La parte del recibo de la luz que fija el Gobierno subiría un 50% si se elimina el impuesto eléctrico
Si los consumidores se libraran del tributo del 7% a la generación, esa cantidad la pagarían en los cargos, que se financian con su recaudación
El acuerdo entre el Partido Popular y Junts para suspender el impuesto del 7% a la producción de cualquier tipo de generación eléctrica a través de una enmienda al proyecto de ley del comercio de emisiones de CO₂, actualmente en trámite en el Congreso, ha venido a coincidir con la publicación de la propuesta de los denominados cargos de la factura de la luz para 2025 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Los cargos suponen aproximad...
El acuerdo entre el Partido Popular y Junts para suspender el impuesto del 7% a la producción de cualquier tipo de generación eléctrica a través de una enmienda al proyecto de ley del comercio de emisiones de CO₂, actualmente en trámite en el Congreso, ha venido a coincidir con la publicación de la propuesta de los denominados cargos de la factura de la luz para 2025 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Los cargos suponen aproximadamente una cuarta parte del recibo; otra cuarta parte son los peajes de las redes, que revisa la CNMC y bajarán un 4% en enero, y la mitad restante corresponde al precio de la energía y a los impuestos, como el IVA, que gravan el recibo.
Según la propuesta del ministerio que dirige Sara Aagesen, un consumidor tipo (con una potencia de 3,5 kW y un consumo anual de 213 kWh) pagará por esa parte de la factura un 33% más desde enero, mientras que la subida sería del 39% teniendo en cuenta el agregado: la previsión de cargos netos (restados los ingresos a los costes) para 2025 es de 3.527 millones de euros, frente a los 2.532 millones de 2024. Otra opción sería una inyección de fondos públicos, lo que resulta poco probable ante el escaso margen presupuestario del Ejecutivo.
Se da la circunstancia de que una parte importante de esos cargos (que se destinan a las energías renovables con retribución especial; la deuda eléctrica acumulada durante años o a subvencionar los sistemas extrapeninsulares), se financian con el impuesto que PP y Junts han pactado eliminar, que supone unos 1.100 millones de euros (otra parte procede de las subastas de CO₂ y el resto, del bolsillo del consumidor). Por tanto, si se pierden esos ingresos, la subida de enero de los cargos netos ya no sería del 39% sino de algo más del 50%. Si bien es cierto que, como subrayan fuentes del PP, los consumidores se ahorrarían esa cantidad en el precio de la energía si se elimina el impuesto, la pagarán en los cargos. Pero el reparto ya no será el mismo: mientras la repercusión del 7% que trasladan al precio final las eléctricas (que son las que pagan el tributo a Hacienda) es igual para todos, los cargos no son lineales y benefician a la gran industria frente a los consumidores domésticos, porque se cobran en función de las tensiones: a mayor tensión, caso de las industrias, menores cargos.
El primer Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 la Ley de Medias Fiscales para la Sostenibilidad Energética, con la que se creó el polémico impuesto del 7% (además de otro sobre la nuclear y un canon hidráulico) con el objetivo de sufragar el desbocado déficit de tarifa, que llegó a rondar los 30.000 millones de euros. Por tanto, Hacienda lo recaudaba del sistema eléctrico y después se lo devolvía al propio sistema (a los cargos) para evitar nuevos déficit y poder pagar la deuda que fue titulizada a través del FADE. Por primera vez, el sistema eléctrico, que hasta entonces había sido autosuficiente (todos los costes los pagaban los usuarios en la factura), comenzó a depender de los Presupuestos del Estado, si bien, con dinero de los consumidores y no de los contribuyentes. La tarifa había empezado a soportar costes ajenos, como las elevadas primas de las renovables o el coste financiero de la propia deuda.
4.192 millones para las renovables
La norma no liga textualmente esa recaudación a la existencia o no de posibles déficits, sino al fomento de las energías renovables, que aún recibirán 4.192 millones de euros el próximo año. Según la ley de 2012, “en las leyes de Presupuestos del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico (..), referidos a fomento de energías renovables”, un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos regulados en dicha ley.
Por tanto, el argumento de que el impuesto ya no tiene sentido porque ya no hay déficit (aunque sí una deuda cuya financiación supondrá aún 2.390 millones en 2025) no concuerda con el contenido de la ley. La gran industria que viene presionando desde hace meses para que se elimine el impuesto eléctrico y los grupos políticos que la respaldan alegan que en otros países europeos dicho impuesto no existe, lo que les resta competitividad. Durante los dos años largos de crisis energética el Gobierno lo suspendió y eléctricas e industria abrigaron la esperanza de que lo eliminaría definitivamente.
Por el momento, el PSOE y Sumar han aplazado sin fecha la comisión del Congreso en que se iba a aprobar la medida, en tanto se estudian fórmulas que eviten que se anule el tributo. Una de las que se barajan es retirar la ley y aprobar después un real decreto-ley, lo que le enfrentaría abiertamente a una oposición que no respaldaría su convalidación. Según distintas fuentes, el Gobierno tenía la intención de vetar la propuesta apelando al artículo 134.2 de la Constitución, que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos (gastos) o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, un artículo al que se ha recurrido en numerosas ocasiones. Fuentes del PP reconocen que podría haberlo bloqueado, pero la ausencia de un diputado del PSOE en el debate de la ponencia del Congreso permitió que la enmienda se incorporara finalmente al informe, por lo que ya forma parte del articulado del proyecto de ley.
La enmienda transaccional del PP y Junts propone el tipo cero de este impuesto que se aplicaría siempre que no haya déficit de tarifa. Una cuestión complicada porque si Hacienda se queda sin dicha recaudación también el sistema se quedaría sin esos ingresos y el déficit quedaría de nuevo asegurado.