Es el cupo, no el Concierto

En los últimos días ha pasado a primer plano el debate sobre el Concierto vasco (y el Convenio navarro) como forma singular y ventajosa de financiación de las autonomías forales. Que rebrote ahora tiene que ver seguramente con dos factores: la búsqueda de medidas que puedan reducir la tensión entre las instituciones catalanas y el Estado; y la propuesta de reforma constitucional como marco de una posible revisión de los criterios de financiación autonómica que encabeza el programa de los socialistas para las elecciones de diciembre.

Su secretario general y varios barones han deslizado s...

En los últimos días ha pasado a primer plano el debate sobre el Concierto vasco (y el Convenio navarro) como forma singular y ventajosa de financiación de las autonomías forales. Que rebrote ahora tiene que ver seguramente con dos factores: la búsqueda de medidas que puedan reducir la tensión entre las instituciones catalanas y el Estado; y la propuesta de reforma constitucional como marco de una posible revisión de los criterios de financiación autonómica que encabeza el programa de los socialistas para las elecciones de diciembre.

Su secretario general y varios barones han deslizado sugerencias sobre la cuestión, pero con la novedad de que ya no es el sistema de concierto como tal (la recaudación de todos los tributos) lo que se impugna sino uno de sus componentes: el cupo o cantidad que esas comunidades pagan a la Hacienda española como participación en la financiación de las competencias estatales no transferidas (Ejército, fronteras, servicio exterior...).

Esa cantidad se fija cada año, pero respetando el porcentaje establecido en 1981 para su cálculo: el 6,24% de la cantidad destinada en los Presupuestos del Estado para esas partidas. Ese porcentaje era entonces el del PIB vasco en relación al del conjunto de España (hoy, en torno al 8%). En teoría, una de esas partidas sería la destinada a garantizar el principio de solidaridad, competencia del Estado establecida en el artículo 138 de la Constitución. Pero según estudios realizados en la última década, el cálculo anual viene haciéndose sin considerar ese gasto concreto.

Lo cual explicaría en buena medida la diferencia —de hasta un 165% en relación a la media— en su financiación pública per capita. En eso consiste el privilegio que se ha denunciado en los últimos años desde ámbitos académicos: en no tener que participar del coste de la solidaridad interpersonal e interterritorial. Eso no afecta al sistema de concierto, neutral en principio a estos efectos, si los cálculos se hacen correctamente. La equidad reclamada por otras comunidades pasaría por un aumento del cupo. Sin embargo, desde el País Vasco y Navarra la defensa de su posición se plantea contra un supuesto intento de suprimir el Concierto, lo que únicamente Ciudadanos y UPyD han planteado últimamente.