El Gobierno planea mejorar a las aseguradoras para salvar el convenio de Muface

La fecha crítica ha llegado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el nuevo pliego de condiciones para los convenios de Muface, Isfas y Mugeju, las tres mutualidades encargadas de gestionar la atención sanitaria de 2,14 millones de funcionarios y familiares (profesores, jueces, militares, policías, guardias civiles...). Las tres aseguradoras que hasta ahora participaban en el convenio con estas mutuas —Adeslas, DKV y Asisa— llevan años quejándose de que ...

La fecha crítica ha llegado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el nuevo pliego de condiciones para los convenios de Muface, Isfas y Mugeju, las tres mutualidades encargadas de gestionar la atención sanitaria de 2,14 millones de funcionarios y familiares (profesores, jueces, militares, policías, guardias civiles...). Las tres aseguradoras que hasta ahora participaban en el convenio con estas mutuas —Adeslas, DKV y Asisa— llevan años quejándose de que pierden dinero con este acuerdo. El Gobierno propuso en la última reunión una mejoría del 14%, en dos años, pero el sector lo considera insuficiente y aseguran que con menos del 24% de incremento no se cubriría el déficit de financiación. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el Ejecutivo estaría dispuesto a tener un último gesto que salve el convenio.

La presión para el ministerio de Función Pública es enorme, puesto que es el encargado de perfilar las condiciones del concurso público para este servicio. Los convenios de Muface y el resto de mutualidades llevan en marcha más de 50 años. A través de esta colaboración público-privada, las mutualidades de funcionarios acuerdan con aseguradoras de salud para cubrir a este amplio colectivo de empleados públicos. Cada año, el funcionario comunica a Muface si quiere recibir la asistencia sanitaria por parte de la sanidad pública, o a través del concierto con compañías privadas. Más del 75% opta por la segunda opción y, en el caso de los militares, ese porcentaje llega al 90%.

Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y las tres grandes asociaciones de jueces han expresado en los últimos días su “profunda preocupación” por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las mutuas. Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, explica que este conflicto “pone en peligro la atención sanitaria de muchos guardias civiles y, si no se resuelve, miles de ellos se verán obligados a recurrir a la sanidad pública, en un traslado que provocaría la saturación de un sistema ya de por sí sobrecargado”.

No solo los empleados públicos están nerviosos. Las consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas temen que el convenio de Muface quede desierto, lo que supondría un aluvión de pacientes hacia unos hospitales y centros de salud que ya acumulan enormes listas de espera.

También la falta de acuerdo preocupa a las clínicas y médicos privados ya que una buena parte de su negocio depende de la atención a funcionarios que optan por una cobertura privada, a través de Adeslas, Asisa o DKV. De hecho, el sector está desesperado porque desde hace años no se revisan adecuadamente la compensación que perciben de las aseguradoras por prestar estos servicios, y hasta han puesto cientos de reclamaciones en Competencia. Un directivo de una de las grandes aseguradoras sanitarias reconoce la situación: “Como el convenio con Muface estaba sistemáticamente infrafinanciado, nosotros hemos apretado mucho a los médicos”.

Algunas asociaciones de médicos autónomos, como Unipromel, incluso van un paso más allá y piden que se revise en profundidad el modelo Muface, de modo que la mutualidad pueda pagar directamente a los profesionales sanitarios, sin necesidad de que haya un concierto intermedio con las aseguradoras.

La propuesta actual

En la reunión celebrada en la secretaría de Estado de Función Pública, el viernes 27 de septiembre, se trasladó a las aseguradoras que el Gobierno solo podría mejorar las condiciones del concierto en un 13,5% para 2025 y del 0,5% para el año siguiente. Algo considerado inasumible por el sector, que aduce un sistema totalmente infrafinanciado. Las compañías de seguros calculan que, con menos de un 38% de subida en dos años, seguirán perdiendo dinero y apuntan a que desde Muface se había trasladado la disposición de subir al menos un 24%.

Una de las opciones que tiene el Gobierno encima de la mesa es aceptar una subida del 14% solo para un año, y volver a negociar en 2025. “Sería interesante, sobre todo para Adeslas y DKV, porque ellos aplican la nueva contabilidad de seguros, que les obliga a traer a la cuenta de resultados presente las pérdidas futuras”, apuntan fuentes del sector. Adeslas calcula que con la propuesta de subida actual, del 14%, seguirían teniendo pérdidas de más de 100 millones al año con Muface, que deberían agrupar y anotarse en las cuentas de 2024, cuando se firmaría el acuerdo. Asisa está al margen de este problema porque utiliza la contabilidad aseguradora antigua.

Otro de los dilemas para el sector es quién va a ir al convenio y quién no. La más grande de las tres aseguradoras participantes en las mutualidades de funcionarios es SegurCaixa Adeslas —controlada en un 50,1% por el grupo Mutua y en un 49,9% por CaixaBank—, que atiende a la mitad de este colectivo y tiene mayor presencia en toda España. Fuentes de DKV y de Asisa reconocen que “si Adeslas no va al convenio, nosotros tendríamos muy difícil acudir”.

Antes de que el convenio se publique en el BOE nadie se atreve a aventurar a cuánto llegará el Gobierno en su propuesta. ¿Un 18%? ¿Un 20%? ¿La renovación anual? Todo el sector da por hecho una mejora respecto al 14%. El presidente de Mutua, Ignacio Garralda, ya amenazó con que dejarían Muface si no había una mejora sustancial. Desde Hacienda recuerdan que sería una de las partidas que más subiría en los Presupuestos Generales, cuya aprobación, a su vez, está en el aire.

Actualmente, la prima media que paga el Estado por cada empleado público que acude a una aseguradora privada a través de Muface está en 984 euros. La Fundación IDIS, vinculada a las aseguradoras de salud, calcula que el coste por paciente en la sanidad pública está en 1.608 euros.

Otra de las propuestas que el sector ha puesto sobre la mesa es que la renovación bianual del convenio de las mutualidades de funcionarios esté condicionada al aumento del gasto público sanitario. Un alto cargo de una de las aseguradoras implicadas argumenta que “no es razonable que el Estado dispare cada año el gasto sanitario mientras que el convenio de Muface esté permanentemente infrafinanciado”. La pelota está en el tejado del Gobierno.