Archivada la denuncia presentada contra Almeida por no impulsar la querella contra Medina y Luceño
Un abogado acusó al alcalde de Madrid de “incumplir su obligación de perseguir delitos”
Un juzgado de Madrid ha archivado la denuncia presentada por un abogado contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por no haber denunciado la presunta estafa urdida por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. El letrado acusó al regidor de “incumplir su obligación de perseguir delitos”, ya que no se abrió una investigación judicial contra los empresarios hasta que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el pasado abril una querella contra ambos, que se embolsaron casi seis millones de euros p...
Un juzgado de Madrid ha archivado la denuncia presentada por un abogado contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por no haber denunciado la presunta estafa urdida por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. El letrado acusó al regidor de “incumplir su obligación de perseguir delitos”, ya que no se abrió una investigación judicial contra los empresarios hasta que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el pasado abril una querella contra ambos, que se embolsaron casi seis millones de euros por la venta de material sanitario (en parte defectuoso) al Ayuntamiento durante la fase más crítica de la pandemia.
El denunciante, Fernando Pamos de la Hoz, mantenía que Almeida —“en su calidad de alcalde de Madrid, de funcionario y de autoridad”— incurrió en un “delito de omisión del deber de perseguir delitos al incumplir su obligación inexcusable de haber denunciado los hechos que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía”. “El hecho de que hubiese diligencias de investigación por parte del ministerio público no exime al Ayuntamiento de denunciar los hechos”, apostillaba el letrado.
Pero Josefa Bustos, responsable del Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, descarta esa tesis: “Al denunciado no le es exigible haber podido detectar, con anterioridad a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, la presunta comisión de los delitos que han dado lugar a la interposición de la querella [de Anticorrupción]”. “No le es exigible conocer minuciosamente los precios de mercado del material adquirido por el ente público que dirige, máxime en una situación excepcional de emergencia y necesidad, que motivó tal adquisición como consecuencia de la pandemia sufrida”, apostilla la instructora en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS y adelantado por El Periódico de España.
La magistrada Bustos incide también en que no se aprecia una intención “maliciosa” del alcalde, un requisito necesario para imputarle el delito que se le atribuye: “Se constata que el [Consistorio] reclamó al intermediario en esta operación la rebaja del precio pactado en uno de los artículos adquiridos al comprobar que se vendían al público a precio inferior”. Elena Collado, responsable del área de Compras y en contacto con Luceño, le envió un mensaje al comisionista cuando detectaron irregularidades en la compra de guantes —estaban pagando dos dólares por unos que podían adquirirse a ocho céntimos de euro en los supermercados de España—. “Con ello se evidencia la finalidad del Ayuntamiento de no abonar un sobreprecio sobre los productos adquiridos”, remacha la juez.
La denuncia de Fernando Pamos, que fue admitida a trámite, recayó en el Juzgado 49 de Madrid. Sin embargo, la investigación sobre Luceño y Medina corre a cargo de Adolfo Carretero, magistrado del Juzgado número 47. En esas pesquisas, el instructor y la Fiscalía han insistido en que el Consistorio es “víctima” de una estafa, y han rechazado la imputación de hasta cuatro personas vinculadas al Gobierno de Almeida: tres altos cargos y el primo del propio regidor, Carlos Martínez-Almeida.
A principios de abril, Anticorrupción presentó una querella contra los comisionistas por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —que, en el caso de Medina, se ha ampliado después a alzamiento de bienes—. El ministerio público ya descartó el tráfico de influencias, aunque el juez todavía indaga si los empresarios recibieron un “trato de favor” en la operación con la Administración local.