El germen del ‘caso Plus Ultra’ implica a un ‘broker’ venezolano y a un banquero en Suiza
Francia mantiene una investigación bajo secreto contra Luis Felipe Baca y Danilo Díazgranados
El germen del caso Plus Ultra por el que la semana pasada fueron detenidos el presidente y el consejero delegado de la compañía —Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente— se ubica en Suiza y en Francia. Ambos países remitieron información a la Fiscalía Anticorrupción el pasado año poniendo sobre la mesa nombres como el de Luis Felipe Baca Arubul...
El germen del caso Plus Ultra por el que la semana pasada fueron detenidos el presidente y el consejero delegado de la compañía —Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente— se ubica en Suiza y en Francia. Ambos países remitieron información a la Fiscalía Anticorrupción el pasado año poniendo sobre la mesa nombres como el de Luis Felipe Baca Arubulu, un exbanquero en el país helvético, y Danilo Alfonso Díazgranados, un broker de Venezuela. La Policía Nacional registró ya entonces varias propiedades a nombre de ambos en España y la Fiscalía abrió una investigación secreta para indagar en una presunta organización que se dedicó a blanquear dinero por Europa desde Venezuela y que pudo utilizar los 53 millones de euros del rescate a la compañía aérea que el Gobierno entregó en 2021.
El hermano de Felipe Baca Arbulu (50 años), de nombre Enrique y mismos apellidos (57 años), contaba con varias sociedades en Madrid dedicadas al asesoramiento económico, actividades de intermediación o inversiones inmobiliarias, según el registro mercantil. Entre ellas, Atitlan Capital que fue extinguida, precisamente, en julio de este año, cuando la Fiscalía Anticorrupción ya trabajaba en la investigación por blanqueo en la que también aflora su nombre. Fuentes de la causa explican a EL PAÍS que Felipe Martín Baca trabajó en un banco suizo y cuando dejó la banca privada se trasladó a Francia. Allí, a través de una de sus sociedades, compró dos viviendas en Hossegor, una región de Las Landas, muy cerca a la frontera con el País Vasco. Y en Madrid se hizo también con un piso en la calle del Príncipe de Vergara, en el céntrico barrio de Salamanca. No hay mucha información publicada ni sobre él ni sobre su hermano, pero ambos sí aparecen en numerosos artículos de medios digitales citados como expertos tecnológicos, energéticos o analistas de consultoría.
Tras recibir una petición de Francia y otra de la Fiscalía de Ginebra, fuentes de la causa explican que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía organizó un operativo de entradas y registros el pasado año que terminó con la incautación de material de Martín Baca y de Díazgranados, entre otros, en inmuebles de la capital, de Tenerife y de Mallorca.
La compra de pisos o la venta de relojes de lujo era parte de la actividad para blanquear el dinero procedente de supuestos delitos de malversación a través del oro o de ayudas sociales en Venezuela. La Fiscalía relata que “en algunos casos, a través de sociedades mercantiles [usadas] para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero” los investigados lavaron dinero tanto con la adquisición de inmuebles como con la “suscripción de contratos de préstamo de la sociedad Plus Ultra”.
Díazgranados (61 años) reside desde hace casi una década a caballo entre Nueva York y una zona residencial exclusiva en la ciudad dominicana de La Romana, según relatan citadas fuentes. El medio digital venezolano Armando.info publicó una investigación en la que detallaba que era “uno de los operadores financieros predilectos del chavismo, en los tiempos de Hugo Chávez”. Una filtración de documentos de la banca privada suiza CBH reveló su meteórico ascenso y que él fue el encargado de gestionar 1.500 millones de euros de Venezuela para invertir en bonos de Reino Unido.
La Fiscalía Anticorrupción ubica a Baca Arbulu y a Díazgranados como parte de una “presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, constituida presuntamente por personas extranjeras, nacionalizados españoles”. En la información que llegó de esos países también se mencionaba a un abogado español, a otros dos ciudadanos (un peruano y una venezolana) y al neerlandés Simón Leendert Verhoeven.
Este último garantizó en su momento tres fondos de capital riesgo que sirvieron para financiar Plus Ultra con préstamos de cerca de 1,3 millones de euros. Dos se suscribieron entre octubre y noviembre de 2020 —a través de una sociedad domiciliada en Inglaterra y representada por Verhoeven y de un fondo domiciliado en Suiza— y uno más en enero de 2021, por una sociedad registrada en Gibraltar. Anticorrupción cree que la compañía aérea desvió la ayuda del rescate en “fechas consecutivas a la recepción del mismo” que fue el 9 de marzo de 2021, tras la luz verde del Consejo de Ministros.
La investigación en Francia continúa bajo secreto, según fuentes conocedoras, y lo mismo ocurre en España, por lo que todavía queda conocerse muchos detalles de la operativa de supuesto blanqueo. Hasta el momento, fuentes jurídicas confirman que tanto el presidente de Plus Ultra como el consejero delegado Julio Martínez Sola y Roberto Roselli forman parte de los principales imputados en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. También aparecen Julio Martínez Martínez, un empresario que cuenta con una maraña de sociedades cuya sede social está en una nave industrial de Alicante, y un abogado español que ayudó supuestamente en la compra de algunos de los inmuebles. Los cuatro fueron detenidos por la UDEF la semana pasada y quedaron en libertad el sábado con medidas cautelares.