El juez exige ahora a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que los investigue la UCO

El juez Juan Carlos Peinado ha dado este miércoles un paso más en la investigación que mantiene abierta desde hace más de un año contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha reclamado a la Presidencia del Gobierno que le entregue una copia de todos los correos electrónicos que Gómez envió y recibió desde su cuenta oficial de La Moncloa desde julio de 2018 hasta la actualidad. Peinado ha tomado esta decisión después de que a comienzos de agosto se dirigiera a la Presidencia del Gobierno para que aclararan si la mujer de Sánchez contaba con “un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es”.

“A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos (...) desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha”, pide Peinado en un escrito notificado este miércoles, en el que acuerda que esos correos se envíen también a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “para su análisis“.

El titular del Juzgado 41 de Madrid investiga a Gómez por su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero a lo largo de la instrucción ha ido añadiendo hechos y delitos que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno, a la que ya investiga por tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, el último delito en sumarse a la lista y que el titular del Juzgado 41 de Madrid vincula a la contratación de la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada.

En otra resolución también dictada este miércoles, Peinado accede a cambiar la fecha de la declaración como investigada de la esposa del presidente por este nuevo delito. El magistrado ha adelantado un día la comparecencia, del 11 de septiembre al 10, a petición del abogado de Gómez, que tenía fijada con anterioridad otra cita judicial en Canarias.

El juez pide ahora información sobre la cuenta vinculada al Gobierno, pero ya en julio pasado solicitó a la Universidad Complutense de Madrid el volcado y contenido de la cuenta del correo oficial de la cátedra que dirigía Gómez.

El magistrado está volviendo a centrar ahora su actuación en la esposa del presidente después de que el Tribunal Supremo le desautorizara y cerrara la puerta a encausar al ministro de presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como había reclamado Peinado. Esa enmienda del alto tribunal se suma a otras que ya habían hecho distintas instancias a la instrucción del juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno y que le han obligado a cerrar líneas de investigación en las que se había adentrado (la centrada en el fichaje de Gómez por el Instituto de Empresa (IE) para dirigir el Africa Center) o a dejar sin efecto imputaciones que él había acordado (las de Joaquín Goyache, rector de la Complutense, y la Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre).

La decisión de imputar ahora a Gómez y su asistente por malversación, según argumentó el instructor, estuvo apoyada en un auto de la Audiencia Provincial del pasado junio, que avalaba la investigación de Peinado sobre un posible delito de malversación de fondos públicos. Estos magistrados apuntaron a La Moncloa y, en concreto, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como una “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo, que consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo.

En la resolución de este 3 de septiembre, el juez también pide a la Moncloa que indique el nombre de las “distintas personas” que han venido desempeñando el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno y que se identifique al responsable de “autorizar, aprobar y ordenar” el pago del salario de la asesora, a la que acusa de dedicar parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, con tareas como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente. Álvarez declaró en diciembre pasado que solo le hizo favores en sus proyectos académicos por su relación de amistad con Gómez, pero, tras esa declaración, el magistrado cambió su estado procesal de testigo a investigada.

Peinado da ahora un nuevo paso en su investigación contra Gómez en pleno revuelo por las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno el pasado lunes en una entrevista en TVE, donde aseguró que “hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”. “Esto es un caso palmario de que hay un problema de instrucción, de pena de telediario, que están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, insistió Sánchez, em referencia a las investigaciones abiertas contra su esposa y contra su hermano.

La solicitud de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde su cuenta corporativa de Gómez en La Moncloa, fue reclamada por Vox, personada en la causa como acusación popular. “Teniendo en consideración que efectivamente se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida, inicialmente, por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida junto con otro profesor, parece necesario y útil y, por tanto, pertinente” conocer la posible existencia de ese correo", señaló Peinado en la resolución en la que instó a la presidencia del Gobierno a informarle sobre la posible existencia de una cuenta de correo de Gómez vinculada a La Moncloa.

Según se desprende de la providencia notificada este miércoles por el juez, la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno ha confirmado que la esposa del presidente tiene un correo corporativo desde que Sánchez llegó al poder, lo que lleva a Peinado a reclamar todos los mensajes enviados o recibidos desde el 11 de julio, fecha del nombramiento de Álvarez como su asesora, hasta la actualidad.