La fiscalía reclama 16 años y medio de prisión para el cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

La fiscalía anticorrupción reclama una pena de 16 años y medio de cárcel para Carlos García Roldán, conocido como Charly, considerado el líder y cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares. La fiscalía le acusa de presuntos delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, falsedad, insolvencia punible y blanqueo de capitales por presuntamente...

La fiscalía anticorrupción reclama una pena de 16 años y medio de cárcel para Carlos García Roldán, conocido como Charly, considerado el líder y cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares. La fiscalía le acusa de presuntos delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, falsedad, insolvencia punible y blanqueo de capitales por presuntamente urdir una estafa piramidal que desfalcó 3,3 millones de euros a más de 240 personas que adelantaron dinero para hacerse con una serie de viviendas que jamás se llegaron a construir. El fiscal acusa a un total de ocho personas entre las que también figura la mano derecha de Charly, el agente inmobiliario Michele Pilato, para quien reclama un total de diez años de cárcel, un constructor y varios familiares del cabecilla de la trama.

En el escrito de acusación registrado por la fiscalía, al que ha tenido acceso El País, el fiscal anticorrupción Juan Carrau sitúa a García-Roldán como principal impulsor de la estafa que se desarrolló entre finales de 2015 hasta 2018, periodo en el que los investigados ofertaron al público a través de la inmobiliaria Lujo Casa, viviendas en promoción “que no tenían intención de llevar a cabo”. Charly contaba con el agente inmobiliario Michele Pilato para canalizar las ventas y ambos, a su vez, eran ayudados por otras personas como un arquitecto, un constructor y varios testaferros que figuraban como administradores de sus empresas porque no tenían deudas pendientes con Hacienda. “Convencieron a muchas personas y lograron que realizaran aportaciones económicas importantes por un valor superior a los 3,3 millones de euros en la creencia de que estaban realizando contratos de reserva o de opción de compraventas de inmuebles de próxima construcción”.

El fiscal relata que García-Roldán y el resto de investigados “disfrutaron e hicieron desaparecer” los fondos percibidos y no realizaron “esfuerzo alguno” para ejecutar las promociones y construcciones de los inmuebles que decían vender. De hecho, la acusación sostiene que durante la actividad de las empresas utilizaron documentación inveraz y mecanismos varios para ocultar el destino de los fondos recibidos. Durante la investigación, la Guardia Civil tuvo que analizar más de 350.000 movimientos bancarios para tratar de aclarar el destino del capital desviado, ya que los investigados habían creado un entramado societario para intentar disfrazar su destino final mediante sociedades y empresas interpuestas. La fiscalía subraya que durante el proceso de venta ocultaban a los compradores que no tenían derechos firmes sobre los solares donde pretendían construir y que carecían de la “mínima solvencia económica y financiera”.

Dinero dilapidado

En el escrito, la fiscalía concreta un total de 31 promociones de viviendas y pisos que los investigados ofertaron y que nunca construyeron. Estaban diseminadas por diversos municipios de las islas y siempre eran prometidas a precios ventajosos, mucho más baratas que en el mercado inmobiliario habitual para atraer compradores. El listado de víctimas asciende a más de 240 personas, que entregaron como señal para hacerse con las viviendas entre 20.000 y 50.000 euros de media. Sin embargo, en el escrito también se plasman casos con cantidades estafadas mucho mayores, como una pareja que entregó 100.000 euros como señal o dos hermanos de nacionalidad extranjera que adelantaron a García-Roldán 97.845 euros cada uno para hacerse con una de las viviendas.

El destino de los fondos queda desgranado por el fiscal en el escrito, donde la estafa se estima en más de 3,3 millones de euros que se utilizaron de tres maneras distintas: una parte fue usada para el disfrute y los gastos de los acusados y su entorno; otra parte sirvió para ocultar el origen delictivo de los mismos e intentar blanquearlos y una tercera parte fueron a parar a cuentas de sus allegados para evitar que fueran recuperados por las víctimas. García-Roldán realizó reintegros en efectivo por un total de 995.082 euros y gastos con la tarjeta bancaria que ascendieron a 311.488 euros en lugares de ocio, comercio, joyería y tiendas de ropa. Además, el fiscal le acusa de desviar 185.700 euros en efectivo de las cuentas de la empresa a su patrimonio y de dilapidar 712.000 euros en 227 visitas al Casino de Mallorca, donde el balance dejó pérdidas finales de 276.640 euros. El cabecilla de la trama también realizó transferencias por valor de 2,1 millones de euros, de los que al menos 298.022 euros fueron a parar a sus allegados.

García-Roldán quedó en libertad provisional el pasado mes de diciembre, después de permanecer en prisión preventiva los últimos cuatro años. Fue detenido en febrero de 2019 en la localidad de Buga, en Colombia, a donde huyó cuando las víctimas comenzaron a denunciar en el juzgado que habían sido víctimas de una estafa. Cuando las denuncias se amontonaban en los distintos juzgados de la capital balear, García-Roldán puso océano de por medio y se escondió en casa de la abuela de su novia. Cuando estalló el asunto y sus excompañeros fueron detenidos en Palma él llevaba meses sin dar señales de vida. Tras interrogar a los implicados, la Guardia Civil descubrió que se escondía en el valle del Cauca y dos agentes se trasladaron al país sudamericano. Los agentes españoles, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, le detuvieron en una noche en la casa en la que se escondía y le enviaron a una cárcel de la zona a la espera de ser extraditado. Había adelgazado muchos kilos, se había teñido el pelo y estaba prácticamente irreconocible.

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