España tendrá derecho de veto sobre los permisos de residencia en Gibraltar

España y Gibraltar quedarán ligadas por una densa red de vínculos políticos, jurídicos, comerciales, económicos, institucionales y sociales cuando entre en vigor ...

España y Gibraltar quedarán ligadas por una densa red de vínculos políticos, jurídicos, comerciales, económicos, institucionales y sociales cuando entre en vigor el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que regula las relaciones de la colonia británica con la UE tras el Brexit. El tratado, de 336 artículos y 46 anejos en inglés, al que ha tenido acceso EL PAÍS, prevé la demolición de la Verja que ha separado desde hace más de un siglo la colonia británica de su entorno español y crea un área de libre circulación por el denominado espacio Schengen (25 países de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Como contrapartida, establece un sistema de doble llave por el cual las autoridades españolas no solo tendrán derecho de veto sobre la entrada en el Peñón de viajeros procedentes de fuera de la UE, sino también a la hora de conceder o renovar el permiso de residencia en la colonia, cuando alegue que los solicitantes suponen un riesgo para la seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales. Al tratarse de un tratado entre la UE y el Reino Unido, el texto debe ser legalmente refrendado por el Parlamento Europeo y por el británico, aunque Gibraltar lo someterá también a votación de su asamblea, pero no por el Congreso de Diputados. A falta de que se conociera el texto definitivo, ultimado a principios de año, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido media docena de reuniones con la Junta de Andalucía y los alcaldes del Campo de Gibraltar para informarles de los avances de una negociación que se ha prolongado durante cuatro años.

Estos son los puntos más destacados del tratado que está previsto que se haga público este jueves:

Cooperación y Soberanía. El artículo 1 del texto señala que su objetivo es promover la prosperidad compartida y establecer relaciones estrechas y constructivas entre Gibraltar y su vecino territorio español; aunque advierte, en su artículo 2, de que ninguna de sus disposiciones afecta a las respectivas reivindicaciones de España y el Reino Unido en materia de jurisdicción y soberanía ni pueden ser utilizadas como base para plantear futuras demandas.

Demolición de la Verja. “Todas las barreras físicas serán removidas en aplicación del plan contenido en el acuerdo administrativo entre el Reino Unido y España respecto a Gibraltar”, proclama el artículo 7. Uno de los primeros actos previstos cuando el tratado entre en vigor y el de mayor fuerza simbólica será precisamente la demolición de la Verja.

Consejo de Cooperación. Se crea un Consejo de Cooperación copresidido por un comisario europeo y un ministro británico que se reunirá una vez al año y se encargará de aplicar y desarrollar el tratado adoptando decisiones y recomendaciones. Contará con comités especializados en materia de libre circulación, economía y comercio y aviación.

Control policial en el aeropuerto. Todos los pasajeros llegados a Gibraltar por vía aérea o marítima serán controlados por la policía española y la gibraltareña. Los controles de ambos cuerpos policiales serán sucesivos y se harán en el aeropuerto, a donde serán trasladados los pasajeros que lleguen al puerto, evitando así que los agentes españoles, armados y de uniforme, se paseen por la colonia, lo que levantaba recelos. El control de los residentes en Gibraltar y de los ciudadanos de la UE se hará por medios automatizados, evitando colas y aglomeraciones. Las autoridades gibraltareñas podrán rechazar la entrada en el Peñón de viajeros procedentes de España, mientras que las españolas, en aplicación del código Schengen, podrán vetar el ingreso en Gibraltar de ciudadanos de terceros países, incluidos los británicos, salvo los de estados pertenecientes al espacio europeo sin fronteras y los residentes en la colonia. Los ciudadanos de la UE podrán entrar sin visado en Gibraltar por un máximo de 90 días en un periodo de 180. A la inversa, también podrán hacerlo los residentes en el Peñón.

Militares británicos excluidos. Los miembros de las Fuerzas Armadas británicas o de otros países en visita a Gibraltar no tendrán que someterse a los controles de entrada y solo deberán presentar en el control fronterizo un documento identificativo y una orden del Ministerio de Defensa británico. A través de los oficiales de enlace, el Reino Unido informará a España de la entrada y salida de estos militares, así como de sus familiares y de los civiles que trabajan para el departamento de Defensa.

