El PSOE denuncia que el Servicio Andaluz de Salud ha eliminado pruebas de supuestas falsedades en los contratos de emergencia

Nuevo giro de guion en el caso de los contratos de emergencia sanitarios del Gobierno andaluz (PP). El PSOE, personado como acusación popular, ha denunciado a través de un escrito del pasado miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha eliminado pruebas de una supuesta falsedad al ocultar y eliminar expedientes clave para la causa y que el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla,...

Nuevo giro de guion en el caso de los contratos de emergencia sanitarios del Gobierno andaluz (PP). El PSOE, personado como acusación popular, ha denunciado a través de un escrito del pasado miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha eliminado pruebas de una supuesta falsedad al ocultar y eliminar expedientes clave para la causa y que el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, había exigido para esclarecer el caso.

Según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, los socialistas acusan al organismo que gestiona la sanidad pública andaluza de “alteraciones documentales” y alertan al magistrado de que el SAS ha ignorado por completo su orden directa para remitirle todos los detalles de los contratos firmados por 242 millones entre 2020 y 2024. Dada esta omisión, que ocurre por segunda vez, el PSOE reclama que la Guardia Civil entre en la sede del SAS para incautarse de toda la documentación que el Ejecutivo está evitando remitir al juzgado.

Los socialistas señalan directamente a la actual gerente del servicio santanita rio, Valle García, investigada en el caso, y sugieren que puede haber influido en los funcionarios encargados de remitir toda la información al juzgado para lograr que oculten datos relevantes a las pesquisas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, le piden al juez que se asegure de que García no intervenga en el envío de documentos a partir de ahora.

El escrito pide que los agentes se personen en la sede de los servicios centrales del SAS para incautarse en sus ordenadores y servidores informáticos con “la totalidad de los expedientes de contratación investigados en cualquier formato existente ―digital o papel―, así como cualquier documentación relacionada con los mismos: expedientes, facturas, certificados, comunicaciones, correos electrónicos relacionados con cada uno de los prestadores de servicios y proveedores”.

El juez Gómez exigió el pasado mayo al SAS “claridad y precisión” para que le enviara cada detalle de todos los contratos de esos cinco años (2020-2024) firmados con las clínicas de la sanidad privada para aclarar exactamente cómo fueron concertados los servicios, después de que ya se le mandara la documentación de manera deslavazada e incompleta. Pero los documentos remitidos este verano tampoco están ordenados y el PSOE asegura que ha hallado numerosas pruebas de que han sido manipulados, por lo que demanda que sea la Guardia Civil quien la requise, para así cerciorarse de que no se pierde ningún rastro documental.

El Gobierno andaluz rebate las acusaciones y asegura que el juzgado cuenta con todos los documentos exigidos: “El SAS ha enviado toda la documentación que se ha solicitado. Absolutamente toda, con el firme propósito de colaborar en todo lo posible. Los correos electrónicos que según el escrito del PSOE no se han remitido se remitieron al juzgado en enero de 2024. Y están incorporados a la causa. Se trata de una maniobra del PSOE para intentar dilatar los trámites y alargar la causa artificialmente, tratando de impedir que los testigos y los investigados puedan comparecer ante el juez para demostrar la verdad”, responden fuentes del Ejecutivo.

El PSOE cita en su escrito documentos, facturas y certificados que revelan una presunta manipulación de fechas para esconder que el plazo límite de los contratos de emergencia, el 17 de mayo de 2023, se sobrepasó con convenios que no podían acogerse a esa fórmula administrativa excepcional. Pero es solo uno de los ejemplos citados para demostrar que el SAS desoye supuestamente la orden de colaborar con la justicia. El PSOE también denuncia que se omitió presuntamente documentación contractual por valor de 53 millones de euros, dado que la suma de los acuerdos de emergencia entre el 20 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 se elevó a 242 millones, pero la suma de los expedientes remitidos ahora por el SAS asciende a solo 189 millones.

Para acreditar esta supuesta rebaja económica, el escrito destaca como ejemplo un contrato con el proveedor Amaveca Salud SL, cuyo resumen, aportado por el SAS, dice que facturó 2,7 millones, cuando la carpeta del proveedor acredita un contrato inicial y tres adendas que elevan el importe hasta los 4 millones. Dada la relevancia y volumen de la documentación que contienen los contratos y que el SAS supuestamente no ha aportado, el partido socialista reclama al juez que suspenda la declaración prevista de cinco testigos el próximo 18 de noviembre, entre ellos la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, y la exinterventora delegada del SAS, Blanca Pons.

