Lo que se sabe y lo que no del presunto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso
Los datos de la supuesta operación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid tras las comparecencias de Almeida, Ayuso y García Egea
El caso del supuesto espionaje encargado por la dirección nacional del PP contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, deja abiertas varias incógnitas sobre el desarrollo de los acontecimientos. Tras las comparecencias el jueves del alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido, José Luis Martínez Almeida, la presidenta madrileña y el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, estos son los aspectos que se han confirmado y los que no se han aclarado aún:
Contrato con proveedor de mascarillas. La Comunidad de Madrid suscribió un c...
El caso del supuesto espionaje encargado por la dirección nacional del PP contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, deja abiertas varias incógnitas sobre el desarrollo de los acontecimientos. Tras las comparecencias el jueves del alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido, José Luis Martínez Almeida, la presidenta madrileña y el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, estos son los aspectos que se han confirmado y los que no se han aclarado aún:
Contrato con proveedor de mascarillas. La Comunidad de Madrid suscribió un contrato directo y por la vía de emergencia con la empresa Priviet Sportive, S. L., en abril de 2020 por valor de 1,5 millones de euros para la compra de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3. La compañía pertenece a un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso de Sotillo de la Adrada (Ávila). Una diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carmen López, insinuó el pasado noviembre que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña y que es comercial del sector sanitario, influía en los contratos que firmaban los hospitales públicos madrileños. Ayuso ha reconocido que su hermano mantuvo “relaciones comerciales con esa empresa”, pero que su familiar le confirmó que “todo era legal” y “regulado por Hacienda”, y Egea se basó en las palabras de la presidenta para afirmar que esta había reconocido “hoy mismo [por el jueves] que han existido pagos”, sin especificar su cuantía. Ayuso apeló a la transparencia: “Si querían aclarar algún contrato [en referencia a la dirección nacional de su partido], solo tenían que pedirlo, porque están en el Portal de Transparencia. El contrato les será entregado por los servicios de prensa de la Comunidad. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido”.
Contactos del PP con Ayuso al respecto de la supuesta corrupción. La presidenta señaló directamente a la dirección nacional del PP de acusarla de corrupción y de valerse para ello de ataques a su familia. La presidenta tuvo conocimiento de la investigación contra ella, según dijo el jueves, el pasado septiembre en una reunión con Pablo Casado en la sede nacional de su partido en la calle Génova de Madrid. Teodoro García Egea confirmó ese encuentro entre Casado y Ayuso, y especificó que en este ella se comprometió a aclarar el caso “de manera inmediata”, algo que, señaló García Egea, no ha hecho. Ayuso reveló que en esa reunión el presidente popular le comentó que tenía conocimiento del contrato y que lo consideraba ilegal. También le dijo, según la versión de la presidenta madrileña, que la información se la habían filtrado desde La Moncloa; que disponían de ella “la oposición” y algunos medios de comunicación.
Investigación interna sobre el caso. El PP nacional inició una “averiguación interna” sobre la supuesta irregularidad del contrato de las mascarillas. Para García Egea es “el protocolo habitual en todos los casos y no prejuzga nada”, y además es una obligación suya como secretario general del partido. En octubre de 2021 informó de la investigación a Ayuso y esta “quedó emplazada a aportar más información para aclarar el asunto. Hasta el día de hoy [el jueves], no hemos recibido ninguna aclaración”, dijo García Egea.
Supuesta contratación de detectives. Ayuso aseguró que tuvo conocimiento “hace dos meses” del intento de contratar detectives desde, supuestamente, la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid. Almeida negó tajantemente el jueves que desde la compañía pública se contratasen esos servicios. “No hay ni encargo ni pago”, dijo. También negó que un detective se reuniera con un empleado del Ayuntamiento. García Egea también negó taxativamente que desde el Consistorio se contratara una agencia de investigación o a detectives, según los resultados de unas averiguaciones de la dirección nacional del PP sobre el asunto. El miércoles el PP difundió un comunicado en el que negaba la existencia de una investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid, tal y como habían publicado los diarios El Mundo y El Confidencial.
Los intermediarios. Almeida no especificó los nombres de los supuestos intermediarios que supuestamente informaron al PP nacional de que Díaz Ayuso se había enterado de que la espiaban. Uno de ellos, según El Confidencial, fue Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de Justicia con Mariano Rajoy. Según El Mundo, Ángel Carromero, una persona próxima a Almeida, fue el responsable del supuesto intento de espionaje. Ni Ayuso ni García Egea se refirieron a este punto.