Permisos de residencia en Gibraltar. Antes de expedir o renovar un permiso de residencia en el Peñón, las autoridades británicas lo comunicarán a las españolas quienes podrán oponerse a la concesión si, de acuerdo con el acervo Schengen, el solicitante se considera una amenaza para la política de seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales. En ese caso, las autoridades británicas no concederán el permiso e indicarán al afectado que puede presentar recurso ante las españolas, que dispondrán de un plazo de 28 días, ampliable a 42, para resolver.

Uso conjunto del aeropuerto. Una joint venture constituida por el Reino Unido y España gestionará el aeropuerto de Gibraltar, construido sobre el istmo, cuya soberanía es objeto de disputa. La futura compañía hispano-británica, cuya sede estará en un tercer país de la UE, sacará a licitación la operación diaria de la infraestructura y se encargará de supervisar su funcionamiento. El contrato preverá la legislación aplicable y los recursos podrán presentarse tanto ante los tribunales británicos como de la UE.

Trabajadores transfronterizos. Los 15.000 trabajadores que cruzan cada día a Gibraltar —entre ellos, 10.000 españoles— tendrán el mismo trato que los británicos. No podrán ser discriminados en el empleo, la remuneración o las condiciones de trabajo, así como en las ayudas sociales e impuestos, excepto el acceso a la vivienda, según el tratado.

Unión aduanera. Gibraltar se incorpora a la unión aduanera de la UE, de la que hasta ahora no formaba parte, eliminando los controles a la libre circulación de bienes y mercancías entre el Peñón y España. En uno de los anexos al tratado se fija la localización de los centros para el control de los productos con origen o destino al Peñón en las localidades de La Línea, Algeciras y Sagunto, con la posibilidad de abrir otro en Portugal con carácter subsidiario. Las autoridades europeas podrán realizar visitas de inspección al Peñón para asegurarse de que no se pone en riesgo el mercado único y reimplantar los controles en caso de que se produzcan distorsiones.

Nuevo IVA gibraltareño. Gibraltar introducirá a partir del próximo mes de abril un impuesto sobre bienes y mercancías equivalente al IVA que se aplica en la UE denominado Transaction Tax. Según un anexo al tratado, el tipo impositivo estándar no podrá ser inferior al tipo mínimo de IVA que aplique un Estado de la UE. Durante el primer año de vigencia, el TT será del 15%, el segundo del 16% y el tercero del 17%. El tipo reducido no podrá ser inferior al 5%, aunque podrá haber un tipo superreducido para algunos productos tasados.

Freno al contrabando de tabaco. Acabar con el contrabando de tabaco procedente de Gibraltar que inunda el territorio vecino por su menor precio es un objetivo largamente perseguido por España. Uno de los anexos al tratado pretende solucionar el problema mediante una progresiva armonización fiscal a ambos lados de la frontera. Gibraltar impondrá un impuesto especial al tabaco que no será inferior a 115 euros por cada 1.000 cigarrillos. “La diferencia de precio [entre el mercado español y el gibraltareño] resultante de la aplicación del impuesto especial no excederá de 0,80 euros o del 15% por paquete, lo que suponga una menor diferencia”, señala el texto.

Persecución en caliente. El tratado prevé un salto cualitativo en la cooperación policial entre Gibraltar y la UE, especialmente con España. Oficiales de policía españoles o gibraltareños que estén persiguiendo a un individuo que haya participado en uno de los crímenes contemplados en una lista de delitos podrán continuar la vigilancia o persecución cuando cruce la frontera. También se prevé la realización de patrullas y operaciones policiales conjuntas, con autorización expresa, y un refuerzo de la colaboración con Europol y entre los respectivos tribunales.

Ecología. En materia medioambiental el tratado es poco ambicioso, pese a que proclama el compromiso del Reino Unido y la UE en la lucha contra el cambio climático. El acuerdo compromete a Gibraltar a mantener un nivel de protección medioambiental similar al de la UE y a instaurar un sistema de precios para las emisiones de carbono equivalente al que aplica el club comunitario. En cambio, no menciona la práctica de ganar terreno mediante el relleno del fondo marino ni tampoco alude al bunkering, el suministro de fuel por gasolineras flotantes en aguas del Estrecho, una actividad de alto riesgo.

Fondo de cohesión. El artículo 299 del tratado prevé la creación de un mecanismo financiero para promover la cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, con inversiones en materias como la formación o el empleo, pero no dice cuál será su cuantía ni cuánto aportará cada parte, solo que se adoptarán medidas para evitar el fraude y otras actividades ilegales, lo que revela desconfianza hacia su funcionamiento.