesadilla que les ha llevado hasta el Tribunal Supremo, donde recurrieron en casación la sentencia del Tribunal Superior Justicia de Andalucía, que daba la razón al reclamante. El hecho de que el consistorio hispalense, que también apeló este fallo ante el alto tribunal, haya decidido desistir de sus recursos, ha precipitado una solución de urgencia a este embrollo legal y administrativo, que no satisface a los todavía dueños de facto. Les ha ofrecido elegir entre una de las ocho casetas que han quedado vacantes este año a cambio de que desistan de su propio recurso de casación. “Esto va más allá de la frivolidad de tener una caseta, se trata de un asunto de interés público, porque el propio Ayuntamiento ha abandonado de manera repentina sus opciones de defender su propia resolución y, además, con su propuesta entorpece nuestro derecho a la defensa, porque nuestro recurso sigue vivo”, explica uno de los socios de la caseta El TBO, que pide anonimato.
En marzo de 2022, después de que la Feria se suspendiera durante dos años por la pandemia, el Ayuntamiento de Sevilla declaró la pérdida de la titularidad de una caseta de tres módulos, que ostentaba la familia del marido de la periodista Ana Rosa Quintana, por haber presentado su solicitud fuera de plazo. Esos módulos se repartieron en tres casetas, la 173, 175 y 177 de la calle Juan Belmonte, una de las más céntricas del recinto ferial. El titular desposeído recurrió la decisión de manera individual para cada uno de los tres nuevos espacios y el TSJA dio la razón al recurrente, alegando que el consistorio le había “inducido a error” -durante la pandemia el Ayuntamiento suspendió el plazo de presentación de solicitudes a través de un correo y cuando se retomó la normalidad, no se avisó de lo contrario, argumentó el recurrente, pese a que la entidad municipal alegó que el resto de los solicitantes sí renovó las licencias, sin problema-. El consistorio y los socios de las casetas 175 y 177 recurrieron en casación ante el Supremo, entendiendo que, más allá de la numerosa jurisprudencia que avalaba la pérdida de una licencia por la falta de renovación o del pago, de prosperar, podría sentar jurisprudencia y provocar que otros caseteros que perdieron sus casetas en ese tiempo, recurrieran a su vez, poniendo en duda las nuevas titularidades.
Este mismo razonamiento es el que utilizó el TSJA el pasado mes de octubre acepta una suspensión cautelar de la ejecución de las sentencias, atendiendo a un informe presentado por el Ayuntamiento. En él se alegaba que la aplicación de los fallos provocaría un “efecto cascada” porque los titulares desposeídos, al tener mayor antigüedad -el criterio por el que se accede a las casetas- quedarían por delante de los que hubieran adquirido otras en ese tiempo, teniendo derecho a disfrutar de ellas, en detrimento de esos actuales propietarios. En estos dos últimos años se han adjudicado 13 módulos que estaban vacantes.
Pero esa frágil calma y seguridad de los socios de las casetas 173, 175 y 177 no iba a durar mucho más. Apenas un mes después, el 27 de noviembre, el Supremo inadmitía el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento respecto de la primera de ellas y el consistorio, en lugar de esperar a ver qué pasaba con los otros dos, decidió desistir del resto el pasado 5 de diciembre, en un acuerdo suscrito por la Junta de Gobierno. Apenas 10 días después, tal y como informó ABC de Sevilla, ofrecía a los socios de los tres módulos afectados -alrededor de 25 en cada uno- la posibilidad de elegir una nueva caseta entre las ocho que habían quedado disponibles para este 2025.
Fuentes municipales explican que cuando el Supremo inadmitió uno de los recursos de casación, condenando al Ayuntamiento al pago de las costas procesales, ante la previsión de que sucediera lo mismo con los otros, se decidió desistir “para ahorrarle a las arcas públicas el abono de las costas procesales”.
“Somos los únicos perjudicados”
“El Ayuntamiento nunca había hablado tan directamente con nosotros desde que comenzó el problema. Nosotros llevamos 28 años en lista de espera y tres con la espada de Damocles sin saber si íbamos a tener caseta al año siguiente. Hemos tenido que contratar letrados para defendernos en el Supremo. Realmente, somos los únicos perjudicados, pero con esta propuesta nos hacen ver que el problema lo tenemos nosotros”, se queja otra socia de la caseta 175, que también pide anonimato. “Lo que no quiere el Gobierno municipal es que se ejecute la sentencia, porque en estos tres años han adjudicado muchas otras, pero es que ese es el problema con el que tiene que lidiar el Ayuntamiento”, abunda.
Los socios consultados se sorprenden, no solo de la rapidez del consistorio en desistir de un recurso “en el que debería estar realmente y directamente interesado, porque son sus criterios de retirada de una licencia y su interpretación de la ordenanza que la regula la que están en cuestión”, como alega el socio de la caseta 177, sino de la forma y la premura que les exigen para adoptar su decisión. “No se nos ha comunicado nada por escrito, todo ha sido en una reunión”, explica. Su caseta no está de acuerdo con el criterio elegido para la elección de las nuevas casetas. Esgrimen que primero se les ha dado la opción a los socios de la 173, después a los de la 175 y luego a ellos, por lo que no tienen posibilidad de escoger entre las mejores. “La Ordenanza Municipal no exige prioridad, sino proporcionalidad”, esgrime el interlocutor. Las fuentes municipales consultadas sostienen que se ha decidido establecer para elegir el mismo orden que resultó en el sorteo de 2020.
Los socios de El TBO presentaron al Ayuntamiento su propuesta alternativa por escrito el pasado 19 de diciembre. Planteaban que las adjudicaciones se hicieran por sorteo. “Ninguno va a estar conforme, pero al menos no hay una prelación que no está recogida en ninguna norma”, esgrime su integrante. Este lunes, el consistorio les comunicó por teléfono que su petición no había sido admitida. “Hemos pedido que todo conste por escrito, no hay nada documentado”, abunda el socio. “Nos sentimos desahuciados”, apoya otro compañero, que también pide no dar su nombre.
En la caseta 175 también hay quejas. “No nos dejan mucho margen, pero es que nuestro recurso de casación sigue en pie”, aduce la interlocutora. Es precisamente la falta de resolución del Supremo sobre el recurso que han presentado los socios de Los Atornillaos y El TBO a lo que se aferran para cuestionar la propuesta municipal. “Claramente, hay un interés en desasistirnos a nosotros, que todavía somos recurrentes, e imponernos un acuerdo”, abunda el socio de la 177. “El perjuicio que nos infringen es enorme, en teoría no se sabe cuándo va a pronunciarse el Supremo sobre nuestra admisión, por lo que nos sorprende tanta prisa”, esgrime.