Clavijo pide 165 millones al Gobierno y condiciona su apoyo parlamentario a resolver la crisis con los menores en Canarias

Este 17 de septiembre, la negociación para resolver la crisis de acogida de los menores migrantes en Canarias ha vuelto al punto de partida de hace dos meses. Tras el fracaso del pasado 23 de julio en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería, las partes han vuelto al principio. El PSOE y el PP, que cogobierna en las islas y votó en contra de la iniciativa, volverán a sentarse para negociar. Mientras, el presidente canario, Fernando Clavijo, presiona con lo que tiene: ...

Este 17 de septiembre, la negociación para resolver la crisis de acogida de los menores migrantes en Canarias ha vuelto al punto de partida de hace dos meses. Tras el fracaso del pasado 23 de julio en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería, las partes han vuelto al principio. El PSOE y el PP, que cogobierna en las islas y votó en contra de la iniciativa, volverán a sentarse para negociar. Mientras, el presidente canario, Fernando Clavijo, presiona con lo que tiene: hacer valer sus votos en el Congreso. Según han confirmado EL PAÍS fuentes del Ejecutivo canario, Clavijo reclamó al Gobierno central que concretara una fecha para retomar las conversaciones con el PP y, además, un fondo de 165 millones de euros, el equivalente a lo gastado en la acogida de menores migrantes en lo que va de año. La cita con el PP se producirá, probablemente, la próxima semana. Pero el dinero se ha quedado en el aire tras otro desencuentro político al margen de los niños migrantes, según relatan distintas fuentes al tanto del choque: la negativa de Coalición Canaria a prorrogar la comisión mascarillas, en la que el PSOE intenta contrarrestar los ataques por la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fiscalizando los contratos millonarios de la Xunta de Galicia a la empresa Eulen, en la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo es delegada territorial.

La reunión a tres con el PP depende ahora de la agenda de Clavijo, aunque el clima, cargado de desconfianza, no es el más amigable. Tras el fracaso parlamentario de la iniciativa que en su momento lideraron Coalición Canaria y el Gobierno central, las culpas se han repartido entre unos y otros. En Madrid reprochan que el presidente canario no lograse ni siquiera la abstención de los populares, con los que comparte gobierno, y que estos impongan cada vez nuevas condiciones. Pero Canarias recrimina al Gobierno que no negoció lo suficiente, a pesar de que había peticiones razonables y que habría que haberse sentado más veces con los de Alberto Núñez Feijóo.

“Hemos tenido dos semanas de una tremenda confrontación”, reconoció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras presidir la Conferencia Interministerial de Inmigración. “Pero todo lo que hemos visto en estas semanas y estos desencuentros no se hubiesen producido nunca si el 23 de julio el Partido Popular hubiese votado a favor de admitir a trámite la modificación del artículo 35 [de la ley de extranjería]”, añadió. “El PP no dio su voto porque no se aceptó ninguna de sus demandas”, mantienen fuentes del Ejecutivo autonómico.

En estos meses de desencuentros, se ha empozoñado el debate sobre la inmigración y los términos han cambiado porque Clavijo ha hecho suyas las reclamaciones del PP. El pasado 10 de septiembre, el presidente canario firmó con Feijóo un plan de máximos para que los populares garanticen su voto de un cambio legislativo. Ese plan exigía al Gobierno un pacto de Estado para gestionar la inmigración con varias medidas que ya existen, pero también una serie de condiciones concretas para aceptar un reparto obligatorio y que son básicamente las siguientes: la declaración de emergencia migratoria, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y unos parámetros para establecer cuántas plazas de acogida debe tener como mínimo cada comunidad autónoma. Por último, ese parámetro, con el que se define la capacidad de cada territorio, deberá servir para crear un nuevo modelo de acogida en el que el Estado financie a todas aquellas comunidades (y no solo Canarias, Ceuta y Melilla) que se encuentren por encima del 100% de su capacidad de acogida y que, a partir del 150%, se haga cargo del gasto y la gestión en su totalidad.

No son exigencias menores. Las condiciones del PP convierten una propuesta diseñada para territorios sometidos a constante tensión migratoria en un plan para todos, en el que se presupone, que el Estado, en determinadas circunstancias, asumirá una responsabilidad sobre los menores migrantes que le corresponde a las comunidades autónomas. De momento, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ultima un informe en el que se simulará la capacidad de acogida adecuada de cada territorio, basándose en criterios como el desempleo, la población y la renta per cápita, para empezar a negociar.

Ultimátum para el protocolo de la discordia

En paralelo, se mantienen las discrepancias jurídicas sobre la atención que debe darse a los menores cuando desembarcan en las islas. El Consejo de Ministros aprobó este martes dar los primeros pasos para elevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de actuación con el que el Gobierno canario condiciona la entrada de los menores en sus centros, hasta que la Policía cumpla con una serie de trámites. El Gobierno tiene claro que es inconstitucional porque delega en el Estado responsabilidades que son competencia de la comunidad, pero aún hay margen de negociación. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes, que antes de formalizar el conflicto de competencias en el Constitucional, han dado a Canarias una semana de plazo “para estudiar las discrepancias planteadas”.

La Fiscalía ha considerado este protocolo discriminatorio y ha advertido de que si la atención al menor no es inmediata puede incurrirse en un delito de abandono, pero Clavijo sigue defendiendo que se trata de poner orden. En una rueda de prensa este martes, el presidente canario ha mostrado una reseña policial manuscrita, usada para hacer entrega a los menores en los centros de acogida, en la que casi todos los niños tienen la misma fecha de nacimiento y en la que no hay ninguna foto que permita identificarlos. “Tienen que entender que nosotros no podemos recibir los menores con escritos de puño y letra ¿y si les pasa algo”, remarcó. Su protocolo, sin embargo, incluye trámites más trabajosos que una reseña policial y que mantendrían a los niños fuera de los centros de acogida —en dependencias policiales o en carpas— varias horas e incluso días. Clavijo defiende la legalidad y constitucionalidad de sus exigencias, pero se ha mostrado dispuesto a que los servicios jurídicos de ambos lados se reúnan para revisarlas. Si no se llega a un acuerdo, será el tribunal el que resuelva el enredo.

Mientras se resuelve la negociación económica, Clavijo espera este miércoles la visita del vicepresidente de la Comisión para la protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, que visita las islas en el fin de su mandato. “La visita brinda la oportunidad de debatir cómo la Unión Europea puede seguir apoyando a las Islas Canarias y a España a la hora de gestionar el aumento de las llegadas irregulares, tanto en términos financieros y operativos, como fomentando un diálogo más sólido con los principales países socios”, ha anunciado la Comisión. Es previsible que Schinas no llegue a Canarias con las manos vacías.