Las plataformas rebajan el impacto de la retirada de pisos turísticos por incumplir el registro

Airbnb, la mayor plataforma de anuncios de pisos turísticos en España, confirmó este lunes que procederá a retirar de su plataforma los 5.000 anuncios de pisos turísticos que han sido revocados en el nuevo registro único de alquileres de corta duración. Una cifra que dista mucho de las más de 53.000 viviendas anunciadas por el Gobierno este domingo. Las principales empresas del sector han mostrado su disposición a acatar la medida, aunque rebajan el impacto de la misma.

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Airbnb, la mayor plataforma de anuncios de pisos turísticos en España, confirmó este lunes que procederá a retirar de su plataforma los 5.000 anuncios de pisos turísticos que han sido revocados en el nuevo registro único de alquileres de corta duración. Una cifra que dista mucho de las más de 53.000 viviendas anunciadas por el Gobierno este domingo. Las principales empresas del sector han mostrado su disposición a acatar la medida, aunque rebajan el impacto de la misma.

“Como parte de la colaboración con el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que menos del 10% de los números de registro nacionales que fueron revocados por Registradores hasta hoy tienen un anuncio activo y Airbnb procederá a darlos de baja de la plataforma”, recalcó este lunes Airbnb en un comunicado. Eso sitúa los pisos que se retirarían unos 5.300 como mucho. Otras plataformas, como Booking, están todavía analizando los datos para saber cuántos anuncios tendrán que retirar. “Aunque por el momento no compartiremos cifras concretas, Booking ha trabajado desde el inicio con el Ministerio de Vivienda para asegurar que nuestro portfolio en España cumple plenamente con los requisitos del Real Decreto 1312/2024 [el que regula el registro único de alquileres de corta duración]. Nuestro compromiso sigue siendo colaborar con las autoridades nacionales y regionales para promover una regulación clara y combatir los alquileres turísticos ilegales”, remarcó en un comunicado.

Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que anunció el domingo en Málaga, en el fragor de un encuentro con militantes del PSOE, que obligará a las plataformas digitales a la retirada de 53.340 licencias de viviendas de uso turístico por no cumplir los requisitos fijados en el nuevo registro de alquileres de corta duración.

La cifra sale del total de permisos retirados desde que el registro único se puso en marcha. Todos aquellos propietarios de viviendas que solicitaron su inscripción en el citado registro recibieron un número temporal, que debían mostrar en los anuncios de las distintas plataformas online como Airbnb o Booking. Una vez finalizado el análisis, el Ministerio de Vivienda y Registradores de España, que cogestionan el registro, han remitido un listado a todas las plataformas con los números temporales cuya solicitud ha sido rechazada. Lo que pide el Gobierno es que si hay anuncios que corresponden con esas licencias, sean retirados definitivamente.

El cálculo que hace el Gobierno es que desde que se puso en marcha el registro único de alquileres (primero en período de pruebas desde el 2 de enero y ya plenamente operativo desde el 1 de julio) 266.700 viviendas turísticas que quieren comercializarse en plataformas online han solicitado su inscripción en el registro. Eso es aproximadamente un 70% de las 381.000 que, según el INE, había el pasado mayo, aunque ese cálculo se hace con una metodología de rastreo que no hace ambas estadísticas completamente comparables. En cualquier caso, el Ejecutivo destaca que es “un porcentaje muy elevado”. Y además recuerda que las casas rurales que ofrecen servicios de restauración no están obligadas al registro, por lo que consideran que la puesta en marcha ha sido un éxito. Del total de solicitudes, un 20% (es decir, las 53.240 a las que se refirió Sánchez) han sido denegadas por distintos motivos, como no cumplir con la normativa municipal o no contar con la autorización de la comunidad de vecinos.

Esas viviendas son las que supuestamente van a salir del mercado de alquiler turístico y van a aliviar la falta de oferta y la carestía de precios del alquiler residencial. “Pasarán a ser alquileres constantes para la gente joven y familias de este país”, sentenció Sánchez. Pero las cifras de Airbnb ya anticipan que posiblemente no sean tantas las viviendas que desaparezcan de las plataformas (algunas podrían haber sido retiradas antes o que no se hayan llegado a anunciar) y, por otro lado, no está claro que todas tengan que dar el paso de pasarse al arrendamiento residencial.

Eso es algo que cuestiona abiertamente Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, asociación que representa a 5.000 propietarios de 6.000 viviendas de uso turístico (un tercio de las censadas en la capital, según el INE). Meras considera que una parte muy relevante de los caseros, una vez que no se les conceda autorización para operar, “dejarán de alquilar por falta de garantías ante los impagos, los desperfectos o las ocupaciones”. Las supuestas desventajas del alquiler de vivienda habitual forman parte de la retórica habitual de este tipo de asociaciones.

Pero al margen de las impresiones de los propietarios, las plataformas afectadas también reducen el impacto de la medida por otros motivos. Una de estas empresas, por ejemplo, recuerda que los propietarios publican sus anuncios en varias webs o aplicaciones a la vez, por lo que puede haber viviendas repetidas. También cabe la posibilidad de que un inmueble cuente con varios números temporales de registro. Y además, recalcan, la denegación de la inscripción en el registro no es definitiva y puede haberse producido por no haber incluido toda la información necesaria, o por no contar todavía con una licencia o un permiso municipal. Subsanado ese error, el propietario podría volver a solicitar el registro y obtener la autorización del Colegio de Registradores para poder operar.

El propio Ministerio de Vivienda ha admitido limitaciones a la hora de ejercer presión para la retirada de pisos turísticos. Como cogestor del registro, el departamento que encabeza Isabel Rodríguez puede exigir a las plataformas que retiren los anuncios que no cumplen con los requisitos. Pero con el reparto competencial actual no puede solicitar ni su cierre ni imponer multas por incumplimientos de las normas. Eso le corresponderá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cuyo celo inspector es variable.

Así lo apuntó este lunes la propia ministra de Vivienda, quien lamentó que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos no estén ayudando al Gobierno a implementar una normativa que luche contra los pisos turísticos ilegales. “Ni las propias plataformas, para las que podría surgir un perjuicio, han recurrido esta medida”, aseguró en una entrevista en Antena 3 en alusión a Andalucía. Esta comunidad ha presentado una demanda en los tribunales contra la norma para regular el alquiler de vivienda de corta duración. Y es el territorio que concentra más solicitudes denegadas: 16.740, que suponen un 31,3% del total.

Rodríguez también centró sus críticas en otra comunidad gobernada por el PP, Madrid, a la que acusó de amparar la “ilegalidad”. En este territorio, argumentó la ministra, 83% de las viviendas inscritas en el nuevo registro lo ha hecho como vivienda temporal en vez de como vivienda turística, para esquivar las limitaciones impuestas contra este tipo de alquileres.