Leire Díez explica ante el juez que se reunió dos veces con Cerdán “como periodista”

La exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset han pedido al juez que los investiga por presunto delito de tráfico de influencias y de cohecho que elimine las grabaciones de la causa. Díez ha señalado este lunes que se reunió dos veces con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en abril de 2024 y que lo hizo “como periodista”, según confirman fuentes presentes en la declaración. Pérez-Dolset ha señalado, además, que a una de las citas acudió el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando. Ambos han negado conocer personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más allá de coincidir Díez con él en algún mitín.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, había citado desde esta mañana a Díez y a Pérez-Dolset para declarar como principales investigados de una “actuación delictiva, continuada y coordinada” para “recabar información comprometida o irregular” de la cúpula de la Fiscalía y de la Guardia Civil con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según expuso en un auto.

Las declaraciones, finalmente, se han prolongado a la tarde porque el magistrado ha dedicado la mañana a reproducir en sala los audios que constan en el sumario como pruebas contra su actuación. Díez, que ha estado algo más de una hora, ha expuesto que solo se reunió dos veces con Cerdán en las fechas en las que la mujer del presidente del Gobierno fue imputada y Pedro Sánchez escribió una carta a la ciudadanía para tomarse unos días de reflexión.

Ha respondido solo a preguntas del juez, la fiscal y su letrada y ha concretado que las reuniones con Cerdán las consiguió la periodista Patricia López —directora del digital Crónica Libre—, y consistieron en informar al PSOE de algunas causas de las que sus miembros habían sido víctimas por las cloacas policiales y judiciales. Díez, que dice que cogió el testigo de López en las investigaciones periodísticas cuando esta enfermó, enmarcó sus citas con el socialista dentro de otras con distintas personas a las que pasaba información.

Dolset, que se ha prolongado más de dos horas en su relato, ha puntualizado que las dos reuniones fueron muy seguidas, de unos 40 minutos cada una y que en la primera ocasión estuvo también Hernando presente. Según su versión, un desconocido que conocía el caso Villarejo le había entregado todos los audios que grabó el comisario jubilado (José Manuel Villarejo) durante años y Dolset, entonces, se dedicó a contactar con “víctimas” del espionaje y darles lo que había obtenido.

Fuentes del entorno de Antonio Hernando confirman esa reunión. Según explican, el entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno acudió porque así se lo pidió Santos Cerdán, por su conocimiento del caso Villarejo, como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso cuando el PSOE impulsó la primera comisión de investigación sobre este asunto. Según esas fuentes, Hernando escuchó, no tomó la palabra en esa reunión, que se extendió durante unos 20 minutos, y en la que concluyó que la información que ofrecían los participantes era la conocida y estaba judicializada. Esa es la única ocasión en la que, según el entorno de Hernando, este se vio con Leire Díez en todos estos años, informa José Marcos.

La que fuera también exdirectora de filatelia de Correos y exjefa de comunicación en Enusa ha negado que trabajara para la formación que dirige Pedro Sánchez y ha dicho que llevaba 20 años afiliada, pero que no tenía ningún vínculo con la dirección del partido como se escucha en los audios aportados en la investigación. Ambos han cortado cualquier intento de vincularles con esas grabaciones y han dicho que “no se reconocen”. De hecho, han presentado sendos escritos para apartar los audios de la causa.

Sobre la fotografía que publicó El Confidencial en la que se veía a Díez entrando en la sede del PSOE en Ferraz, la exmilitante ha explicado que acudió apenas unos minutos para verse con una persona que conocía. Ha negado igualmente cualquier relación con Sánchez, al que ha visto únicamente en “mitines” y con quien se hizo una fotografía, ya publicada por la prensa, en un acto de campaña en el paraninfo de la Universidad de Cantabria. Allí, en el municipio de Vega de Pas, Díez fue teniente de alcalde.

Ella ha asegurado que han hackeado el Google Drive que tenía compartido con Dolset y en el que iban almacenando información de sus investigaciones. Estos hechos los han puesto en conocimiento de la policía, señalan dichas fuentes. Como también pretende denunciar en los próximos días amenazas directas que ha sufrido por la filtración de su teléfono y de la dirección de su casa.

El empresario ha detallado la existencia de un grupo de WhatsApp que compartían periodistas y fiscales en el que se filtraba información de distintas causas. La fiscal de la causa ha tratado de cortar estas cuestiones del interrogatorio por no tener que ver con el objeto de la investigación, pero el juez Zamarriego le ha permitido continuar.

La nulidad de los audios

La defensa de ambos ha solicitado a primera hora del día la nulidad de todos los audios, incluido el que grabó el fiscal Ignacio Stampa en la reunión con los dos, en la que Díez se presentaba como “mano derecha” del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Ambos estaban citados a las 11.30, pero no ha sido hasta mediodía cuando han entrado en la sala. El magistrado Zamarriego ha decidido que entraran juntos primero para escuchar los audios que constan en las diligencias, como las tres horas y media de grabación recogidas por Stampa de una reunión el pasado 7 de mayo. En ese audio se escucha a Díez decir que es la “mano derecha” de Cerdán, o que es “la persona que ha puesto el PSOE” para indagar en la mala praxis de fiscales y policías. Finalmente y tras detectar dificultades en el sonido, el magistrado ha decidido enviar dicho audio para que sea mejorado por policía judicial.

En el recurso interpuesto por la letrada de Leire Díez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que Stampa realizó una “investigación extraprocesal y prospectiva” vulnerando el derecho de Díez y del empresario Pérez-Dolset a mantener el secreto de las comunicaciones. Explica que el fiscal no tenía un mandato judicial y que emprendió una investigación “sin denunciar los hechos previamente” tras la reunión en el despacho del expresidente de la constructora Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Díez solicita anular una segunda grabación, la realizada en el despacho del actual letrado de Cerdán, Jacobo Teijelo, el pasado mes de febrero. En ella, Díez y Pérez-Dolset hablan con un empresario de hidrocarburos procesado en la Audiencia Nacional por fraude. La exmilitante socialista le ofrecía sentarse con la Fiscalía si le da cierta información sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre otros: “Necesito a Balas, ¿vale?, así de claro, necesito a Balas”, dijo.

La defensa alega que en ese caso prevalece el “derecho al secreto profesional” y la “confidencialidad de las comunicaciones” porque se trataba de una reunión en el despacho de un abogado. Señala que es una “intromisión ilegítima” en los derechos de todas las personas que había en ese encuentro de “ámbito privado” y que tenía como fin “trazar una estrategia” de unos clientes. El recurso explica que los medios han fragmentado ese audio con “interés periodístico” y que, además, ninguno de los interlocutores consintió la grabación.

En la misma línea, la defensa de Pérez-Dolset ha presentado otro escrito solicitando que se aclare por qué él ha sido citado como investigado cuando inicialmente se le había llamado a declarar como testigo. “De lo actuado hasta la fecha se desprende que se está realizando una instrucción de carácter prospectivo”, indica el recurso. A su juicio, esta está basada en “recortes de prensa”, y la reunión con Stampa, en la que el empresario participó, no reviste hechos delictivos porque él mismo reconoció que “ni le pidieron nada ni le prometieron nada”, indica. “El respeto a la libertad de prensa y al derecho de información no puede traducirse jamás, so pena de tambalear los cimientos del Estado de derecho, en trasladar las conclusiones de trabajos de prensa a una instrucción penal”, refleja.