Cuenta atrás para iniciar el cierre de Almaraz con la negociación entre Gobierno y eléctricas bloqueada

El Gobierno y las eléctricas mantienen posturas discrepantes cuando se acerca un momento clave para el futuro energético de España: el plan de cierre de la central nuclear de Almaraz en 2027. Las compañías propietarias de la planta atómica (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y el Ministerio para la Transición Ecológica chocan en sus posicionamientos, con lo que no hay negociación ni entendimiento sobre el futuro de esta central y el resto del parque español.

Las eléctricas se han mostrado favorables a revisar el calendario de cierre pactado en 2019. ...

El Gobierno y las eléctricas mantienen posturas discrepantes cuando se acerca un momento clave para el futuro energético de España: el plan de cierre de la central nuclear de Almaraz en 2027. Las compañías propietarias de la planta atómica (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y el Ministerio para la Transición Ecológica chocan en sus posicionamientos, con lo que no hay negociación ni entendimiento sobre el futuro de esta central y el resto del parque español.

Las eléctricas se han mostrado favorables a revisar el calendario de cierre pactado en 2019. Este fue un acuerdo entre empresas y Gobierno para el cierre de las siete centrales nucleares activas entre 2027 (Almaraz) y 2035 (Trillo). Llegada la hora de la verdad, las empresas solo contemplan modificar esta hoja de ruta si se les reduce la carga tributaria, dado que consideran que la operativa en los términos actuales es inviable económicamente. Por su parte, el Gobierno duda de ese planteamiento y, aunque se ha mostrado también abierto a estudiar una petición de prórroga, deja muy claro que no será a costa ni del consumidor ni del contribuyente.

Y en este contexto, se acercan momentos importantes. El director de generación de Iberdrola, Julio Castro, señalaba el pasado viernes que en menos de tres semanas presentarán al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación de parada de la planta atómica extremeña. Un paso que, a su parecer, puede producir efectos prácticamente definitivos. Según explicaba Castro, la documentación debe ser entregada por una instrucción técnica del CSN emitida el pasado mes de julio. Este dictamen se justifica en que una orden ministerial inédita de 2020 exigía el cierre del grupo uno de Almaraz el 1 de noviembre de 2027 y eso obliga a iniciar los trámites dos años antes. “El cierre se decide ya”, advertía Castro.

Pese a dichas advertencias, el Gobierno no se ha movido de su posición de partida, con lo que en las últimas semanas se está jugando una suerte de guerra fría en la que las compañías creen que el Gobierno acabará cediendo y el Ejecutivo prevé que serán las compañías quienes pidan la extensión de vida sin contrapartidas fiscales.

En este sentido, las empresas ya han transmitido al Gobierno que pueden cumplir con esa extensión de vida sin afectar al ciudadano. Es decir, lograr que nadie sufra un coste extra. Para reforzar su argumento, presentan diferentes informes de PwC, EY o Fedea que apuntan en esa dirección. Aseguran que, a diferencia de lo que estima el Gobierno, el cierre provocará un aumento del precio de la luz, y se perderá recaudación. Añaden que la nuclear española sufre una carga impositiva discriminatoria, ya que se la grava por conceptos que no se aplican a otras tecnologías ni a la propia nuclear en otros países vecinos.

Pero desde el Gobierno entienden que, pese al interés legítimo de los accionistas de las empresas, su deber es velar por el interés general y la protección de los ciudadanos. En este sentido, reiteran que una hipotética revisión del calendario solo puede estudiarse con el marco tributario y regulatorio actual, sin contrapartidas fiscales. Algo que, al menos hasta ahora, las compañías aseguran que no harán.

En esta confrontación de posturas, el calendario sigue corriendo. Y aunque los plazos no son definitivos, la cuenta atrás incrementa la tensión. Iberdrola asegura que lo único que puede hacer es cumplir con la legislación vigente y prepararse para el cierre de Almaraz si el Ejecutivo no mueve ficha. Para justificar su planteamiento, las empresas llevan meses poniendo encima de la mesa argumentos a favor de la energía nuclear, una tecnología cuya percepción ha cambiado radicalmente después de que se firmara el calendario de cierre. La Unión Europea la ha calificado como energía limpia no emisora de gases de efecto invernadero y además se la considera clave para aumentar la autonomía estratégica frente a países terceros, ya que creen que su aportación reduce la necesidad de comprar gas y otros hidrocarburos en países como Rusia o Estados Unidos, y, en el caso español, a Argelia.

A todo lo anterior se ha sumado en los últimos meses que la nuclear es una tecnología propicia para evitar incidentes como el apagón del pasado 28 de abril. Un fantasma que ha aparecido en los últimos días. Tras constatar Red Eléctrica que en septiembre se volvió a desestabilizar el sistema, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el director de energía sostenible, Julio Castro, volvieron a reiterar la contribución de las nucleares para evitar otro incidente como el del 28 de abril.