El PSOE considera que la gerente, en caso de haber dado orden de ocultar información, podría estar amparada por su derecho fundamental a no autoincriminarse, y por eso reclama que sean las Fuerzas de seguridad del Estado las que intervengan para lograr que la documentación llegue al juzgado “genuina y completa, sin mutilaciones”. El SAS menciona en sus textos que responde a aspectos de la querella que desencadenó la investigación judicial, lo que demuestra que ha tenido acceso a la misma pese a que en teoría las actuaciones son secretas, salvo para su máxima dirigente y sus predecesores. “Esta actitud defensiva y el acceso a material secreto restan credibilidad a la documentación aportada y refuerzan la sospecha de que la propia investigada podría estar controlando la información que se facilita al juzgado, influyendo presuntamente en los funcionarios que tienen el deber de colaborar objetivamente con la justicia”, reza el escrito.

Sobre el ejemplo de Amaveca Salud SL, los socialistas apuntan a que es “plausible” que esa misma práctica de aportar documentación por importe inferior al contratado se haya repetido con el resto de proveedores del SAS. En el CD inicial “se deslizó” un correo electrónico que demuestra el modus operandi: las adendas se firmaban cuando la clínica comunicaba haber superado el 80% de ejecución, un correo que el SAS omite ahora, según el escrito.

“Tras un primer traslado documental confuso e incompleto, se instó como diligencia esencial que el SAS remitiera la totalidad de la documentación (…) esta solicitud se fundamentó en el hallazgo de correos electrónicos y comunicaciones que apuntaban a presuntas prácticas fraudulentas graves, como la simulación y falseamiento de fechas (…) el Ministerio Fiscal, advirtiendo la misma omisión por parte del SAS, solicitó al magistrado que se aportasen los expedientes íntegros, ordenados”, recuerda el escrito del PSOE. El juez movió ficha la pasada primavera y ordenó al SAS que suministrara la información ordenada.

“El SAS ha omitido de nuevo, por segunda vez, presuntamente, de manera consciente y sin explicación, una parte esencial de lo solicitado, generando una razonable sospecha de ocultación de evidencias delictivas”, denuncian los socialistas. Y rubrican con tono grave: “No se ha aportado absolutamente nada en relación con las comunicaciones y correos electrónicos de los responsables del SAS con los proveedores. Resulta tremendamente llamativo que mientras en el primer envío sí se deslizaron algunos correos electrónicos reveladores, ahora, tras ser requeridos expresamente para aportar la totalidad, el SAS no solo no aporta el resto, sino que omite incluso aquellos pocos que ya había entregado. Parece una reconstrucción ad hoc de los expedientes para ocultar cualquier comunicación comprometedora”.

En paralelo, el escrito evidencia que el SAS tampoco cumple la orden del juez de identificar a la persona designada responsable de cada concreto y expediente, por lo que no es posible que la investigación prospere y averigüe los responsables de cada posible delito.

Otro ejemplo aportado por los socialistas es que desde el 30 de septiembre de 2022 las resoluciones marco de emergencia solo amparaban la derivación de pruebas diagnósticas oncológicas, pero hay un archivo de Excel que demuestra cómo se siguieron derivando pacientes para pacientes no oncológicos, pendientes de hernias, cataratas o vasectomías. En la documentación aportada ahora por el SAS no hay rastro de esos expedientes con derivaciones no oncológicas supuestamente irregulares y posteriores al 30 de septiembre de 2022.

El pasado mayo el juez del caso ya subrayó cómo en 2020 el SAS concertó con la sanidad privada una tarifa distinta para las operaciones y pruebas diagnósticas que ya ejercían los hospitales y clínicas privadas bajo otros precios hasta entonces vigentes. Por lo tanto, las mismas intervenciones a pacientes que ya estaban concertadas a un precio determinado, el Ejecutivo autonómico decidió cambiarlo en plena pandemia. La pregunta que flota es por qué esos precios ya concertados se incrementaron para aumentar el gasto público, lo que podría incurrir en una malversación. Sobre esta espinosa cuestión, el Gobierno andaluz evitó responder el pasado mayo a este diario.