La planificación de la red eléctrica abre un frente entre Gobierno y autonomías por los centros de datos

El Gobierno está actualmente embarcado en la delicada tarea política de desplegar la planificación eléctrica nacional para los próximos años, que supondrá ...

El Gobierno está actualmente embarcado en la delicada tarea política de desplegar la planificación eléctrica nacional para los próximos años, que supondrá repartir en el territorio 13.500 millones de euros en el refuerzo de la red eléctrica. Se trata de una infraestructura crítica para atraer proyectos clave para la generación de empleo y la economía de las distintas regiones. Por ello, diferentes fuentes del sector ya anticipan un nuevo frente político entre la Administración Central, encargada de la planificación, y las comunidades autónomas, dadas las implicaciones que tiene este plan sobre los distintos territorios, especialmente en aquellos con compromisos millonarios pendientes en centros de datos.

De forma inminente, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que hacer pública la planificación que ha elaborado para los próximos años y todas las regiones podrán saber no sólo la parte que le corresponde a su territorio, sino también qué porción de la tarta ha caído en el resto del país. A partir de ahí, se abrirá a consulta pública dicha planificación para que todos los agentes puedan hacer sus alegaciones en las próximas semanas.

Sabedor de la sensibilidad política que entraña esta cuestión, el Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses preparando el terreno. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido en las últimas semanas reuniones técnicas con consejeros de todas las comunidades autónomas, en las que también ha participado Red Eléctrica, empresa encargada de ejecutar los planes del Gobierno. Además, esta misma semana también se ha visto con las principales empresas distribuidoras, para conocer las necesidades de apoyo a la baja tensión, que ha mostrado falta de capacidad para nuevos proyectos. Antes, el departamento liderado por Sara Aagesen ya pidió a los distintos territorios que esbozaran una lista de sus actuaciones prioritarias, según ha desvelado El Mundo de fuentes del propio ministerio. La planificación debe hacerse lo más simple posible, para evitar impactos sobre el territorio y que suba lo menos posible la factura de la luz, ya que estas inversiones se cargan al recibo de los consumidores.

Tras las reuniones, las comunidades autónomas han mostrado un alto grado de satisfacción en general. Sin embargo, ya han surgido las primeras críticas. La más sonora ha llegado desde Aragón. La comunidad liderada por Jorge Antonio Azcón ha tachado la propuesta que le ha hecho llegar el ministerio de “decepcionante”, ya que a su juicio limita la posibilidad de acoger centros de procesamiento de datos, que está suponiendo una cascada de anuncios de inversión de gigantes internacionales como Blackstone (7.500 millones) o Amazon (15.700 millones) en la región.

La crítica ya ha sido respondida desde la Administración Central. Groizard, que ya apuntaba a cierta burbuja desde principios de año, señala que ya hay peticiones de conexión a la red aceptadas por 12,5 GW, cuando la planificación estima que no se necesitan más de 4 GW para atender la necesidad de datos en los próximos años.

Tanto Groizard como Aagesen ya han dejado claro que la prioridad a la hora de conceder permisos de acceso a red, un bien preciado por la escasez de puntos que existe en España, serán los proyectos industriales, que generan más valor añadido económico y empleo.

En las reuniones mantenidas no están dando prioridad a las peticiones que buscan satisfacer a los centros de datos. De hecho, aunque de forma más tímida que Aragón, también han aflorado críticas desde Cantabria, donde se ha calificado de “política restrictiva” la planificación sobre centros de datos. Incluso se ha consensuado formar un grupo de trabajo para abordar el proyecto Altamira anunciado por Stoneshield Capital, la gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés, que prevé invertir 3.600 millones de euros.

También se ha quejado de la planificación 2025-2030 el presidente de Galicia, Alfonso Rueda. El sucesor de Feijóo ha lamentado la exclusión del proyecto aún sin confirmar de Altri para conectar una fábrica de celulosa y ha asegurado que esta decisión se reduce a una cuestión política que perjudica a toda la provincia de Lugo. Sin embargo, la comunidad se ha mostrado satisfecha para las otras tres provincias, donde va a doblar su capacidad.

Otros territorios que se han mostrado satisfechos en parte pero que han pedido más para centros de datos son Andalucía y Madrid. Se trata de dos de las baronías más potentes que tiene el PP. Moreno Bonilla ha reclamado más inversión para su tierra.

Ninguna ha hecho especial ruido por ahora con la causa. El tono ahora de satisfacción por mejorar el acceso a redes para desarrollo residencial dista mucho de hace año y medio, cuando Ayuso dijo que el Gobierno quería dejar Madrid sin energía. Pero en el ámbito empresarial y también político no se descarta que pueda haber controversia. Sobre todo se teme que se puedan hacer agravios comparativos. Ya han empezado a aflorar por dónde pueden venir las comparaciones. El PNV ha celebrado el incremento de las inversiones en la planificación para Euskadi, que aumentará su potencia en un 40%. En el caso de Murcia, el tono también fue de entendimiento. Sin embargo, tras la reunión, una diputada de la asamblea regional del PP quiso “exigir al Gobierno de España que deje de castigar a Murcia con inversiones por debajo del 1% en el sistema eléctrico, mientras destina un 17% al País Vasco”.

Las quejas no solo vienen del PP, también hay comunidades del PSOE que han criticado la planificación. Este es el caso de Navarra. Su consejero de Industria se mostró tras la reunión con el ministerio “profundamente preocupado” tras asegurar que algunas demandas en cuanto a mejora de las capacidades de la comunidad foral no han sido “debidamente atendidas”.

Fuentes al tanto de la situación señalan que las quejas de Navarra, gobernada por el partido socialista, demuestran que el Ministerio ha aplicado el mismo criterio para todos sin distinción por cuestiones políticas. Sin embargo, estas fuentes admiten que tras publicarse el mapa completo no es descartable que haya quien quiera hacer una causa política de esta cuestión.

La planificación anunciada este mismo mes de septiembre contempla dotar de actuaciones a la red para dar cabida a 9 GW de industria o 13 GW de plantas de producción de hidrógeno verde. Además, hay otros 4 GW entre proyectos residenciales, claves para abordar el problema de la vivienda, actuaciones en los puertos o la red de alta velocidad de Adif. A lo anterior habrán de sumarse 3,8 GW más para los centros de datos ya citados.