El Ayuntamiento de Sevilla cortará el agua a unos 5.000 pisos turísticos irregulares
El Consistorio tardará una década en culminar las 10 inspecciones previstas cada semana
El Ayuntamiento de Sevilla (PP) cortará el agua a unos 5.000 pisos turísticos irregulares que operan en la capital andaluza sin licencia o que incumplen la normativa, según la estimación municipal. El Consistorio quiere frenar la proliferación de apartamentos vacacionales al margen de la ley y prevé cerrar esa cifra estimada de 5.000 viviendas, después de haber cruzado los datos con las plataformas tecnológicas de alquiler. Sin embargo, la oposición censura que la medida son fuegos artificiales porque el Ayuntamiento ha rechazado hace dos meses frenar las nuevas licencias de viviendas de uso t...
El Ayuntamiento de Sevilla (PP) cortará el agua a unos 5.000 pisos turísticos irregulares que operan en la capital andaluza sin licencia o que incumplen la normativa, según la estimación municipal. El Consistorio quiere frenar la proliferación de apartamentos vacacionales al margen de la ley y prevé cerrar esa cifra estimada de 5.000 viviendas, después de haber cruzado los datos con las plataformas tecnológicas de alquiler. Sin embargo, la oposición censura que la medida son fuegos artificiales porque el Ayuntamiento ha rechazado hace dos meses frenar las nuevas licencias de viviendas de uso turístico (VUT) en Sevilla y la turistificación que sufren los vecinos del centro seguirá al alza. El ritmo previsto por el Ayuntamiento para revisar esas 5.000 viviendas irregulares es de 10 a la semana, por lo que si no aumentan los inspectores, la tarea se hará eterna y acabará dentro de una década.
“Esas 5.000 viviendas irregulares incluyen las inscritas en el registro municipal y que incumplen la obligación de estar en una planta baja o primera, o ciertas condiciones de diseño, y las que no están inscritas, pero operan en el mercado. Estamos cruzando datos con las plataformas y el análisis determinará el estrés turístico de cada barrio”, avanzan fuentes de la Gerencia de Urbanismo sevillana, que ha firmado con la Junta un convenio de 10 medidas. El primer paquete de pisos que verá peligrar su suministro de agua son los 715 apartamentos que según el catastro y el registro superan la altura de una primera planta, y por tanto incumplen la normativa urbanística, según avanzó este verano eldiario.es.
Andalucía es la región con más alquileres turísticos de Europa, con 117.000 viviendas y 620.000 plazas. Las quejas de los vecinos por los problemas que acarrea el turismo masivo se han disparado este año de récords de visitantes y ahora los políticos intentan tomar nota. De momento, en este decálogo de medidas con la Junta para acotar los pisos turísticos legales, destaca el corte del agua y de la electricidad, aunque como el contrato de la luz está liberalizado y depende de muchas compañías, es una tarea mucho más compleja.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ensalzó su plan este lunes: “Actuaremos con tolerancia cero en los pisos turísticos que operen de forma irregular. Más control y más firmeza en las sanciones para poner fin a los pisos ilegales en Sevilla después de años de mirar para otro lado”. El Ayuntamiento asegura que una de sus prioridades es atajar los problemas que los pisos causan a los vecinos del centro y del barrio de Triana, los dos focos de la turistificación, disparada en los últimos años y que genera graves problemas de convivencia.
La plataforma que lucha en el centro de la ciudad contra el turismo masivo, Iniciativa Ciudadana Sevilla, ve la actuación del Ayuntamiento como una cortina de humo. “Con 10 licencias a la semana, ¿Cuántos años se necesitan para erradicar las viviendas ilegales? El fondo de la cuestión ya no es pisos ilegales o legales, sino que toda la ciudad y la oposición política clama por una moratoria para no dar una sola licencia más. Y hasta que no tomen esa medida, todo lo demás son parches para maquillar y mantener a la opinión pública entretenida y engañada. Se están dando licencias todas las semanas, lo contrario de lo que prometió este equipo de Gobierno”, critica su portavoz, David López.
Antes de avanzar este plan para atajar las viviendas ilegales, el alcalde, que gobierna en minoría, intentó sacar adelante en junio su propuesta para limitar las viviendas de uso, pero la oposición en bloque se la tumbó. PSOE, Vox y Con Podemos-IU votaron en contra al entender que la norma era insuficiente, no recogía las alegaciones de las asociaciones de vecinos y que el PP se oponía a imponer una moratoria. La intención del Ayuntamiento era limitar estos alojamientos al 10% del total de viviendas disponibles, lo que las frenaba en el centro histórico y Triana, ambos saturados, pero permitía que siguieran aumentando en el resto de la ciudad.
“El alcalde solo intenta con este anuncio que la gente no se eche a la calle como ha pasado en Málaga, pero mientras, no prohíbe nuevas licencias. La medida es un lavado de cara y un globo sonda ante la incapacidad de aprobar su propuesta de pisos turísticos. Pedimos a Sanz un debate serio sobre un problema que expulsa a los vecinos del centro, provoca una inflación tremenda, y que todos los huevos se pongan en el turismo como único modelo productivo de la ciudad”, lamenta el concejal Ismael Sánchez, portavoz y concejal de Con Podemos-IU.
El pasado enero la Junta aprobó un decreto para regular las 117.000 viviendas de la región, y dejó en manos de los Ayuntamientos la competencia para limitar o prohibir los pisos turísticos. En la capital hay 9.384 alojamientos de este tipo.
El PSOE local duda de la legalidad de poder cortar el suministro de agua a un piso turístico con un contrato legal en vigor y sus facturas pagadas al día. “No se puede cortar el agua así como así”, plantea su concejal Francisco Páez. “La limitación prevista del 10% no es tal, ya que si las viviendas en Sevilla son unas 330.000, esto supondría elevar las 9.700 actuales hasta 33.000. Es decir, 23.000 más. Mejor limitarlos ya al 2,5%, porque como bien dijo el alcalde, en Sevilla no cabe ni un piso turístico más”, añade. Antes de la llegada de Sanz, durante ocho años de mandato, el PSOE fomentó la escalada imparable del turismo en la capital andaluza, poniéndole alfombra roja, según denuncian los colectivos de vecinos.
El Ayuntamiento defiende que la drástica medida de cortar el agua a los pisos ilegales está avalada por los servicios jurídicos municipales y de la Junta, y espera un efecto disuasorio para que las 5.000 viviendas desciendan con rapidez una vez echen a andar las inspecciones de los técnicos. Sobre la propuesta socialista de reducir el porcentaje de licencias al 2,5% para frenarlas en seco, la Gerencia de Urbanismo estima que ese porcentaje sería “prohibir” la apertura de nuevos pisos, protegido por la libertad de mercado y el marco de regulación europea. “Tenemos que empezar en un 10% para las zonas más saturadas y con estrés turístico. Y sobre que no caben más pisos en Sevilla, una cuestión es la voluntad del alcalde y otra el procedimiento legal. Ni una vivienda turística más, pero cumpliendo la ley”, matizan fuentes de la Gerencia.
El sector apoya la revisión de los pisos irregulares, pero pide que se extienda también a los hoteles que supuestamente incumplen la ley. Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA), pide que el Ayuntamiento extienda la medida “a hoteles que se comercializan como viviendas turísticas y otros con categorías superiores a la que ostentan en el registro andaluz, pedimos aclarar las zonas grises”. “Además, reclamamos un registro municipal para identificar y acotar la oferta clandestina. De momento estamos en conversaciones con el Consistorio”, precisa.