La nueva red pública de fibra disparará sus costes tras anular el concurso de Huawei
Transformación Digital deberá rediseñar las bases técnicas para excluir al fabricante chino, que puede llevar el caso a los tribunales. Nokia, Cisco y Juniper, entre los candidatos a hacerse con el contrato
El nuevo concurso que va a convocar el Gobierno para mejorar la red pública de fibra óptica RedIRIS disparará los costes de esa renovación tras la anulación exprés de la anterior licitación que le fue adjudicada a Telefónica bajo la condición de que mantuviera los equipos de Huawei. El Ministerio de Transformación Digital anunció ayer que convocará de “forma inminente en los próximos días” una nueva licitación para mejorar las prestaciones de la RedI...
El nuevo concurso que va a convocar el Gobierno para mejorar la red pública de fibra óptica RedIRIS disparará los costes de esa renovación tras la anulación exprés de la anterior licitación que le fue adjudicada a Telefónica bajo la condición de que mantuviera los equipos de Huawei. El Ministerio de Transformación Digital anunció ayer que convocará de “forma inminente en los próximos días” una nueva licitación para mejorar las prestaciones de la RedIRIS-NOVA100, una red de fibra de alta velocidad que da cobertura a universidades y centros de investigación, aunque presta servicios a otras instituciones públicas como el Ministerio de Defensa.
El ministerio aprobó el pasado 25 de agosto la adjudicación del contrato de esta red, dependiente de Red.es, de más de 16.000 kilómetros que recorre todo el territorio español a Telefónica, pero tres días después aseguró que el contrato se había cancelado por razones de “estrategia digital y autonomía tecnológica”, como adelantó EL PAIS. Hasta ayer no existía ninguna constancia documental de esa cancelación ni se le ha comunicado oficialmente a Telefónica ni a Huawei como adjudicatarios.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, trató de aclarar ayer que, en realidad, el contrato “no estaba adjudicado del todo ni firmado”, y que ahora se ha decidido ponerlo en “proceso de cancelación” por “criterios de soberanía estratégica”. “Es verdad que se arrancó con una idea, pero posteriormente ha sido modulada como tantas otras cuestiones en digitalización, porque estamos en un ámbito dinámico y cambiar las decisiones entra dentro de la normalidad”, indicó.
Pero esa relicitación va a suponer un coste extra importante respecto al presupuesto de 9,8 millones de euros por el que se adjudicó el contrato original. Y es que esta red, que gestiona Telefónica, está equipada con equipamiento de routing IP de Huawei, por lo que, si se le adjudica como es previsible a otro proveedor habrá que desmontar todos los equipos de la marca china y sustituirlos por los dispositivos del nuevo fabricante. En la práctica, se trata de construir una nueva red, lo que supone un coste muy superior que renovar otra con equipos más avanzados del mismo fabricante, informan fuentes del sector.
La actual RedIRIS estuvo inicialmente equipada por Alcatel. En 2020, se adjudico a Huawei la implementación de una mejora para reemplazar la infraestructura anterior y elevar la velocidad de 10 Gbps a 100 Gbps. Ahora se quería replicar ese proceso, pero pasando de 100 a 400 Gbps, siempre con equipos de Huawei, en un concurso sin publicidad negociado directamente con Telefónica. Tras el giro de 180 grados dado por el Gobierno ante la polémica desatada por la revelación del concurso, la nueva licitación tendrá que construirse mediante bases técnicas que aseguren la concurrencia de otros fabricantes distintos de Huawei.
Candidatos
Entre los que podrían optar al concurso destacan la finlandesa Nokia y las estadounidenses Cisco y Juniper, señalan las mismas fuentes. También cabe la posibilidad de que al cambiar el fabricante la gestión de la red se abra a otros operadores distintos de Telefónica. La principal arma con la que juega Huawei en España son sus bajos precios para un nivel tecnológico similar al de sus rivales, por lo que será difícil que los nuevos adjudicatarios se ajusten al presupuesto anterior, salvo si el contrato les abre la puerta a sucesivas renovaciones de la red, señalan las fuentes citadas.
Y es que, como admitió ayer María González Veracruz en la nueva convocatoria Huawei no será oficialmente excluida del concurso porque España, a diferencia de otros países de la Unión Europea como Alemania, Suecia o Dinamarca, no ha incluido al fabricante chino en ninguna lista proveedores prohibidos. “Por supuesto que el uso de equipos de Huawei no está prohibido en España, donde no tenemos una lista de proveedores (de alto riesgo) porque el Gobierno se decantó por pronunciarse de manera individualizada ante adjudicaciones que afectan a la seguridad”, aclaró la secretaria de Estado tras inaugurar en Santander el 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de la patronal tecnológica Ametic.
Posible recurso de Huawei
Otra complicación colateral que puede tener la nueva licitación, es una posible demanda judicial de Huawei, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios puesto que la firma tecnológica china ya tenía en marcha la fabricación de los equipos del concurso finalmente anulado. Para evitar esa demanda, los técnicos del Ministerio deberán afinar las causas que justifiquen esa anulación exprés más allá de la respuesta oficial que ha dado hasta el momento de razones de “estrategia digital y autonomía tecnológica”.
Huawei ya recurrió ante la Audiencia Nacional las bases del plan de subvenciones al 5G rural del Gobierno español en octubre de 2023 por 500 millones de euros, argumentando que una cláusula en las bases de la orden ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos excluía de forma indirecta a la empresa, era contrario a derecho y desproporcionado. La medida se tomó después de que Telefónica ganara la puja principal por estas ayudas, lo que generó críticas de Huawei y Vodafone por una posible exclusión de las empresas chinas del proyecto.
Por otra parte, la secretaria de Estado de Digitalización ha dejado la puerta abierta a que el gigante estadounidense Broadcom reconsidere su decisión de instalar en España una planta de microchips, mediante una inversión de 850 millones de euros. Pese a las informaciones que apuntan a que la compañía estadounidense ha roto las negociaciones con el Gobierno español, el ejecutivo aún mantiene la esperanza de reconducir la situación, una vez que el país sigue “jugando la partida” y el “tiempo no ha terminado”. En su opinión, “este tipo de conversaciones mundiales suceden cosas que cambian los escenarios y a las que hay que estar abierto.