Defensa pide la anulación del acuerdo entre una asociación de militares y el club ultra Desokupa
El departamento de Margarita Robles advierte a ATME con impugnar el convenio ante los tribunales y abrir un expediente
El Ministerio de Defensa ha pedido la inmediata retirada del acuerdo de colaboración suscrito entre las Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que agrupa a unos 4.000 soldados, y la empresa Club Desokupa, del conocido ultraderechista Dani Esteve, suscrito el pasado lunes. Según un comunicado del departamento que dirige Margarita Robles, “la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe por el que queda demostrada la nulidad del acuerdo de serv...
El Ministerio de Defensa ha pedido la inmediata retirada del acuerdo de colaboración suscrito entre las Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que agrupa a unos 4.000 soldados, y la empresa Club Desokupa, del conocido ultraderechista Dani Esteve, suscrito el pasado lunes. Según un comunicado del departamento que dirige Margarita Robles, “la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe por el que queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos entre la Asociación de Tropa y Marinería y Desokupa, por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo”.
“Tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente”, añade el comunicado. Fuentes de la asociación ATME han mostrado su sorpresa por el comunicado de Defensa, asegurando que dicho departamento no ha tenido acceso al convenio suscrito con Desokupa.
Marco Antonio Gómez Martín, presidente de ATME —que forma parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), órgano asesor del Ministerio de Defensa en materia de personal—, declaró este martes a EL PAÍS que este convenio, que firmó él mismo con el propio Dani Esteve, permitirá a sus asociados beneficiarse de un descuento de hasta el 50% en los cursos de seguridad que imparte Desokupa y en los servicios de desalojo de vivienda en caso de okupación. El presidente de ATME alegó que el título militar de Seguridad y Defensa, que reciben los soldados del Ejército de Tierra, no acredita para trabajar después como agentes de seguridad privada, lo que dificulta su salida profesional cuando se ven obligados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir 35 años si no han accedido a una de las plazas de tropa permanente.
Sin embargo, la empresa de Dani Esteve no figura en el Registro Nacional de Seguridad Privada que incluye los centros autorizados para impartir cursos de seguridad privada, y tampoco ha pedido su inscripción en el mismo, según fuentes del Ministerio del Interior. Eso supone que los cursos de técnicas de combate personal que ofrece Desokupa, impartidos por “miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, según su web, no están homologados oficialmente ni acreditan para obtener un empleo como vigilante de seguridad.
El acuerdo entre ATME y Desokupa incluye también un descuento para aquellos soldados que vean ocupado su domicilio particular. Según el presidente de la asociación de militares, este problema se le planteó a un soldado destinado en Canarias mientras se encontraba participando en una misión internacional, aunque el problema se resolvió finalmente sin recurrir a la empresa de Dani Esteve, explica. Según ATME, Desokupa se ha comprometido a “ofrecer puestos de trabajo” a los soldados que superen sus cursos, “siempre que los haya adecuados a su perfil”. No se sabe si la empresa de desalojos extrajudiciales los contrataría ella misma o funcionaría como una oficina de colocación.
Con este convenio, la asociación de militares sigue el ejemplo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que en agosto pasado suscribió un convenio similar con Desokupa, lo que provocó una fuerte polémica y llevó al Ministerio del Interior a abrir un expediente informativo y estudiar la posibilidad de retirar la subvención pública que recibe dicho sindicato.