Murtra se enfrenta al reto de diseñar un futuro sólido para una Telefónica más grande

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, enfrenta su primer examen ante los mercados desde que tomara las riendas de la mayor compañía de telecomunicaciones española el pasado 18 de enero. Este martes, día 4, y coincidiendo con la presentación de resultados del tercer trimestre, se celebra el Capital Markets Day, un evento para analistas e inversores en el que se presentará el nuevo plan estratégico que debe definir el futuro de la compañía. El acontecimiento ha levantado muchas expectativas que el propio Murtra ha alimentado con sus repetidas declaraciones apostando por una consolidación del sector en Europa que comenzará en España. El mercado ha interpretado este desafío como la intención de hacerse con un gran rival como Vodafone España o Digi.

Debido al secretismo con el que se ha llevado la preparación del plan, anunciado en febrero pasado, apenas un mes después la toma de posesión de Murtra y con el plan 2023-2026 de su antecesor en el cargo, José María Álvarez-Pallete, aún vigente, se plantean muchas incertidumbres. La primera y no baladí es su horizonte temporal. Lo habitual en este tipo de planes es que la duración sea de entre tres a cuatro años. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el relevo en la presidencia de Telefónica tiene una derivación política porque llegó aparejado al regreso del Estado al capital de la operadora con la compra del 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tras 26 años de su completa privatización.

Vigencia. La designación de Murtra, con un sólido currículo profesional pero con fuertes vínculos con el PSC-PSOE bajo cuyas administraciones ocupó varios cargos públicos, fue a propuesta de la SEPI, con el apoyo del resto de grandes accionistas (CriteriaCaixa, la saudí STC y BBVA). Y se produjo en la víspera de una llamada a Pallete al Palacio de La Moncloa en la que Manuel de la Rocha, secretario de Estado de Asuntos Económicos y hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le comunicó su cese un día antes de que el consejo de administración lo hiciera efectivo. Un procedimiento inédito (desde la oposición lo han calificado de injerencia) para una empresa del Ibex. Con estos antecedentes, en caso de un cambio de color político en el Gobierno tras las elecciones legislativas previstas en 2027, el nuevo Ejecutivo tendría la tentación de forzar un relevo tanto en la cúpula como en el consejo de administración de la compañía y, consecuentemente, la revocación del plan estratégico.

Consolidación. El epicentro del nuevo plan pasa, sin duda, por la fórmula que empleará Murtra para cumplir su compromiso de ganar tamaño sin aumentar la deuda. No obstante, el plan no concretará ninguna operación porque supondría elevar el precio de las posibles empresas apetecidas. Sobre la consolidación, el mercado tiene sus mayores apuestas en la compra de Vodafone España o de la alemana 1&1. En el primer caso, la operación se dispararía muy por encima de los 12.000 millones si se atiende a la explosiva revalorización en la Bolsa de Londres de Zegona, propietario único de Vodafone España. La absorción de la operadora móvil alemana 1&1 sería más asequible, en torno a los 5.000 millones de euros, y con sinergias más inmediatas. Tampoco se vislumbra la compra de Digi, la operadora rumana que más crece en España y que tiene vigente un acuerdo con Telefónica para el uso de su red por 10 años, pero que está explorando su salida a Bolsa. No hay que olvidar que cualquier operación de las que están encima de la mesa deberá pasar por el exigente dictamen de la Comisión Europea, que puede descafeinar la fusión con exigentes condiciones como le ha sucedido a Orange y MásMovil en su unión para dar lugar a MasOrange.

Ampliación de capital y dividendos. Afrontar cualquier adquisición provocaría un aumento directo de la deuda que se situaba en 27.609 millones de euros a finales de junio (37.149 millones con arrendamientos), salvo que se implementen medidas para no incrementar el apalancamiento y evitar dañar las calificaciones de las agencias de rating. Para ello, Telefónica tiene dos opciones: una ampliación de capital y la reducción del dividendo. En ambos casos, deberá contar con el plácet de los grandes accionistas privados como CriteriaCaixa, BBVA o la saudí STC a las que les supondrá un severo esfuerzo financiero. Bancos de inversión como BNP evalúan hasta en 10.000 millones de euros la necesidad de capital. Otra opción adicional para ganar financiación sería la entrada de un socio minoritario en su negocio en Brasil.

