Interior rescinde oficialmente el contrato a la empresa israelí que iba a suministrar balas a la Guardia Civil
La decisión, que puede ser recurrida, niega el pago de una indemnización a la compañía armamentística
El contrato para que una empresa israelí suministrase munición a la Guardia Civil ya está oficialmente rescindido. El Ministerio del Interior ha hecho público este lunes el acuerdo por el que incoa un expediente administrativo para anular la adjudicación a la empresa IMI Systems Ltd de la compra de 17 millones de balas para el instituto armado por un importe de 6,6 millones de euros. El motivo esgrimido es “por imposibilidad legal sobrevenida, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel”. En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el departamento de Fernando Grande-Marlaska concluye que, dadas las circunstancias por el que se ha anulado, la empresa no recibirá ninguna indemnización y únicamente se le devolverán los 274.500 euros que la compañía (el 5% del importe de la licitación) adelantó como garantía. La decisión es recurrible por parte de la mercantil.
La decisión de Interior pone momentáneamente punto y final a una adjudicación que, cuando se conoció el pasado abril, sacudió la política española. El contrato desmentía las palabras de Sánchez en el Congreso, donde había prometido que no habría ni compra ni venta de armamento con Israel o empresas de este país mientras siguiera la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. La polémica puso en peligro tanto la coalición de Gobierno entre PSOE y Sumar ―una de sus formaciones integrantes, IU, apuntó incluso a la posibilidad de salir del Ejecutivo― como los apoyos parlamentarios del bloque de investidura. Interior había publicado la formalización del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de abril, en plena Semana Santa, después de haber asegurado que lo iba a anular. Para evitar una crisis política mayor, el presidente desautorizó a Grande-Marlaska ―que hasta entonces continuaba defendiendo seguir adelante con la compra para no causar un perjuicio económico a las cuentas públicas― y ordenó “rescindir de forma unilateral” el contrato.
En el acuerdo que firma ahora la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se detalla que el pasado 11 de julio el Servicio de Armamento solicitó una licencia a la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso (dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) para importar un primer lote de 5,5 millones de balas. Un mes después, este organismo del departamento de Carlos Cuerpo denegaba la solicitud tras recibir un informe vinculante en ese sentido de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). “Esta resolución denegatoria imposibilita la recepción del material en tiempo y forma”, recalca Interior. El documento añade que esta postura se ha visto corroborada tras la publicación, el pasado 23 de septiembre, del real decreto por el que se adoptaban medidas urgentes contra el genocidio en la Franja de Gaza y de apoyo a la población palestina. La rescisión del contrato abre ahora la puerta a una nueva licitación para el suministro de la munición.
Fuentes de Interior apuntan que la rescisión del contrato no ha supuesto, en ningún caso, un desabastecimiento de balas para la Guardia Civil. De hecho, para evitar ese problema, Interior decidió que la entrega de un tercer lote de munición que se adjudicó entonces y que fue adjudicado a la empresa checa Sellier & Bellot (4,5 millones de balas de 9 milímetros No Tox, utilizadas habitualmente en las prácticas que se realizan en galerías de tiro) se adelantase unos meses. En aquella licitación, además de la empresa israelí y la checa, también se presentaron la compañía italiana Fiocchi Munizioni Spa y la brasileña Omena Technologies SL, por lo que se da por seguro que no habrá problemas para realizar la compra.
Comparecencia del ministro
La compra de las balas israelíes obliga a Grande-Marlaska a comparecer en el Congreso el 21 de mayo para explicar su actuación. Entonces aseguró que su ministerio había conocido el 29 de octubre del año pasado que la empresa adjudicataria de dos de los tres lotes de balas de aquel expediente de compra era israelí y que entonces ordenó “de manera inmediata parar la tramitación del expediente y estudiar la mejor vía para su rescisión”. Sin embargo, añadió que “durante seis meses” su departamento exploró “todas las vías legales posibles para anular la adjudicación”, pero que no se encontró “ninguna que no implicase un perjuicio patrimonial para el Estado”, ya que había que abonar el valor del material, sin recibirlo
La respuesta de la empresa israelí y del gobierno de Netanyahu a la decisión del Ejecutivo español no se hizo esperar. La primera anunció medidas legales, mientras que el primer ministro israelí condenó la decisión y afeó que con ello lo que estaba haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es supuestamente dejar de lado la seguridad “por fines políticos”. España reconoció el Estado de Palestina en mayo del año pasado —lo que llevó a Israel a llamar a consultas a su embajadora en Madrid— y ha exigido en numerosas ocasiones el fin de la guerra en Gaza. Además, en junio, España solicitó formalmente intervenir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunto delito de genocidio.