Sevilla limita los pisos turísticos con la oposición de los vecinos que consideran que el problema se extenderá al resto de los barrios

Sevilla cuenta desde este jueves con una nueva regulación para limitar las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Se trata de la misma normativa que fue tumbada el pasado mes de junio por toda la oposición, por entender que era insuficiente para poner coto a la proliferación de estos pisos en la capital andaluza, pero que ahora ha contado con el apoyo de Vox. El nuevo precepto, sin embargo, cuenta con el rechazo absoluto de las asociaciones vecinales —cuyas alegaciones no han sido tenidas en cuenta― que se han congregado frente al Ayuntamiento para expresar su repudio durante la votación: “Es una de las ordenanzas más graves que se han aprobado en pleno, porque supone un cambio radical de esta ciudad con un impacto negativo en todos sus barrios”, advertía a este diario David Muñoz, portavoz de la asociación Sevilla se Muere, una de las 10 plataformas que se han congregado para evidenciar su protesta.

Con la nueva medida, Sevilla se divide en tres zonas en función de la saturación de VUT, cuyo límite se fija en que el número de estos alojamientos supere el 10% del total de viviendas disponibles. De acuerdo con este baremo, en 11 barrios del centro histórico (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y San Vicente) y en Triana estará prohibido conceder más licencias. En aquellos donde esa presión se encuentra entre el 5% y el 10%, los barrios de San Julián, El Museo -en el centro histórico- y San Bernardo, el crecimiento estará controlado. En los 94 barrios restantes no habrá ningún tipo de límites.

“Hoy avanzamos en el compromiso de compatibilizar el sector turístico con la vida de nuestros convecinos”, ha señalado el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan de la Rosa, en el pleno, quien ha cuestionado al PSOE por haber votado a favor de esta propuesta en la aprobación preliminar del pasado mes de marzo y haberse opuesto después. Vox, cuyos votos han sido determinantes para sacar adelante la medida, ha justificado su cambio de postura respecto de la votación de junio en que equipo de Gobierno del PP ha incluido sus propuestas de estudiar y redefinir las limitaciones en el futuro, reduciendo el porcentaje del 10% en el resto de barrios en función de otros baremos como el nivel patrimonial y social de las familias y exigir a la Junta una reforma del decreto que regula los pisos turísticos, aprobado el pasado mes de febrero, para garantizar un mayor control de los Ayuntamientos de este tipo de viviendas.

Los grupos de izquierdas han sido muy duros con la nueva normativa, haciendo hincapié en que con el porcentaje aprobado por el ayuntamiento y teniendo en cuenta el expediente técnico que acompaña la propuesta, que establece que el máximo de VUT en Sevilla será de 32.400, en la capital hay vía libre para autorizar 22.705 pisos turísticos más. “Son 22.705 viviendas menos para vivir”, ha reprochado Susana Horrillo, portavoz de Con Podemos-IU. “Son licencias nuevas para 23.000 amiguetes más. Están condenando al resto de los barrios a llegar al límite”, ha sostenido Francisco Páez, desde el grupo socialista. Ambos han cuestionado el vídeo publicitario que ha difundido el consistorio en el que se asegura que con la nuevas limitaciones solo podrán concederse 7.000 licencias más, una cifra que no coincide con las del expediente y que tampoco han defendido desde el PP.

Ambos portavoces se han referido al malestar de las plataformas vecinales: “Los vecinos van a convertir en un infierno sus tres años de legislatura”, ha vaticinado la dirigente de Podemos. Los que estaban manifestándose a las puertas del Ayuntamiento mientras se celebraba el pleno también consideran que el número de VUT que podrían autorizarse en los barrios donde no se aplica la limitación del 10% es desmesurada y que la normativa no solo perpetrar el problema que la presencia de estas viviendas provoca en un centro hipersaturado por el turismo, sino que lo extiende al resto de la ciudad.

“Esta ordenanza no libera al centro histórico porque todos los visitantes que se hospeden en los otros barrios van a continuar viniendo al centro, con el deterioro del patrimonio, problemas de ruido, basura, suciedad en las calles…”, señala Muñoz. “Dar libertad para otorgar licencias en las zonas periféricas implica extender este parque temático en el que se ha convertido el centro de Sevilla, sin identidad, sin vida, a toda la ciudad y extiende los problemas de falta de vivienda, subida de los precios de alquiler”, abunda.

Moratoria y conciliación con el sector turístico

Actualmente en Sevilla hay un parque de 9.695 VUT, de acuerdo con los datos del registro de la Junta de Andalucía. El informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler de vivienda, publicado este miércoles, estudia la situación de Sevilla y en él se señala que en los barrios del centro histórico, el número de viviendas turísticas es 1,5 veces superior al de las de alquiler residencial. El porcentaje del total de viviendas destinadas al alquiler turístico en relación con el parque total de viviendas familiares es del 2,3%, 0,4 puntos superior a la media de las ciudades con más de 500.000 habitantes, solo por debajo de Málaga.

El sector del turismo es clave para la capital andaluza, donde representa el 25% de su PIB. De acuerdo con la última investigación desarrollada en el proyecto Impacto Económico Turismo Sevilla de la Universidad de Sevilla, publicado el pasado 16 de octubre, el turismo aporta 5.039 millones de euros al Valor Añadido Bruto de la ciudad y representa el 18% del empleo. Mientras el PP y Vox han defendido que las nuevas limitaciones permiten conciliar los intereses turísticos con la convivencia ciudadana en la capital andaluza, PSOE y Podemos han criticado que con ella solo se atiende a los primeros. Los vecinos, que advierten de que sus reivindicaciones no son “ni de derechas ni de izquierdas”, también se consideran abandonados. “Van a morir de éxito pero con la oposición de todos los ciudadanos, porque esto no es cuestión de ideología, afecta a toda la ciudad”, señala Muñoz.

Entre las reclamaciones de las plataformas vecinales, las más perentorias son aplicar una moratoria y que se rebaje el límite para establecer la prohibición del 10%. La posibilidad o no de aplicar una moratoria también ha centrado el debate en el pleno. Mientras desde el consistorio se ha insistido en que la nueva legislación andaluza de pisos turísticos no permite la moratoria y que esa medida podría haberla incluido la anterior corporación socialista cunado modificó el PGOU en 2022 precisamente para regular la proliferación de este tipo de viviendas, desde PSOE y Con Podemos-IU se han puesto como ejemplos los casos de Málaga o Granada, gobernados también por el PP, donde se han aplicado medidas para congelar las licencias, mientras se redacta la ordenanza que los regule de acuerdo a la nueva normativa andaluza.

En el caso de la capital malagueña desde junio únicamente se otorgan licencias a las viviendas que tengan acceso independiente (una casa) o las que estén ubicadas en bloques que se dediquen al 100% a pisos turísticos, informa Nacho Sánchez. En Granada, su alcaldesa y ex consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha ido más allá. Su equipo de Gobierno está trabajando en la modificación del PGOU para regular los pisos turísticos y, en contra del criterio genérico de su partido, la intención es “definir las zonas saturadas” para “poder establecer medidas al respecto”. El inicio de este proceso implica la suspensión de la concesión de nuevas licencias para este tipo de alojamientos, informa Javier Arroyo.