En cuanto a la retribución al accionista, al que Telefónica dedica 1.700 millones de euros anualmente, la agencia Bloomberg asegura que reducirá su rentabilidad por dividendo desde un 6,6% previsto para 2025 y 2026 hasta alrededor del 4,8% este año y del 5,2% el próximo, en línea con la media del sector europeo. Con estas cifras, la retribución por acción se reduciría un 28% para el dividendo correspondiente a 2025, de los 0,30 euros por título que se reparte actualmente a en torno a 0,216 euros por acción en 2025 y a 0,234 euros en 2026. Telefónica ahorraría alrededor de 850 millones de euros en dos años con este recorte.

Murtra también deberá lanzar un mensaje claro al mercado que sirva para revertir la decepcionante marcha de la cotización en los últimos años. En lo que va de 2025, las acciones se han revalorizado solo un 10% frente al 37% de media de las empresas del Ibex 35, el 40% que ha subido Orange o el 38% de Vodafone Group, por poner algunos ejemplos. La creación de valor para el accionista es una asignatura pendiente que suspendieron con estrépito sus antecesores en la presidencia —Pallete y César Alierta— porque la capitalización de Telefónica no ha dejado de caer desde el año 2000 en el que tocó máximos y hoy vale ocho veces menos que entonces.

Desinversiones y Venezuela. Telefónica ha acelerado su salida de Hispanoamérica con las ventas ya cerradas de Perú, Argentina, Uruguay y Ecuador, y la de Colombia pendiente de aprobación por las autoridades. Además, está en negociaciones avanzadas para desprenderse de sus filiales mexicana y chilena. Excluyendo Brasil, considerado mercado estratégico, Telefónica ya solo estaría presente en América Latina en Venezuela, lo que le creará un problema reputacional.

El asunto venezolano es otra piedra en el zapato para Murtra. La compañía ha lanzado mensajes difusos, incluso contradictorios, sobre sus planes para el país bolivariano. A finales de septiembre, el presidente de Telefónica Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, descartaba que la multinacional española hubiera puesto en venta la filial. No obstante, otras fuentes apuntan a que la compañía busca salir del país, pero no encuentra un comprador. La dificultad para repatriar los dividendos, la inestabilidad cambiaria y las dudas sobre la legitimidad democrática del régimen de Nicolás Maduro hacen muy complicada esa salida. Al mismo tiempo, Telefónica ha comprometido una inversión de 500 millones de dólares para la extensión de la red 5G de telefonía móvil. La permanencia en Venezuela tras la salida de todo el subcontinente americano tiene difícil explicación desde el punto de vista corporativo. Y Murtra debe encontrar una solución.

Equipo directivo y consejo. Murtra llega a esta fecha con los deberes hechos en el organigrama de la compañía. Ha remodelado completamente la cúpula directiva, con nombramientos de personas de su confianza, encabezada por el consejero delegado y número dos, Emilio Gayo. Del equipo de Pallete, solo sobrevive la directora financiera, Laura Abasolo, que podría ser relevada. Las principales filiales (España, Alemania, Tech, Infra y Movistar+) también han renovado sus direcciones. Y el consejo de administración, tras cuatro remodelaciones consecutivas, refleja el nuevo equilibrio accionarial, con la SEPI, CriteriaCaixa, la saudí STC y BBVA, como socios de referencia y consejeros independientes del círculo cercano a Murtra. La empresa baraja la reestructuración de su organigrama con la eliminación de Telefónica Tech y Telefónica Indra y la integración de sus activos en las filiales territoriales.

Empleo. Telefónica cerró el pasado 16 de octubre con UGT y CC OO el primer pacto social de la compañía, un documento de intenciones para unificar los derechos de toda la plantilla del grupo en España, independientemente de la filial en la que se encuentren. Ese pacto se interpreta como preámbulo de un expediente de regulación de empleo para hasta 6.000 trabajadores con condiciones ventajosas y que se pactará con los sindicatos como todos los anteriores, como adelantó EL PAÍS en mayo pasado.