La Audiencia Nacional fija para el 10 de noviembre el inicio del juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils

Los tres acusados afrontan una petición de penas de la Fiscalía que oscila entre los 41 y 8 años de prisión

Madrid -
Mohamed Houili, principal acusado por los atentados del 17-A, durante un traslado de la Guardia Civil.Carlos Rosillo

La Audiencia Nacional ha fijado el próximo 10 de noviembre como la fecha de inicio del juicio contra los tres acusados por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los magistrados han puesto en marcha así la cuenta atrás para el comienzo de una vista oral que sentará en el banquillo a los tres únicos procesados por los ataques terroristas —Mohamed Houili, Said Ben Iazza y Driss Oukabir, de 20, 24 y 28 años respectivam...

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La Audiencia Nacional ha fijado el próximo 10 de noviembre como la fecha de inicio del juicio contra los tres acusados por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los magistrados han puesto en marcha así la cuenta atrás para el comienzo de una vista oral que sentará en el banquillo a los tres únicos procesados por los ataques terroristas —Mohamed Houili, Said Ben Iazza y Driss Oukabir, de 20, 24 y 28 años respectivamente—, que dejaron 16 muertos y más de 140 heridos. La Fiscalía pide para ellos, que no participaron directamente en los hechos, entre 8 y 41 años de cárcel.

El ministerio público dirige su petición de pena más alta contra Houili, que pertenecía a la célula terrorista que perpetró el 17-A. El joven, un personaje clave en la instrucción, resultó herido en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona), que el grupo había ocupado y transformado en un gigantesco laboratorio. Esta detonación acabó con la vida del supuesto líder, el imán Abdelbaki Es Satty, y de uno de sus discípulos, Youssef Aalla; y precipitó los ataques del 17 de agosto, que finalizaron con los participantes directos muertos a tiros de la policía. Houili consiguió, en cambio, sobrevivir. Y, al recuperarse, relató a la Policía y al juez cuáles eran los planes de los yihadistas: entre otros, un atentado con bombas en la Sagrada Familia. Según su defensa, que pide una condena menor (de cuatro años de prisión), “se vio obligado a permanecer bajo las órdenes del imán y cumplir las acciones que le eran impuestas”.

Una visión que no coincide con la de la Fiscalía, que pide 41 años de prisión para Houili al considerarlo miembro activo de la célula. Un grupo que seguía “los postulados de Estado Islámico” y que giraba “en torno a la figura” del imán de Ripoll, según detalló el ministerio público en su escrito de acusación. Entre las pruebas esgrimidas contra el veinteañero se encuentra su propia confesión y un vídeo en el que aparece preparando explosivos en la casa de Alcanar pocos días antes del 17-A. “Si Dios quiere eso nos abrirá las puertas del jardín, del paraíso”, exclamaba. La Audiencia Nacional lo procesó por pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos y conspiración para cometer estragos de carácter terrorista.

Driss Oukabir, para quien la fiscalía pide 36 años de cárcel, se enfrenta a los mismos delitos. Aunque se desmarcó del plan a última hora, la Fiscalía lo considera un cooperador importante. Una de las pruebas en su contra es, según la acusación, que el 16 de agosto acompañó a otros miembros del grupo a alquilar una de las furgonetas que debía contener los explosivos. Esa misma noche, sin embargo, le comentó a su hermano que no estaba preparado para actuar. Moussa Oukabir sí lo estaba y fue abatido por la policía durante el ataque en Cambrils que sucedió al atropello mortal de La Rambla. Su defensa ha alegado que carece de “creencias o inquietudes religiosas”: “No comparte ninguna idea con Estado Islámico”.

La terna la completa Ben Iazza, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años por colaboración con la célula. Le dejó una furgoneta a Younes Abouyaqooub, uno de los terroristas, a cambio de una pequeña suma de dinero. Y lo hizo a sabiendas de que iba a servir para trasladar explosivos, según el ministerio público. Su abogado afirma que en esa furgoneta solo consta que se transportó “agua oxigenada” y que Iazza desconocía los planes del grupo.

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