Sin embargo, el Gobierno no va en esa dirección y contempla otras soluciones de futuro para evitar apagones. En vista de que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, máxima responsable en política energética, no está dispuesta a modificar su hoja de ruta, lberdrola señala que ya tiene listo el informe técnico de cierre definitivo para Almaraz que remitirá al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de que acabe este mes de octubre, ya que se cumple el plazo. Aagesen fue la responsable de elaborar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluía el actual calendario de cierre.

El pasado mes, el propio Ruiz-Tagle envió una carta a la ministra Aagesen para abordar diferentes cuestiones. En el último punto a tratar, de nuevo pedía plantear una revisión del calendario de cierre de las nucleares. Una petición que por ahora no ha tenido respuesta. El Gobierno y también las compañías son conscientes de que afrontan debates más apremiantes como la planificación de las redes o su tasa de retribución, un marco regulatorio que deberá estar listo antes de final de año.

Entre las eléctricas también hay quien no tiene tanta prisa por abordar el cierre de Almaraz. Consideran que la petición definitiva de extensión de su operación se puede pedir hasta marzo de 2026, 18 meses antes del 1 de noviembre de 2027, cuando está pactado el cierre del reactor I de Almaraz. Una visión que no comparte Iberdrola. Julio Castro advirtió públicamente este viernes que se debe pensar que el cierre es dentro de tres semanas.

Un debate con efectos en lo político

Por ahora, las eléctricas ya han logrado que la Comunidad Valenciana y la Junta de Extremadura se muevan ante la presión de Vox sobre los gobiernos del Partido Popular. La administración liderada por Carlos Mazón ya eliminó en primavera las tasas regionales a la energía nuclear y, este mismo viernes, la presidenta extremeña, María Guardiola (PP), anunció que esta ecotasa se reduce a la mitad. Ambas medidas tomadas por comunidades del PP fueron exigidas por los de Santiago Abascal, partido que necesitan para aprobar sus Presupuestos.

Las eléctricas son conscientes de que, ante esta coyuntura política, el cierre de Almaraz puede ser un golpe para el PSOE de Extremadura, que perdió el Gobierno regional en 2023. El pasado sábado 4 de octubre se produjo la última movilización en el territorio de la plataforma contraria al cierre. La central nuclear es una de las mayores fuentes de riqueza y empleo (5.000 entre directos e indirectos) que tiene la región, cuya economía es de las más rezagadas respecto de la media nacional.

Pero, por ahora, las presiones políticas, económicas o sociales no están surtiendo efecto. En el entorno del Gobierno hay quien cree que las eléctricas darán su brazo a torcer y acabarán solicitando la prórroga, aunque en inicio sea sin contrapartidas. Consideran que entre los cálculos de las compañías también está el potencial cambio de Gobierno. Fuentes del sector señalan que pedirán la prórroga para Almaraz I porque todo podría cambiar si el PP llega a La Moncloa. El partido de Feijóo ya se mostró abierto en 2023 a revisar el calendario de cierre, antes de las elecciones generales.

Por otro lado, el actual Gobierno de coalición también tiene sus límites. El acuerdo firmado entre PSOE y Sumar manifestaba lo siguiente: “Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”. Es decir, no se especificaba cuándo cerraría cada central, con lo que se abre la puerta a que Almaraz aguantase hasta la fecha más tardía, si bien la formación de Yolanda Díaz se ha mostrado contundente con su postura de no permitir ninguna prórroga.

Si en los próximos nueve meses no se pide la prórroga, quizás después sea imposible resucitar la planta, con el agravante de que el plan de desmantelamiento podría encarecerse dados los retrasos que ya se están viendo con Garoña. La central burgalesa fue cerrada en 2017 con Álvaro Nadal como ministro de Energía del PP, hermano del actual responsable en la materia en Génova, Alberto Nadal.

El hipotético cierre de Almaraz ahora y un cambio de Gobierno después que cambiara de política energética podría producir efectos dispares en las compañías afectadas. Iberdrola es quien más se juega en Almaraz, mientras que Endesa está mucho más interesada en Ascó y Vandellós, cuyo plan de cierre es entre 2029 y 2030 y podría llegar con otro Gobierno.

Mientras las partes mantienen su posición y siguen dando pasos hacia el cierre de Almaraz, antiguos dirigentes explican que estas partidas nunca se juegan de manera aislada, sino que se tienen en cuenta otras batallas vivas. El Gobierno ahora cuenta con algunas competencias regulatorias para influir sobre la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en la revisión de la retribución de las redes, donde las eléctricas se juegan tanto o más que en Almaraz. Además, las eléctricas han demandado en el Tribunal Supremo al Ejecutivo por la tasa Enresa o por su informe sobre el apagón y por el camino se está elaborando la planificación eléctrica hasta 2030. Las fuentes consultadas no dudan de que estas cartas también pueden pesar en la partida.