El juez archiva la investigación por acoso sexual contra el alcalde de Estepona pero sigue indagando si cometió malversación
El magistrado cierra el caso de acoso y coacciones a un funcionario y a su pareja
El Juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona ha archivado la denuncia contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por acoso sexual y coacciones a un funcionario municipal y a su pareja, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La decisión llega después de una investigación que se ha desarrollado durante tres meses y que ha contado con las declaraciones tanto del trabajador y s...
El Juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona ha archivado la denuncia contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por acoso sexual y coacciones a un funcionario municipal y a su pareja, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La decisión llega después de una investigación que se ha desarrollado durante tres meses y que ha contado con las declaraciones tanto del trabajador y su mujer como del propio regidor, que siempre mantuvo que era una denuncia falsa dirigida a socavar su imagen. En un comunicado emitido esta mañana, García Urbano insiste que se trataba de una campaña que buscaba “dañar su dignidad personal” y apartarlo “de su compromiso con Estepona”. De momento, eso sí, la justicia mantiene abierto otro caso contra el alcalde por un supuesto delito de malversación de caudales.
El caso arrancó a mediados del pasado mes de octubre cuando un agente policial denunció a García Urbano, del Partido Popular, por unos hechos supuestamente ocurridos entre los años 2022 y 2023 cuando, según aseguró, se vulneró su libertad sexual. En su declaración, relató que desde que comenzó a trabajar en prácticas en el Ayuntamiento de Estepona sintió que “el denunciado lo miraba” y le tenía “un trato especial”. Entonces vio que el regidor tenía “una intención libidinosa” y comprobó poco después que “buscaba satisfacer sus deseos sexuales valiéndose, aprovechándose, de su condición de alcalde”. Llegó a asegurar que García Urbano le citó en un hotel “con el fin de mantener relaciones sexuales” y que accedió a ello por miedo a perder su trabajo.
Fuentes municipales aseguraron más tarde que el denunciante había incurrido durante su declaración “en falsedades y contradicciones” y el propio alcalde pidió declarar de manera voluntaria para aclarar la situación. Lo hizo en noviembre, en calidad de investigado. Solo respondió a las preguntas de su abogado —y no a las de la fiscalía ni la acusación— para insistir en que se trataba de una denuncia “falsa, sin fundamento” y que había tenido conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. Su defensa, además, solicitó el archivo de la causa.
Este lunes, como ha adelantado Sur y han confirmado fuentes del TSJA, el juez Íñigo Villar Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona, dictó un auto de archivo de la causa. Como respuesta, el Ayuntamiento ha enviado un comunicado en el que subraya que “no existen indicios de criminalidad para la apertura de juicio oral, lo que ha puesto de manifiesto la falsedad y las contradicciones del relato de los denunciantes, así como la absoluta falta de fundamento de la denuncia”. “Se trataba de una inadmisible e injusta campaña para dañar su dignidad personal y su trayectoria política con una única y clara finalidad espuria, para intentar apartarlo del Ayuntamiento y de su compromiso con Estepona”, subraya el texto.
Mientras, el juzgado sigue adelante con la otra causa pendiente que tiene el regidor, en la que se investiga un presunto delito de malversación. Según fuentes jurídicas, el proceso continúa con las pruebas testificales y documentales. Este caso investiga la supuesta contratación municipal como personal de confianza de la expareja del denunciante del caso ahora archivado, que se realizó durante tres meses y con un sueldo de 3.600 euros. Ello sin que la mujer acudiera a su puesto de trabajo, según explican fuentes jurídicas. El juez tomó esta decisión después de escuchar en declaración judicial a la mujer, que acudió como testigo por la denuncia de acoso sexual. En una providencia, el juez asegura que detectó “indicios de una posible malversación públicos” que deben ser “objeto de necesaria instrucción”.