Unidas Podemos denuncia ante Europa el intento de la derecha y los policías de frenar la reforma de la ‘ley mordaza’

La bronca política por la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, llega a Europa. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha pedido a la Comisión Venecia —un organismo consultivo del Consejo de Europa integrado por expertos— que muestre su “honda preocupación” ante la oposición frontal que en las últimas semanas han mostrado, con una manifestación y declaraciones públicas ...

La bronca política por la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, llega a Europa. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha pedido a la Comisión Venecia —un organismo consultivo del Consejo de Europa integrado por expertos— que muestre su “honda preocupación” ante la oposición frontal que en las últimas semanas han mostrado, con una manifestación y declaraciones públicas PP, Vox y Ciudadanos, así como la mayor parte de los sindicatos y asociaciones policiales. En un escrito firmado Pablo Echenique y Enrique Santiago, portavoces de su grupo parlamentario, la coalición denuncia que los tres partidos de la derecha y el medio centenar de colectivos policiales han iniciado una campaña para “confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma [de la ley mordaza]” con la difusión “de forma consciente y demagógica” de argumentos “falsos”. El documento también apunta a la falta de imparcialidad de algunos representantes de los agentes al afirmar que su conducta y las manifestaciones de las últimas semanas “se desvía” de la obligación legal que tienen de hacer cumplir la ley y defender “por igual y sin trato de favor” a todas las “personas, organizaciones y partidos políticos”.

Unidas Podemos recalca que la reforma de la ley mordaza que va a abordar el Congreso había sido reclamada de manera reiterada desde 2018 tanto por la Comisión Europea como por la Comisión de Venecia. Este último órgano consultivo, formado por expertos independientes designados por los 61 estados miembros, planteó el pasado marzo la necesidad de que España hiciera una evaluación “en profundidad” del funcionamiento práctico de la normativa y de su impacto en los derechos humanos, en vista de su “potencial represivo”. La Comisión Europea, en su dictamen sobre el Estado de Derecho en España del pasado 27 de julio, expresó su “preocupación” e “inquietud” sobre determinados aspectos de la ley y, en concreto, en los referidos a “los principios de proporcionalidad, no discriminación, eficiencia y respeto de los derechos y libertades”. Este órgano, que hacía referencia al informe de la Comisión de Venecia, también incidía en la necesidad de evaluar “el funcionamiento práctico de la ley”. Y pedía a España que se tuviera en cuenta su opinión durante la revisión de la ley. El grupo parlamentario destaca que los cambios propuestos en el articulado de manera conjunta por Unidas Podemos y el PSOE —y que enumera en su escrito— pretenden seguir, precisamente, estas recomendaciones.

Por ello, el documento pide a Comisión de Venecia que se pronuncie contra “el posicionamiento público de determinadas formaciones políticas [en referencia a PP, Vox y Ciudadanos] y organizaciones profesionales policiales” en contra de la reforma de la ley al considerar que con ellas “está germinando en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos”. Como ejemplo de ello, el escrito hace un repaso a las manifestaciones que ha hecho en las últimas semanas los líderes de los tres partidos de la derecha española —Pablo Casado, Santiago Abascal y Inés Arrimadas—, así como otros dirigentes de estas formaciones. De esta manera, recuerda que el líder del PP calificó la reforma de “grillete” y auguró que “generará que los agentes estén completamente atados y se queden vendidos a los delincuentes”.

Unidas Podemos recalca que con estos mensajes, los partidos de la derecha española están “difundiendo de forma consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad pública y privar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo”. Para la coalición, estas manifestaciones “están expresando concepciones sobre el uso y finalidad de la legislación sobre seguridad ciudadana que son antagónicas a las recomendaciones” tanto de la propia Comisión de Venecia como de la Comisión Europea.

El escrito también es crítico con la posición adoptada por los sindicatos y asociaciones policiales, que el pasado 27 de Madrid congregaron a 20.000 personas en una manifestación por el centro de Madrid con la reforma de la ley en la que participaron los dirigentes de los tres partidos de la derecha. Las organizaciones policías ya han anunciado para las próximas semanas concentraciones ante el Congreso haciéndolas coincidir con el inicio de los trabajos parlamentarios para la reforma de la norma. Unidas Podemos destaca que las modificaciones a la ley mordaza con los que han sido más críticos los representantes de los policías son, precisamente, las planteadas por la Comisión de Venecia.

En concreto, aquellas que referidas a la eliminación de las sanciones por la grabación y difusión de las actuaciones policiales cuando no afecten a la intimidad o seguridad de los agentes; la referencia a la presunción de veracidad de los agentes respetando el principio de presunción de inocencia; la realización de manifestaciones pacíficas sin necesidad de comunicación previa en determinados supuestos; y la propuesta de protocolizar y reducir la lesividad del material antidisturbios, en referencia a las pelotas de goma. Para Unidas Podemos, las actitudes y manifestaciones de los policías en su oposición a la reforma de la ley mordaza han incluido “conductas” que considera que van en contra de las obligaciones que tienen, como miembros de las fuerzas de seguridad, “ya no solo de la Constitución española sino de los Tratados internacionales de los que España es parte”.

Uno de los firmantes del escrito, Enrique Santiago, actual secretario de Estado para la Agenda 2030, ha incidido este lunes en una entrevista la Cadena Ser en estas críticas a las organizaciones policiales. “Los sindicatos policiales están haciendo política. Las posiciones de los sindicatos son de pérdida de neutralidad y coordinación con las fuerzas políticas de la derecha y de la ultraderecha”, ha asegurado. Sus palabras han sido respondidas poco después, en un comunicado, por Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional. Jupol las considera un intento de “coartar el derecho de los policías a manifestarse para pedir la mejora de sus condiciones laborales” e insiste en que las organizaciones son “completamente apolíticas y apartidistas”.