Los hoteleros recurrirán ante los tribunales el nuevo registro de viajeros de Interior

Los hoteleros se han cansado de esperar al Ministerio de Interior en su lucha para suavizar o modificar el real decreto que entra en vigor el próximo 2 de diciembre, tras tres prórrogas, y que establece las nuevas obligaciones de registro de viajeros tanto para hoteles como para agencias de viajes. Solo siete días antes de su entrada en vigor, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a 15.000 hoteles, ha anunciado, “ante el silencio del Ejecutivo”, que recurrirá a los tribunales para defender los derechos de las empresas y de los viajeros.

A partir de esa fecha, hoteles y agencias de viajes estarán obligados a facilitar hasta 42 datos diferentes de cada uno de los viajeros (en la actualidad el máximo son 14) y si no lo hacen se exponen a sanciones, que van desde los 601 euros hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad de la falta. “Queremos que se nos exima de esas obligaciones por distintas razones. La más importante es que la mayoría de reservas se hacen a través de agencias de viajes online o bancos de camas, con lo que no sabemos quién está detrás de las mismas. Tampoco tenemos acceso a datos como el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros o el precio de la estancia”, señala Ramón Estalella, secretario general de Cehat, que critica la falta de diálogo y voluntad negociadora de Interior.

“Tres reuniones en tres años sin ningún avance. Ni un cambio desde 2021″, puntualiza. Los hoteleros se muestran dispuestos a recopilar todos los datos que figuran en DNI o pasaporte y remitirlos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como hacen ahora. “Esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país”, subraya el comunicado remitido esta misma mañana por la patronal.

En la batalla legal que se avecina, las líneas de defensa de los hoteleros serán dos. La primera es que la norma no se puede aprobar por real decreto, ya que suprime derechos fundamentales como la privacidad y eso debe hacerse mediante una norma de rango superior como una ley orgánica, lo que obligaría a su tramitación en el Congreso y el Senado. “No lo han hecho así porque saben que perderían las votaciones”, precisa Estalella. La segunda se basa en la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), fechada 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el real decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre los que se encuentran los incluidos en los medios de pago.

El otro gran colectivo afectado por ese nuevo registro es el de las agencias de viajes. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), confiesa que la prioridad es que esta actividad quede excluida del ámbito de aplicación. “Las agencias no están incluidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de la que deriva el citado real decreto, por infringir la normativa de protección de datos y por implicar cargas demasiado onerosas y desproporcionadas para las agencias de viajes”, apunta.