La covid tensa el Estado autonómico

El pasado 4 de mayo, en un titular de la agencia Europa Press podía leerse: “Isabel Díaz Ayuso rechaza prorrogar el estado de alarma porque hay ‘regulación suficiente’ para contener el virus”. Entonces aún estaba vigente este mecanismo constitucional que permitía al Gobierno centralizar todas las decisiones sobre la pandemia, y el PP reclamaba su fin. Esta semana, con las comunidades gestionando los rebrotes, Pedro Sánchez ...

El pasado 4 de mayo, en un titular de la agencia Europa Press podía leerse: “Isabel Díaz Ayuso rechaza prorrogar el estado de alarma porque hay ‘regulación suficiente’ para contener el virus”. Entonces aún estaba vigente este mecanismo constitucional que permitía al Gobierno centralizar todas las decisiones sobre la pandemia, y el PP reclamaba su fin. Esta semana, con las comunidades gestionando los rebrotes, Pedro Sánchez ha ofrecido a los presidentes autonómicos ser la autoridad competente del estado de alarma en sus territorios. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado: “Ya advertí el pasado día 15, y en numerosas ocasiones, que necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no. La dejación de funciones expande la pandemia”.

Entre uno y otro momento han transcurrido tres meses y reproches contradictorios al Gobierno central. Si en la primera fase de la pandemia, Sánchez era acusado de mantener el estado de alarma por querer acaparar todo el poder; en esta segunda, Sánchez “se lava las manos”, según el PP, porque relega a las comunidades la gestión de la crisis. Los choques y las tensiones entre el Gobierno de coalición y las autonomías no han parado desde el estallido de la emergencia. “Aquí lo que ocurre es que el PP está haciendo oposición desde donde puede, utilizando sus Gobiernos”, se queja el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En parte opera una pugna partidista, pero la cuestión es más compleja: su compañero de partido y presidente de Aragón, Javier Lambán, también rechaza el estado de alarma por territorios. De fondo está la patata caliente de quién asume el desgaste de adoptar medidas impopulares. Y latente, un problema más profundo: un modelo territorial que ya estaba en crisis antes de la covid y al que la pandemia tensa las costuras.

Hay que mejorar el intercambio de información

Un Estado de 17 Gobiernos autonómicos con la sanidad transferida y sin una arquitectura institucional federal sufre en una crisis que exige respuesta rápida. Presidentes regionales de uno y otro signo político consultados reclaman más mecanismos de coordinación, y todos defienden el modelo ante los impulsos neocentralizadores. “Se quiere lanzar un cóctel molotov contra el Estado autonómico”, advierte el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig. “Ha demostrado su utilidad durante toda la pandemia”, defiende el popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó en las comunidades la gestión de la desescalada, el pasado 21 de junio, las autonomías han ido aprobando iniciativas dispares. Galicia fue la primera en prohibir fumar en la calle, una medida que Sanidad acabó generalizando. La obligación de llevar mascarilla en todo momento también difiere en función del territorio, y la APP Radar Covid para el rastreo de los contagios todavía está activa solo en ocho autonomías. Esta semana la polémica se ha presentado sobre los 17 modelos de vuelta a clase —hasta el pacto de unas normas comunes— y por un estado de alarma por territorios que, de momento, nadie reclama. ¿Diferenciación es caos? “En Alemania nadie critica que el inicio del curso sea diferente en los distintos Länder”, recuerda el presidente valenciano. En su opinión, “que haya miradas diferentes desde la diversidad territorial no significa que haya una disgregación del país”.

Varios dirigentes plantean reformar la Conferencia de Presidentes

Los presidentes no esconden que existen problemas. Lambán apunta a un déficit de intercambio de información sobre la evolución de la pandemia entre comunidades y con el Gobierno central. “Este tema no hemos sido capaces de resolverlo bien. Las informaciones son dispersas. A veces hay que enterarse de los contagios a base de leer los periódicos. No imputo mala fe a nadie, pero no es muy razonable que ni siquiera tengamos claro el número de muertos”.

Nunca antes se había reunido tanto la Conferencia de Presidentes (15 citas en cinco meses) ni tantas veces las conferencias sectoriales (más de 100), pero los dirigentes territoriales siguen echando en falta más coordinación. “La Conferencia de Presidentes ha sido muy útil, pero requiere órganos previos que la preparen, y un órgano que sirva de seguimiento de los acuerdos”, apunta Fernández Mañueco. Puig plantea que se “institucionalice y tenga un reglamento, y que se haga lo mismo con las conferencias sectoriales”, mientras Lambán pide una coordinación “casi diaria a través de un mecanismo estructural con el ministro de Sanidad como coordinador”.

El test de estrés al sistema ha aflorado nuevas lagunas pero también hay otro fenómeno que Puig señala. “El pujolismo ha impregnado a todas las comunidades, eso de que contra Madrid se vive mejor”. La reflexión del presidente valenciano interpela a todos sus colegas: “Esta es una acción de Estado contra la pandemia, y este es un Estado semifederal. No se puede estar en una dialéctica de confrontación institucional permanente. Las comunidades no podemos mirar a Madrid para algunas cosas que son nuestra responsabilidad”.

“Declarar la alarma estigmatiza”

Ante el avance de los contagios por coronavirus, Pedro Sánchez ha propuesto esta semana a las comunidades que, si lo necesitan, soliciten al Gobierno la declaración del estado de alarma en sus territorios. El presidente defiende que hay que avanzar hacia la “cogobernanza” de la crisis, pero las comunidades recelan del sistema. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, argumenta que el estado de alarma “es una medida excepcionalísima que estigmatiza a un territorio”.

Lambán y varios presidentes autonómicos del PP reclaman en su lugar una reforma legislativa que permita a las comunidades aprobar restricciones de movilidad, mientras otros dirigentes territoriales socialistas contraponen que esta no es necesaria porque en la actualidad ya están pudiendo hacerlo.