El grupo húngaro Ganz-MaVag se defiende tras el veto del Gobierno y no renuncia a otra opa sobre Talgo

El grupo húngaro Ganz-MaVag ha confirmado este viernes la retirada de su oferta pública de adquisición (opa) por el fabricante español de trenes Talgo, después del veto del Gobierno español el pasado martes. El consorcio ha aprovechado la oportunidad para defender su posición y reiterar que su interés en la compañía española se mantiene intacto. “La decisión del Consejo de Ministros notificada carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión”, ha afirmado en la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la firma asegura que podría considerar “volver a presentar una oferta” para adquirir el 100% de Talgo.

La empresa, conformada por el fondo de inversión estatal húngaro y la compañía ferroviaria de Hungría, Magyar Vagón, confirma que tiene intención de iniciar todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea, como ya adelantaba EL PAÍS el martes. En particular, prevé recurrir en primera instancia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Además, el grupo húngaro asegura que buscara “la indemnización de todos los daños y perjuicios causados” por la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Aunque sin precisar tiempos exactos, asegura que en los próximos dos meses “analizará y determinará las actuaciones procedentes” para defender sus intereses.

La notificación a la CNMV despeja una de las principales incógnitas del mercado, que se preguntaba si Ganz-MaVag intentaría continuar con la operación de cualquier manera. En caso de que hubiera intentado seguir con la opa, la empresa se hubiera topado con el regulador bursátil, quien “no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la correspondiente autorización, no oposición, o simple notificación”, según reza la legislación.

El consorcio además ha hecho pública la notificación oficial que recibió por parte del Ejecutivo español, donde se le informa a la empresa la no autorización de su oferta. El informe oficial, con membrete de los ministerios de Economía y de Transportes y Movilidad Sostenible, evita dar mayores precisiones al respecto de la decisión y solo detalla, como se hizo público el martes, que la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) informó que esta operación suponía “riesgos para la seguridad, orden y salud públicos”. El documento, firmado por los ministros Carlos Cuerpo y Óscar Puente, solo aporta un nuevo dato: la decisión de la Jinvex fue tomada el pasado lunes, solo un día antes de que el veto se hiciera público.

Próximos pasos

Los inversores húngaros cuentan con pocas salidas ante la situación, ante lo inédito de la decisión del Ejecutivo español. El Gobierno ha autorizado el 90% de las ofertas por empresas españolas bajo el escudo antiopas, desde que su creación en 2020. Además, el Ejecutivo ha recibido el espaldarazo de Bruselas, que este viernes criticó directamente a Víktor Orbán, el primer ministro húngaro. “Están echando la culpa no al invasor, sino al invadido, no a la lujuria de poder de [el presidente ruso Vladímir] Putin, sino a la sed de libertad de Ucrania”, ha dicho este viernes Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en referencia al primer ministro de Hungría y a su homólogo eslovaco, Robert Fico.

El jueves, el Ejecutivo comunitario ya había subrayado que el veto sobre las operaciones comerciales, como el que decidió el Ejecutivo español, es una “prerrogativa” de los Estados, además de no observar objeciones a la decisión española. Según subrayó una portavoz, Madrid ni siquiera tenía obligación de informarle con prioridad —aunque según varias fuentes gubernamentales sí lo ha hecho— antes de dar ese paso. Y pese a las amenazas de la empresa húngara de acudir al Ejecutivo europeo para rebatir la decisión, a la sede de la institución en la capital belga todavía no ha llegado queja alguna, tampoco desde el Gobierno de Víktor Orbán.

El grupo de origen húngaro asegura que, en sus presentaciones judiciales, incluirá la petición de medidas cautelares para preservar sus legítimos intereses. Esto es un mensaje directo en la batalla por el fabricante español, donde aparece también conglomerado checo Škoda Transportation. Cualquier decisión preventiva de los tribunales puede generar una fuerte incertidumbre regulatoria que desincentive así cualquier otra oferta. El grupo checo aún no ha planteado una propuesta económica formal y se ha limitado a ofrecer una propuesta de “combinación de negocios y de integración industrial”, algo que encendió las alarmas en la compañía y en sus accionistas.

La batalla legal y la posible incertidumbre regulatoria asociada son dos maneras de demorar así la entrada de cualquier otro nuevo interesado, o de que Škoda Transportation presente una oferta formal. La retirada (a regañadientes) de la oferta abre el camino a la CNMV para cerrar el expediente formal y libera a Talgo de cualquier limitación a la hora de negociar con otros oferentes.

Este viernes, CriteriaCaixa, uno de los inversores sondeado por el Ejecutivo en abril para participar en una contraoferta, ha adelantado que continúa dispuesta a participar en una operación para entrar en Talgo. El holding inversor no ha cambiado su postura tras el veto del Ejecutivo a la oferta húngara, informa EFE.

Cualquier nuevo intento deberá intentar imitar el interés que suscitó la oferta de Ganz-MaVag, de 5 euros por título, que resultaba muy atractiva para el grueso de los accionistas de Talgo, muchos de ellos con claro perfil financiero. De hecho, el grupo húngaro apunta en la comunicación hecha pública este viernes que la decisión del Ejecutivo “está privando ilegítimamente” a los accionistas de sus derechos.

Los títulos de la empresa española apenas reaccionaron este viernes en la Bolsa, con una pérdida del 1,39%. Los títulos cerraron en 3,89 euros, un 23% menos de la oferta del grupo Ganz-MaVag, y se dejan un 11% de su valor en lo que va del año. Los accionistas de la compañía han perdido un poco más de 130 millones de euros tras el veto del Ejecutivo, ya que la empresa vale en el mercado bursátil apenas 488 millones, 130 millones menos que los ofertados por el conglomerado de origen magiar.

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