Procesados seis exjefes de ETA por el asesinato en 1997 del empresario Arratibel tras el testimonio de un etarra arrepentido

Nuevo frente judicial contra la antigua cúpula de ETA, en esta ocasión por uno de los más de 200 crímenes de la organización terrorista que permanecían impunes tras la disolución de la banda en 2018. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dictado un auto por el que procesa a seis antiguos jefes de la organización terrorista por el asesinato de un tiro en la nuca, el 11 de febrero de 1997 en Tolosa (Gipuzkoa), del empresario Francisco Arratibel al que la organización había acusado de apropiarse de 60 millones de pesetas (360.600 euros) procedentes del rescate del industrial Emiliano ...

Nuevo frente judicial contra la antigua cúpula de ETA, en esta ocasión por uno de los más de 200 crímenes de la organización terrorista que permanecían impunes tras la disolución de la banda en 2018. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dictado un auto por el que procesa a seis antiguos jefes de la organización terrorista por el asesinato de un tiro en la nuca, el 11 de febrero de 1997 en Tolosa (Gipuzkoa), del empresario Francisco Arratibel al que la organización había acusado de apropiarse de 60 millones de pesetas (360.600 euros) procedentes del rescate del industrial Emiliano Revilla, secuestrado en 1988. Dos de ellos, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, y su compañera sentimental, Irantzu Gallastegui, Amaia, están acusados de ser los autores materiales de los atentados, mientras que a los otros cuatro ―José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Miguel Albisu Iriarte, Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, y Soledad Iparraguirre, Anboto― se les considera integrantes del Comité de ETA en el periodo en el que se decidió, planificó y materializó el atentado. La jueza ha citado a los seis el próximo 24 de julio para comunicarles el procesamiento y tomarles declaración indagatoria.

Según detalla la magistrada en su resolución, la investigación recibió recientemente un impulso al incorporarse al sumario tanto el testimonio de uno de los dos terroristas arrepentidos que el año pasado adquirieron la condición de testigos protegidos al comenzar a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de atentados como un informe de inteligencia de la Guardia Civil. En los últimos años, varios jueces de la Audiencia Nacional ha reimpulsado cerca de una decena de causas contra antiguos miembros de la dirección etarra como autores mediatos (una especie de inductores que tenían el control absoluto) de distintos atentados.

En la resolución judicial, la jueza Tardón detalla que en junio de 1997, tan solo cuatro meses después del atentado, se cerró el sumario al desconocerse quiénes podían haber sido los autores de la muerte del empresario. Los análisis de balística habían permitido constatar que la pistola con la que se había asesinado a este se había utilizado en otro atentado cometido solo unos meses antes, el del industrial Isidro Usubiaga, en Ordizia (Gipuzkoa), y hubo cuatro testigos de los hechos que aseguraron haber visto a dos personas huir del lugar de los hechos, pero las pesquisas no avanzaron. Así se mantuvo la causa hasta que en 2013, más de tres lustros más tarde, se reabrió “tras la aparición de nueva evidencias”.

En 2014, la familia de la víctima aportó un recorte de prensa en la que se recogía que el miembro de ETA Francisco Elejalde, que había sido detenido y condenado por el asesinato de Francisco Gómez Elósegui en marzo de 1997, solo un mes después de la muerte de Arratibel, había identificado a los dos miembros del comando Donosti con los que había colaborado en aquel periodo. Se trataba de García Gaztelu y Gallastegui Sodupe, al que se unió más adelante José Luis Geresta Múgica ―fallecido en 1999―. Informes posteriores de la Guardia Civil apuntaron que ambos ―recientemente condenados a 110 años de cárcel por el asesinato del concejal del PP en la localidad guipuzcoana de Errentería Manuel Zamarreño en 1998― podrían haber sido los autores materiales tanto del atentado contra Arratibel como el de Usabiaga, al haber sido ambos cometidos con la misma pistola.

A ello se sumó el testimonio de uno de los dos etarras a los que, en marzo del año pasado, la Audiencia Nacional les dio la condición de testigos protegidos tras señalar a 12 exdirigentes de la organización terrorista como responsables últimos de algunos de los atentados de la banda con mayor repercusión mediática. La magistrada destaca que, según esta declaración, en las fechas en las que ETA asesinó a Arratibel ―contra el que ya había intentado atentar colocando una bomba que no estalló en su empresa― los asesinatos “selectivos”, “tanto del mundo político, como empresarial” eran ordenados por la dirección etarra. La jueza recuerda que en aquel momento Albisu dirigía el aparato político de la organización terrorista, mientras que al frente del aparato militar estaban Arizcuren Ruiz y Gracia Arregui, y Soledad Iparraguirre dirigía los comandos legales (no fichados por la policía).

Finalmente, el pasado 12 de junio la Guardia Civil remitió a la jueza un último informe en el que se recalcaba que el asesinato de Arratibel solo pudo ser cometido por el comando en el que estaban integrados en ese momento Txapote y Amaia, y que los jefes que componían en aquel momento la cúpula de la banda armada eran los otros cuatro etarras procesados que supuestamente habrían tomado la decisión perpetrar el atentado “de forma colegiada”. Por todo ello, la magistrada acuerda procesar a los seis antiguos miembros destacados de la organización, que hasta entonces figuraban como investigados, por un delito de asesinato terrorista, y que se les tome declaración, a varios de ellos por videoconferencia desde los centros penitenciarios donde cumplen condena por otros crímenes.