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¿Puede el actual sistema tributario mantener el estado del bienestar?

Crece la esperanza de vida, tiembla el sistema fiscal. Reformar esos cimientos es siempre un desafío político esencial para el crecimiento económico y la búsqueda de la equidad. Y ese es el escenario actual de nuevo

España se ha situado en apenas 20 años en el país de Europa con la mayor esperanza de vida, que alcanza, según el INE, los 83,58 años. El envejecimiento de la población y los incrementos del gasto en pensiones y sanitario, así como el aumento de la deuda pública, obligan a reforzar los ingresos del sistema tributario si se quiere mantener el denominado estado del bienestar.

Una reforma del sistema tributario debe ser clara, sencilla, ofrecer seguridad jurídica para evitar que haya márgenes demasiado amplios de interpretación y que luche con el fraude fiscal. Esos son los mimbres que debe contener la reforma, según la presidenta de la comisión fiscal del Colegio de Economistas de Cataluña y profesora de la UPF Barcelona School of Management, Carmen Jover.

Jover participó en la última sesión anual del Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas organizadas por Cinco Días, El País y Banco Santander y, junto a otros expertos, concluyeron que la reforma debería contribuir al crecimiento económico, resultar equitativa y orientarse a lograr la suficiencia económica para que los recursos públicos puedan sostenerse.

Cambian las costumbres, cambia el consumo

Comprar un coche o un electrodoméstico en línea hace tiempo que es posible, y constituye una muestra del cambio en los hábitos de consumo. Los sistemas impositivos deben adecuarse ahora esos nuevos hábitos de consumo y de producción, con la dificultad que supone, por ejemplo, controlar la actividad de las empresas cuyo negocio está en la nube.

Susana Malcorra, decana de la IE School of Global and Public Affairs, cree en los acuerdos globales y estima que es un paso importante que la OCDE haya propuesto un impuesto de sociedades mínimo del 15%, aunque resulta insuficiente para poner coto a una elusión fiscal cifrada en unos 500.000 millones de dólares.

Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, destaca las dificultades de las agencias para imponer tributos a la digitalización frente a las grandes tecnológicas, que cuentan con una enorme capacidad para asesorarse fiscalmente.

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