El PSOE acusa a la gerente del Servicio Andaluz de Salud de cometer ilegalidades en los contratos de emergencia sanitarios

El PSOE ha acusado a la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, de cometer supuestas ilegalidades en los contratos de emergencia sanitarios, que ascendieron a 242 millones entre 2020 y 2024. Los socialistas dan ejemplos de cómo García, que declara este martes como investigada ante el juez José Antonio Gómez, firmó presuntamente el año pasado unas adendas a un contrato para justificar a posteriori operaciones con la sanidad privada que carecían de base legal.

La declaración como imputada de la actual gerente ante el magistrado titular del Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla junto a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, llega cargada de expectación. Sobre todo después de que la semana pasada la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, admitiera como testigo que el Gobierno andaluz aprobó en 2020 cambiar la fiscalización de los contratos del SAS sin informes preceptivos previos, basándose solo en una petición verbal realizada entre viceconsejeros en el llamado Consejillo.

El PSOE, personado como acusación popular en el caso, ha peinado parte de la frondosa selva de miles de contratos entre el SAS y las clínicas privadas abonada ese lustro tras la pandemia, y ha encontrado pruebas que supuestamente incriminan a García en ilegalidades. Tras la documentación de los convenios aportada por el SAS ―que el juez, la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE consideran incompletas, extremo que la Junta rechaza― el caso ha alcanzado un considerable volumen y acumula ya 161.114 páginas y 37.958 archivos, según el último escrito presentado por los socialistas el pasado miércoles. Ante tal cantidad de información, el PSOE le ha pedido al magistrado que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) le auxilie en el proceso.

Durante la instrucción, los socialistas han acusado al SAS de “alteraciones documentales” en los contratos enviados al juez, y han sugerido que García puede haber influido en los funcionarios encargados de remitir toda la información al juzgado para lograr que oculten datos relevantes para las pesquisas que lidera la Fiscalía Anticorrupción. Ahora el PSOE da un paso más y le acusa de haber supuestamente firmado una adenda ilegal para justificar unos pagos realizados a posteriori sin estar amparados por un contrato.

“Encontramos inexplicables irregularidades, muy severas y groseras, esta vez con motivo del análisis de las adendas que en 2024 firmó la investigada Valle García”, denuncia el PSOE. El ejemplo es el siguiente: el 25 de mayo de 2022 la clínica onubense Cedico extendió una factura por 26.370 euros para que el SAS la abonara por unos servicios prestados durante el mes de noviembre de 2020. El certificado de conformidad del SAS previo al pago de la factura subraya ese mes y ese importe, pero sin la relación de pacientes, intervenciones o precios.

A continuación, Cedico extendió una factura el 25 de mayo de 2022 por 58.435 euros por unos servicios prestados durante el mes de diciembre de 2020. El certificado de conformidad del SAS, emitido el 12 de mayo de 2022, coincide con esa fecha e importe económico, pero sin pacientes, intervenciones ni precios. Cedico (Centro de Diagnóstico por la Imagen) identifica que estas dos facturas, que suman 84.805 euros, están dentro del expediente 992/2020, pero dicho contrato del SAS con Cedico estaba agotado y terminado, ya que ascendió a 20.000 euros y ya hubo una factura precedente a ambas facturas.

El único contrato por el SAS con Cedico está fechado el 27 de noviembre de 2020 por importe de 20.000 euros y aclara que el plazo de ejecución es del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020. En la misma carpeta del contrato 992/2020 se encuentra la única factura presentada, por importe de 10.270 euros, por servicios prestados en enero de 2021. El certificado de conformidad del SAS para el pago de dicha factura asegura que los servicios se prestaron en diciembre de 2020. Dicha factura se pagó, tal y como demuestra la carpeta de documentos aportada al sumario del caso.

Pues bien, agotado el contrato de 20.000 euros hasta finales de 2020, Cedico presenta en mayo de 2022 facturas por servicios que no están identificados y por importes adicionales de 26.370 y 58.435 euros, las cuales el SAS admite y paga, pese a que 64.805 euros carecían de cobertura por contrato, que ya estaba extinguido por importe y vigencia.

La gerente del SAS, Valle García, tomó posesión el 27 de diciembre de 2023, y en vez de investigar y depurar posibles responsabilidades, “inconcebiblemente”, según el PSOE, en julio de 2024 firmó una adenda retrospectiva en el expediente 992/2020, para introducir efectos en dicho expediente, cuatro años después, por “unos servicios que ni están justificados, ni están dentro del contrato, ni tienen la menor cobertura legal”. Los socialistas indican al juez la ruta para encontrar los documentos, incluida esta última adenda, que contiene el pago “por unos servicios no justificados que, de existir, fueron prestados sin cobertura contractual de ninguna clase”.

La adenda firmada hace un año por García especifica que el plazo de ejecución del contrato es del 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de dicho año. Sin embargo, la fecha original del contrato firmado con el SAS era el 30 de diciembre de 2020. La estipulación tercera de la adenda reza que “los centros contratados serán asimismo responsables de no superar el importe máximo sin autorización expresa del órgano de contratación”.

Ante la dificultad para encontrar los contratos, facturas y adendas, los socialistas le piden al juez que la prueba pericial que analice toda la documentación de las más de 160.000 páginas le corresponda a la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), para que designe peritos competentes que aclaren y peinen los miles de expedientes administrativos que acumula la causa. El objetivo es que los interventores puedan poner orden y escudriñen los miles de correos electrónicos, contratos, prórrogas, adendas, comunicaciones y facturas que aclaren las relaciones entre el SAS y la sanidad privada entre 2020 y 2024.