La Audiencia de Sevilla reactiva las consultas sobre el ingreso en prisión de Griñán

La Audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía Anticorrupción y al PP, que ejerce como acusación particular, para presentar alegaciones al informe remitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Sevilla sobre la posibilidad de que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación por el caso de los ERE, pueda seguir recibiendo tratamiento contra el cáncer que padece si entra en prisión. El documento, al que ha tenido acceso este diario, no es determinante al respecto y se limita a hacer una descripción de las asis...

La Audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía Anticorrupción y al PP, que ejerce como acusación particular, para presentar alegaciones al informe remitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Sevilla sobre la posibilidad de que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación por el caso de los ERE, pueda seguir recibiendo tratamiento contra el cáncer que padece si entra en prisión. El documento, al que ha tenido acceso este diario, no es determinante al respecto y se limita a hacer una descripción de las asistencias sanitarias y de las salidas hospitalarias que realiza la institución.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia decidieron aplazar el ingreso en prisión de Griñán hasta que este concluyera las sesiones de radioterapia a las que debía someterse después de que se le hubiera detectado un cáncer de próstata. Los jueces adoptaron la medida después de que tanto Anticorrupción como el PP se mostraran a favor de la suspensión de la ejecución de la sentencia, a la vista el informe de la médica forense, que era partidaria de que el exdirigente socialista no ingresara en un centro penitenciario. “Entendemos que procede el aplazamiento de la ejecución de la pena, hasta tanto el penado finalice las sesiones de radioterapia dados los inconvenientes y riesgos que pudiera conllevar el tratamiento desde el centro penitenciario, tanto desde el punto de vista de la enfermedad, como de la dinámica del centro”, señalaba el auto, en el que se hacía hincapié en que una vez terminado el tratamiento —de 23 sesiones continuadas― Griñán debería volver a ser reconocido por el médico forense para “valorar nuevamente, con más datos, la conveniencia y posibilidad de su ingreso en el centro penitenciario”.

El tribunal acordó recabar el informe al centro penitenciario el pasado 13 de enero y este lunes se le ha notificado a las partes. El documento no es categórico sobre si en esa cárcel Griñán podrá continuar el tratamiento necesario para el cáncer que padece, sino que se limita a enumerar los derechos a la atención médico-sanitaria que tienen los reclusos y a detallar los servicios médicos de los que dispone la institución, sus recursos humanos y la organización y funcionamiento de esa atención médica.

Traslados a los hospitales para recibir tratamiento oncológico

En el informe se indica que en la unidad de cumplimiento y en la de preventivos existen cinco consultas de atención primaria, dos salas de espera, una sala de curas y un módulo de enfermería donde ingresan los internos que puedan necesitar una mayor atención y seguimiento, y en la que también hay una consulta médica y una sala de curas. En la unidad mixta existe también una consulta médica y una sala de curas. El documento precisa que “actualmente y debido a obras de remodelación del centro, solo está en uso una de las enfermerías con capacidad para 21 pacientes”. La plantilla está formada por cinco médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, una farmacéutica, ocho enfermeros, una supervisora de enfermería, cinco auxiliares de clínica y tres administrativos.

En cuanto al modelo de atención médica, se replica el funcionamiento de la atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sobre la atención especializada, que es la que correspondería a Griñán, los pacientes se derivan a los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Primero se les remite el informe médico del facultativo del centro penitenciario, solicitando que los reclusos sean atendidos en esos centros. La interrelación con esos hospitales se hace para todas las especialidades, entre ellas oncología y diálisis. Una vez remitida la solicitud, se considera que el paciente queda a disposición de los requerimientos que establezca cada especialista, y es el centro penitenciario el que se encarga de todas gestiones pertinentes para que se pueda prestar la atención necesaria. Entre estas se encuentran los procedimientos diagnósticos —pruebas especializadas, como un TAC— o procedimientos terapéuticos —como sesiones de quimioterapia, radioterapia, rehabilitación, fisioterapia, diálisis “en cuantas sesiones el especialista considere necesarias” y “con la periodicidad que se considere”—.

“Son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada, de modo que se procede a sus consultas de revisión por dichos especialistas con la periodicidad que se estima por los mismos”, concluye el informe. A lo largo de 2021, en las cárceles españolas se realizaron 576 consultas oncológicas y 535 sesiones de radioterapia, estas últimas todas fuera de los centros penitenciarios, según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias que recoge datos de ese año. No existen estadísticas sobre el número de ejecuciones de sentencias con condenas a penas de cárcel suspendidas por motivos graves de salud, de acuerdo con las fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este diario.

En el informe sí se traslada, no obstante, la preocupación de Instituciones Penitenciarias por la insuficiencia de médicos en algunos centros penitenciarios “que está generando dificultades en la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad” —aunque no especifica que esa circunstancia se dé en el centro sevillano― y “la gran problemática en relación son las salidas urgentes a los hospitales por la falta” de agentes de la Policía Nacional —un hecho que sí ocurre en esa prisión―.

Ante la imprecisión del documento trasladado por el centro penitenciario de Sevilla, el PP esperará, como ha hecho en toda la causa de la pieza política de los ERE, a conocer el pronunciamiento de la Fiscalía para adherirse a su parecer, según han explicado a este diario fuentes cercanas a la dirección popular en Andalucía.