Puntualización del ministro de Justicia

Leo con indignación en EL PAÍS cómo falsamente uno de sus columnistas me atribuye haber cobrado “750.000 euros de dinero público” en el año 2011 “por un curso de formación a una empresa pública”. No es la única calumnia contenida en la columna que firma este jueves, 11 de febrero, el señor Ángel Sánchez Harguindey. Es igualmente falso que ni entonces ni en ningún otro momento el señor Diego Torres y yo hayamos sido socios en nada. Por no ser, no somos ni conocidos.

Imagino que al columnista ya se le habrán exigido desde la Dirección de su periódico las pertinentes explicaciones. Y estoy...

Leo con indignación en EL PAÍS cómo falsamente uno de sus columnistas me atribuye haber cobrado “750.000 euros de dinero público” en el año 2011 “por un curso de formación a una empresa pública”. No es la única calumnia contenida en la columna que firma este jueves, 11 de febrero, el señor Ángel Sánchez Harguindey. Es igualmente falso que ni entonces ni en ningún otro momento el señor Diego Torres y yo hayamos sido socios en nada. Por no ser, no somos ni conocidos.

Imagino que al columnista ya se le habrán exigido desde la Dirección de su periódico las pertinentes explicaciones. Y estoy seguro de que no habrán resultado satisfactorias por no ajustarse ni de lejos a los criterios de “rigor informativo, verificación de los datos, contraste de las noticias, consulta a la persona perjudicada y respeto al honor” que se establecen en el Libro de estilo de EL PAÍS.

Le rogaría, señor director, que adopten los controles que impidan que en el futuro puedan producirse este tipo de situaciones que generan un lamentable perjuicio al honor del injuriado e incluso a la reputación del medio.— Rafael Catalá.