Castilla-La Mancha insiste en retirar a unos padres la tutela de su recién nacida pese a que Servicios Sociales abre la puerta a devolvérsela

Desde que hace más de dos meses, el pasado 12 de diciembre, técnicas del Servicio de Menores y Familia de la Delegación de Bienestar Social de Toledo se llevaran abruptamente a su hija recién nacida del Hospital Universitario de Toledo, Abdel Tahiri (32 años) y Yumara Oliver (19 años) viven pendientes de lo que decida el juez del juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que investiga si esa retirada d...

Desde que hace más de dos meses, el pasado 12 de diciembre, técnicas del Servicio de Menores y Familia de la Delegación de Bienestar Social de Toledo se llevaran abruptamente a su hija recién nacida del Hospital Universitario de Toledo, Abdel Tahiri (32 años) y Yumara Oliver (19 años) viven pendientes de lo que decida el juez del juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que investiga si esa retirada de tutela está justificada. Según el informe de Menores y las grabaciones a las que tuvo acceso EL PAÍS, las razones para quitarles a la niña se sustentan en el pasado de la madre, una mujer tutelada por ese mismo departamento de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha desde los nueve hasta los 18 años. “La historia previa, de maltrato y abandono que ha tenido Yumara hace que sus capacidades marentales estén disminuidas o nulas”, les dijo la técnica el día antes de que se llevaran a la niña y obviando la existencia del padre en todo momento, también en los informes.

La pareja pelea desde entonces de la mano de su abogado, Julián Sánchez Rojas, para recuperar a su pequeña. Han asistido a todas las citas a las que los han convocado en la Delegación, por supuesto a todas las visitas para ver a su hija (en un régimen impuesto de una al mes de una hora de duración), y han mantenido ya tres entrevistas (una de ellas en su propia casa) con las asistentes de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, en el marco de “un plan de intervención” establecido también por la Delegación de Bienestar Social, que no realizó ningún estudio previo de la pareja antes del nacimiento de la niña.

En el último encuentro con los servicios sociales locales del Casco Viejo de Toledo, el pasado 11 de febrero, las técnicas —con las que la pareja asegura tener un trato cercano y cordial, frente al que existe con las de la oficina de Menores—, les hablaron de la posibilidad de que se cambiase la situación de la menor de “desamparo” a “riesgo”, como propuso el abogado Sánchez Rojas en su denuncia, con el fin de que se pudiese realizar un seguimiento de los padres in situ, con la niña en su casa. El “desamparo” implica una retirada inmediata de la tutela, mientras que una situación de “riesgo” contempla una gama de opciones en la que los progenitores no tienen por qué perder tan drásticamente el vínculo con su hijo.

“Parte de la valoración puede ser una declaración de riesgo, pero con un seguimiento, es decir, que nosotras lo condicionaríamos a que la niña se incorporase a una escuela infantil, a que tuvierais apoyo de ayuda a domicilio, apoyo emocional y psicológico… Nosotras hacemos la propuesta, pero la decisión no depende de nosotras, sino del departamento de Menores”, les explicaron las técnicas. Sin embargo, añadieron: “En vuestro caso, ni siquiera nos han pedido que hagamos una propuesta, sino que trabajemos una serie de cosas, de áreas (y rellenemos: sí, no, sí, no, sí, no…) y, en función de eso, seguirá o no la medida. Pero no nos piden una valoración, es solo intervención, apoyo, o sea que, no vamos a proponer porque no nos lo piden”.

Ni valoración, ni propuesta

La Delegación de Bienestar Social no solicita, según las asistentes sociales del Ayuntamiento toledano, valoración ni propuesta alguna, sino mera intervención. Por lo que, aunque ellas abran la puerta a un cambio de situación para poder realizar un seguimiento de los padres con su hija en su casa, las técnicas de Menores (dependientes de la Consejería de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha) mantienen la medida de la retirada de la menor con una familia de acogida, con la que lleva ya casi dos meses y medio.

Preguntada por EL PAÍS, fuentes de la consejería argumentan que “se trata de un caso que ya está judicializado, y será en el juzgado donde aportaremos la información que se requiera a la Administración por parte del juez, de manera exhaustiva y pormenorizada”. “Mientras, se está trabajando de forma coordinada y coherente entre los equipos de servicios sociales y de Infancia y Familia [Menores], como en cualquier otro caso, con total profesionalidad y sin entrar a valorar nosotros la adecuación al procedimiento”, insisten las mismas fuentes. “Dado que son casos muy delicados y se prioriza el interés superior del menor, no debemos entrar a valorar ni desvelar nada del caso ni del expediente, siempre velando por la protección de la menor”, reitera la portavoz de la consejería.

Técnicas de los servicios sociales locales de Toledo han manifestado a la pareja que uno de los programas previstos por la consejería para estas situaciones, que se llama Caminar en Familia, está inactivo, sin dotación alguna. Se trata del programa cuya aplicación reclamó el abogado en su denuncia por prevaricación en el juzgado de lo penal como medida cautelar. EL PAÍS ha confirmado con otras asistentes sociales de la provincia este particular, aunque la consejería asegura que sí que está activo, pero no aportan datos ni sobre la dotación presupuestaria que tiene, del personal asignado al programa o el número de usuarios beneficiados.

Los padres han presentado esta semana otro escrito más en la Delegación de Bienestar Social en el que manifiestan: “Del seguimiento realizado por los Servicios Sociales del Casco Histórico ha quedado acreditado que mi hija no se encuentra en ninguna situación de desamparo y que, si se decretara la situación de riesgo con las medidas que sean oportunas, mi hija debería ser entregada lo antes posible a sus progenitores”. En el escrito, se califica la actitud del departamento de Menores de “obstruccionista” y le suplican al delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz Hernández, que declare una situación de riesgo, con entrega de la niña y con seguimiento mediante un dispositivo itinerante de menor en la familia o a través de programa Caminar en familia. “Porque cada día que pasa sin nuestra hija nos está provocando unos daños personales y psicológicos de imposible reparación”.

Si conoce el caso o alguno similar escriba a la autora: portega@elpais.es