Juan Jesús Vivas, un presidente en el punto de mira de la crisis de Ceuta

La crisis en Ceuta ha colocado al jefe del Gobierno autónomo, Juan Jesús Vivas, en el ojo del huracán después de que el Ministerio del Interior señalase como responsable al Ejecutivo local. El presidente, que asumió el martes la responsabilidad de la decisión de solicitar al Ejecutivo central el retorno de los menores para aliviar las presiones sobre su vicepresidenta prim...

La crisis en Ceuta ha colocado al jefe del Gobierno autónomo, Juan Jesús Vivas, en el ojo del huracán después de que el Ministerio del Interior señalase como responsable al Ejecutivo local. El presidente, que asumió el martes la responsabilidad de la decisión de solicitar al Ejecutivo central el retorno de los menores para aliviar las presiones sobre su vicepresidenta primera, Mabel Deu, ha reconocido que no le gustaría quedarse solo ante un procedimiento cuestionado por su opacidad por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y organizaciones internacionales y sobre el que aún tienen que pronunciarse los jueces.

Tras dos decenios gobernando la ciudad autónoma, Vivas, de 68 años, está acostumbrado a navegar en aguas turbulentas. Como dijo a EL PAÍS, Ceuta “nunca ha sido una balsa de aceite”. Como presidente de la ciudad autónoma por el PP, se ha forjado cierta fama de hijo díscolo pero suavón. Sus posicionamientos han entrado en directa contradicción con la estrategia de la dirección nacional de la formación conservadora.

El secretario general del PSOE en Ceuta, Manuel Hernández, le pidió el pasado martes y a propósito de las críticas de la cúpula del PP al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las devoluciones, que clarifique la posición de su partido sobre un procedimiento en el que él se ha implicado de lleno. “Coincidencia plena”, dijo respecto de las posturas de Interior, el PP nacional y el Gobierno de Ceuta. “Yo no he encontrado ninguna contradicción”, respondió durante una entrevista en la cadena Cope.

Hasta ahora, la polvareda más densa levantada ha sido el enfrentamiento radical con Vox en la Asamblea autónoma, que cristalizó en julio con la declaración de Santiago Abascal como persona non grata con la abstención de los nueve concejales del PP. La maniobra provocó que el partido de ultraderecha lanzase un órdago a los conservadores con una supuesta ruptura de las relaciones entre ambos partidos en autonomías y ayuntamientos donde su apoyo es necesario para la aprobación de propuestas, como Madrid o Andalucía.

Opuesto a la disciplina de partido

Antes, ya se había opuesto a la disciplina de partido como candidato electoral en 2019, cuando rechazó la posibilidad de gobernar con Vox tras perder por primera vez desde 2003 la mayoría absoluta. Se acercó entonces al PSOE, que se constituyó como apoyo imprescindible en la Asamblea hasta que saltaron chispas y las tornas volvieron a Vox, con los que estuvo gobernando durante casi un año hasta que, según explicaba el vicepresidente y portavoz popular, Carlos Rontomé, la situación se hizo insostenible. Otros diputados locales como Mohamed Alí, líder de Caballas, no perdonan una maniobra que dio alas a la ultraderecha.

De hecho, y a cuenta de las broncas plenarias con Vox, el presidente ceutí ha llegado a ofrecer su cabeza. “A lo mejor yo no soy capaz de mantener el orden en la Asamblea (...) y tengo que dar un paso al lado para que en esta Asamblea se defienda y proteja la unidad de todos en la defensa de España, en la defensa de nuestra españolidad lo haré, doy el paso al lado”, llegó a argumentar a finales de junio, cuando se vio obligado a cancelar la celebración de un pleno para evitar que se repitieran insultos y acusaciones a gritos de “fascista” o “promarroquí” entre concejales.

Tiene poco que perder. En febrero anunció sorpresivamente su intención de no presentarse a la reelección en las autonómicas de 2023. Él mismo ha reconocido un cierto agotamiento después de tres décadas en la política local en una ciudad con unas “particularidades”, como define, que pueden llegar a ser extenuantes.

La crisis fronteriza desatada a mediados de mayo a cuenta del pulso diplomático lanzado por Marruecos ha sido la gota que ha colmado el vaso de esas singularidades que Ceuta comparte con Melilla. Un número indeterminado de personas, más de 12.000 según la Delegación del Gobierno, entraron a nado, saltando la valla o bordeando los espigones fronterizos a un ritmo de unas 90 personas por minuto durante dos días. Esos días, comentó a este diario, fueron los “más difíciles y más tristes” de toda su vida como servidor público.

Desde entonces, hay un sintagma que no se le ha descolgado de los labios en cada discurso: “lealtad institucional”. Con esas palabras elogió la visita a Ceuta (cuya soberanía es contestada por Marruecos, que considera la ciudad “ocupada”) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras aún se registraban entradas descontroladas de personas ante la impasibilidad de las fuerzas de seguridad marroquíes y el Ejército permanecía desplegado en la playa fronteriza de El Tarajal. Esa misma “lealtad” es la que esgrime ahora para señalar a Interior como responsable de una decisión, la de proceder a las devoluciones de menores, que él aplaude.