El tiempo de mili seguirá sin contribuir a la pensión para no agrandar la brecha de género

“Es un agravio como una catedral”, dice, molesto, David Morales. A sus 56 años, este abogado madrileño ya está pensando en jubilarse, pero a la hora de calcular la pensión que le quedaría dentro de unos años —”Soy muy previsor”, reconoce—, se ha dado cuenta de que hay un periodo de tiempo sin cotizar que desconocía, y que amenaza con recortar su prestación: los 12 meses de servicio militar que realizó en 1988 en el Cuartel General del Ejército de Tierra de Madrid....

“Es un agravio como una catedral”, dice, molesto, David Morales. A sus 56 años, este abogado madrileño ya está pensando en jubilarse, pero a la hora de calcular la pensión que le quedaría dentro de unos años —”Soy muy previsor”, reconoce—, se ha dado cuenta de que hay un periodo de tiempo sin cotizar que desconocía, y que amenaza con recortar su prestación: los 12 meses de servicio militar que realizó en 1988 en el Cuartel General del Ejército de Tierra de Madrid. En ese tiempo, el Estado no aportó nada por él a la Seguridad Social, por lo que ese año se ha convertido en una laguna —como se especifica técnicamente— en sus cotizaciones. “Me parece un disparate”, lamenta.

La situación de David es la misma que la de muchas personas que durante años fueron seleccionadas para hacer la mili antes de que dejase de ser obligatoria en diciembre de 2001, y que hoy forman parte de las generaciones que están ya cercanas a la jubilación. No se trata de una situación discriminatoria per sé, puesto que ese agujero en las cotizaciones está recogido como tal por la Seguridad Social. “Los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria solo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria y con el límite máximo de un año”, señala la norma.

Es decir, que ese máximo de 12 meses puede servir para completar el periodo de tiempo necesario para acceder a estas dos categorías de jubilación —que es de 35 años y 33 años de cotizaciones, respectivamente—, pero no para realizar el cálculo de la cuantía final de la pensión. Y a esto se suma otro matiz más: en el caso de la jubilación ordinaria, el tiempo de mili no serviría ni para alcanzar el periodo de carencia —de 36 años y seis meses para tener derecho al 100% de la pensión—.

Mónica García, responsable del área de Laboral de MLT Asesores, explica que para acreditar el tiempo de servicio militar lo primero que debe hacer la persona interesada es, “si no dispone de la cartilla de la mili, solicitar en la Subdelegación de Defensa provincial un certificado del cumplimiento del servicio militar o el servicio social femenino”. Una vez obtenida “bien la cartilla o el certificado”, deberá incorporar esta documentación a la solicitud de jubilación anticipada que se presente ante el INSS “a fin de que tengan en cuenta ese tiempo (máximo de un año) en los cálculos”.

Paréntesis obligatorio

“La situación es de locos. Es una deuda que tiene el Estado con nosotros, porque fuimos obligados a hacerla. Si te negabas, venía la policía militar a tu casa y te llevaba a la fuerza”, incide Morales. Él tenía pensado jubilarse de manera anticipada, pero, al descubrir esta circunstancia, se está planteando seguir trabajando más tiempo para acceder a la prestación completa.

Lo mismo le sucede a Enrique Orduña. “Tengo 60 años, y si los 12 meses que estuve haciendo la mili me contasen, podría jubilarme a los 65. Pero ahora me enfrento a una penalización que me parece injusta, porque nadie va a cotizar por mí ese tiempo”, reconoce. Orduña hizo el servicio militar en Huesca (Aragón), en el cuartel de Artillería, pero sus lagunas de cotización van más allá de los 12 meses que permaneció allí. “La gente piensa que la mili dura un año, pero, a efectos prácticos, es más tiempo”, concede. “Yo fui pidiendo permisos para acabar la carrera, y cuando se me agotaron tuve que esperar un mes hasta que salió el resultado del sorteo. Y después, una vez que acabé la mili, tardé en encontrar trabajo porque en ese año de paréntesis te quedas desactualizado y pierdes todos los contactos que tenías antes”, apunta. “Me costó tres meses conseguir un empleo, por lo que, en total, perdí un año y cuatro meses de cotizaciones”, lamenta este ingeniero de Telecomunicaciones.

“Es una injusticia”, se suma Carlos de Pablo. Este ingeniero de 57 años, que fue objetor de conciencia e hizo 13 meses de servicios sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, ha tomado la decisión de prejubilarse a pesar de que es consciente de que su pensión se verá recortada por las penalizaciones. “Yo me acogeré a las condiciones actuales que tengo, pero si durante los próximos años consigo que esto se apruebe, espero que me beneficie”, advierte.

Equiparación

La corrección de estas lagunas se contempló en la Ley 27/2011, que impulsó hace más de una década el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. “El Gobierno presentará, en el plazo de un año, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por esta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias”, señalaba en su disposición adicional vigésima octava. Sin embargo, este proyecto nunca llegó a definirse, y desde entonces se ha aplazado su presentación hasta en ocho ocasiones.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social reconocen que no entra en sus planes llevar a cabo esta equiparación a lo largo de la legislatura, y aluden al “aumento de la brecha de género” que supondría hacerlo. “Nuestro objetivo es reducirla, y con esto la diferencia entre la pensión media de hombres y mujeres se agrandaría aún más”, especifican.

David Morales ha enviado un documento a todos los grupos políticos, excepto a Vox, explicando esta situación, y denunciando la “deuda” que mantiene el Estado con todas las personas que, como él, cumplieron con su obligación militar —a partir de 1980 fueron unos 200.000 reclutas por año—, y asegura que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta. Además, en su opinión, se acaba de producir una asimilación equiparable a la que él demanda, con el reciente reconocimiento del tiempo de cotización de los becarios sin remuneración —los que sí perciben un sueldo vienen haciéndolo desde 2011—. “Que no parezca que estamos en contra de este avance. Se les ha reconocido un derecho y me parece perfecto. Es solo que me gustaría que al colectivo de los que hemos hecho la mili también se nos tuviera en cuenta”, comenta De Pablo.

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